Cuatro inquilinos, algunos de los cuales tenían suficientes recursos para pagar un alquiler promedio, okuparon la Casa Orsola en uno de los casos más notorios hasta el momento de esta práctica.
María José Tarancón: «Los abogados en Barcelona nos encontramos en una situación de indefensión ante los okupas»
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14/2/2023 18:01
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Actualizado: 16/2/2023 21:40
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El caso de la Casa Orsola, en Barcelona, se volvió una referencia en España luego de que cuatro inquilinos se rehusaran a abandonar el edificio al resolverse sus contratos de alquiler, a pesar de que contaban con trabajo e ingresos estables. Se trata de un caso cada vez más común, como atestiguan desde distintas organizaciones del sector legal, y que puede empeorar la delicada situación de la capital catalana.
La abogada experta en casos de okupación, María José Tarancón, que representó a la comunidad de propietarios del célebre edificio, ha declarado que el Consistorio de Barcelona «no evita las okupaciones», generando una situación que puede fomentar estas prácticas, agravando incluso más la situación en la ciudad con más viviendas okupadas de España.
«Los abogados en Barcelona nos encontramos en una situación de indefensión ante los okupas», afirma, señalando que los procedimientos de resolución de contrato se desarrollan con normalidad hasta el momento de la resolución.
«Cuando íbamos a los lanzamientos de vivienda, solían venir los Mossos, pero ahora también tengo que ir con un cerrajero y una compañía de seguridad a poner alarmas, porque si no, van a ocuparla cuando nos vayamos».
También describe que en casi todos los procesos se encuentra con manifestaciones en contra de los lanzamientos de parte de distintos sindicatos, que se ubican delante de los pisos o, en algunos casos de los locales, sin distinguir si el desahucio afecta a personas verdaderamente vulnerables o a quienes tienen las facilidad para pagar, pero no lo hacen.
«Podrían hacer algo desde los colegios de abogados, pero no veo en la labor al de Barcelona, no hemos visto ni un comunicado», reclama.
Alerta de la aparición de nuevos modelos de okupacion con el “consentimiento” de Ada Colau
La particularidad de muchos de los casos que ha visto es que cada vez hay más okupaciones por parte de personas que no pueden acreditar una situación de vulnerabilidad, en cuyo caso el juez encargado podría ordenar que se le preste atención con un alquiler social y llamando a los servicios sociales.
A estas personas se extiende también la protección del Ayuntamiento a los okupas y el «consentimiento» de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, según Tarancón, que indica que solo pretenden beneficiarse «de alquileres por debajo del mercado cuando no son para nada vulnerables». Una de las acciones que pueden tomar y no toman desde el ayuntamiento, dice, es adquirir las viviendas en tanteo, a lo que tienen derecho.
Uno de los infractores más inverosímiles, dice, es un ejecutivo que trabaja en la televisión pública catalana. No pudo acreditar de ninguna manera que se encontraba en una situación de vulnerabilidad que le impidiera pagar el alquiler y le diera derecho a las ayudas sociales que corresponderían en este caso.
«Lo único que pedimos es que el Ayuntamiento no interfiera en los procedimientos abiertos, que dejen que se alcance la resolución en los tribunales para que diriman y acrediten o no la vulnerabilidad de los involucrados», dice la abogada, criticando que formulen «sanciones para quienes no ofrecen alquiler social» a personas que, en un caso, tiene una inmobiliaria y juega al golf regularmente.
«Es una interferencia de su parte en procesos que cumplen con la normativa vigente para presionar a los propietarios junto con los sindicatos», dice. Colau había pedido por carta a unos clientes suyos que renovara los contratos de los okupas.
En este sentido, los afectados no son solo los llamados grandes tenedores de viviendas, sino también los pequeños y medianos, como un caso que recuerda la abogada en el que vendieron las llaves a una señora por 1.500 euros, a pesar de que no se trataba del propietario, un jubilado que complementaba su pensión.
«En un caso de verdadera vulnerabilidad, pedimos asistencia social para esta pobre inquilina», dice Tarancón, que destaca las actuaciones de tramas organizadas que falsifican contratos y venden llaves, lo que perjudica tanto a inquilinos como a propietarios. «Ni se persigue a estas mafias ni hay suficiente información disponible para hacerlo».
Se trata de un escenario en el que también sale mal parado el mercado inmobiliario, donde los inversores deciden que existe una mayor seguridad jurídica en Madrid, Málaga, Sevilla u otras ciudades, los propietarios sacan las viviendas del mercado y la alta demanda encarece lleva a un encarecimiento de una oferta cada vez menor, como explica la abogada.
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