Firmas
Diálogo ante un conflicto improrrogable
Jesús Sánchez, autor de esta columna, es decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona. En ella aborda el conflicto provocado por la huelga de los LAJ. Foto: Carlos Berbell/Conifilegal.
22/2/2023 11:57
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Actualizado: 22/2/2023 12:46
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Asistimos con desconcierto y estupor a un conflicto que por su singularidad y, sobre todo, por su enorme trascendencia social requiere con urgencia de un diálogo fluido, sereno y responsable.
Actitudes que hasta la fecha se han echado en falta desde que el 24 de enero se iniciara la huelga indefinida por parte del Cuerpo Superior Jurídico de los Letrados de la Administración de Justicia (en adelante, LAJs).
Se trata de un conflicto que viene de lejos, desde que los LAJs asumieran, a partir del año 2009 y de manera progresiva a través de diversas reformas procesales, una serie de funciones cuya retribución consideran que no ha sido suficientemente correspondida.
Su comité de huelga mantuvo una reunión el pasado 16 de febrero que concluyó, tras más de 15 horas, sin que se vislumbrase ningún avance que nos situara un poco más cerca de la tan ansiada desconvocatoria de la huelga.
Por supuesto, no es intención de la Abogacía (no puede serlo) valorar las razones que asisten a cada una de las partes enfrentadas en el presente conflicto. Tampoco será quien niegue el fundamental derecho que se recoge en el artículo 28.2 de nuestra Carta Magna: el derecho a la huelga.
Pero sí seremos, y así nos unimos al sentir de otros tantos colectivos que de este modo lo han expresado, quienes pongamos el énfasis en la importancia de las formas a la hora de gestionar un conflicto del que en absoluto podemos permitir que se alargue en el tiempo.
SENSIBILIDAD
Las partes deben tomar conciencia del entorno tan sensible en el que dicho conflicto se enmarca, cuyos efectos exceden (y mucho) de lo estrictamente laboral.
Todos somos conscientes de los graves perjuicios que se están generando y que van más allá de los que los cabría esperar como soportables en atención al principio de proporcionalidad.
Por eso, quienes tienen en su mano, por ser los directores de la Oficina Judicial, el minimizar los daños colaterales que sufrimos el resto de profesionales y la ciudadanía, deben obrar en consecuencia para reducirlos al máximo.
No en vano, están en juego los derechos y las libertades de la ciudadanía, así como la economía, cuya prosperidad también depende de la credibilidad y del buen funcionamiento de la Administración de Justicia.
En este sentido, el comunicado del Comité de Huelga de los LAJs emitido el 17 de febrero supone un cierto alivio, al ver reflejadas en el mismo algunas de nuestras peticiones más acuciantes, como son la transferencia de las cantidades consignadas judicialmente en concepto de pensión de alimentos, la celebración de las bodas en los Registros Civiles o el aviso previo a los profesionales de la suspensión de un señalamiento para evitar desplazamientos innecesarios.
Y es que en absoluto se justifica que cuando hemos contactado con el Juzgado para verificar la celebración de un señalamiento, nuestro interlocutor en la Oficina Judicial no haya podido o no haya querido facilitarnos dicha información.
El goteo de quejas que la Comisión de Relaciones con la Administración y la Justicia (CRAJ) del Colegio de la Abogacía de Barcelona ha recogido desde que se iniciara la huelga ha sido incesante.
Por fortuna, parece que la estrategia que en algunas oficinas se había asumido de manera errónea por parte de sus responsables va sucumbiendo por fin al sentido común.
Nadie entiende que un juicio o una vista, con el reto logístico y el consumo de recursos que ello supone, se tenga que suspender sin que las partes hayan sido notificadas, ni su defensa ni su representación, ni los testigos, ni los peritos.
Desde la Abogacía, además de recordar que el respeto hacia nuestro tiempo resulta inexcusable desde todos los ángulos posibles, reclamamos que las partes se avengan a negociar y a encontrar una solución a un conflicto que no hace sino agudizar aún más la deplorable situación de la Administración de Justicia.
Ha llegado la hora de dialogar y poner fin a un conflicto del todo improrrogable.
Esperemos que la próxima reunión convocada por el Ministerio de Justicia para el próximo viernes 24 de febrero, sirva para que ambas partes lleguen a un acuerdo y se ponga fin a esta huelga que tantos perjuicios está ocasionado a la ciudadanía y a todos los colectivos jurídicos, entre ellos la Abogacía.
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