«El orbe entero, que en cierto modo forma una república, tiene potestad propia de dar leyes justas a todos convenientes, como son las del derecho de gentes» — Francisco de Vitoria, «Relección sobre la potestad civil» (h. 1528).
El hemiciclo estaba lleno, codo con codo, salvo por unas pocas ausencias muy visibles. Podemos y el Bloque Nacionalista Galego habían declinado la invitación; entre los expresidentes del Gobierno solo acudieron José María Aznar y Mariano Rajoy, y ni Felipe González ni José Luis Rodríguez Zapatero ocuparon sus asientos —el segundo, según fuentes de su entorno, para centrarse en preparar su defensa tras su imputación en el caso Plus Ultra—.
En esa sala entró ayer el primer Papa que toma la palabra ante las Cortes Generales desde la Transición, en su condición de jefe de Estado del Vaticano. Recibió una ovación de más de siete minutos.
La paradoja merece detenerse en ella, porque encierra toda la lección. En una sala rebosante de poder —tres poderes del Estado sentados a la vez—, el orador con menos fuerza coactiva que nadie pronunció el discurso más firme sobre los límites del poder.
La fuerza armada más visible de la Santa Sede cabe en un patio: la Guardia Suiza, apenas 135 hombres, con alabardas ceremoniales y armas modernas para tareas de protección.
Su único poder real es una palabra que nadie está obligado a obedecer y que, sin embargo, pesa. Le cuadra la pulla, probablemente apócrifa, que se atribuye a Stalin: «¿cuántas divisiones tiene el Papa?».
Pues bien: precisamente porque no tiene ninguna, lo que dijo no podía despacharse como la maniobra de un interesado más.
La dignidad antes que el Estado
El núcleo del discurso fue una tesis de filosofía del derecho disfrazada de homilía. León XIV sostuvo que la dignidad de la persona «precede a toda concesión del Estado» y no puede quedar subordinada «al vaivén de las mayorías de cada momento».
Y lo apoyó —el dato no es menor para un jurista— en el discurso de Benedicto XVI ante el Bundestag de 2011, aquel en que Ratzinger distinguió, ante el parlamento alemán, un Estado de Derecho de una banda de salteadores bien organizada.
No hay idea más vieja ni más radicalmente liberal, en el sentido clásico que nada tiene que ver con las siglas: existe una medida de lo justo que el legislador no crea y, por tanto, no puede derogar; la mayoría tiene un límite que no le pertenece.
Es el duelo perenne entre el iusnaturalismo y el positivismo, y el Papa tomó partido por el primero en la sala donde se legisla. Su fórmula más lapidaria vale más que un tratado: una ley alcanza su grandeza no por haber sido aprobada, sino cuando «puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse».
Una ley válida y una ley justa no son lo mismo. La legalidad no es todavía la legitimidad. El siglo XX lo aprendió a un precio altísimo, y sobre esa lección se construyó Núremberg, donde la obediencia a normas formalmente vigentes no bastó para absolver a nadie.
De ahí se sigue lo que más me interesa subrayar. El garante de los más débiles, en la arquitectura que dibujó el discurso, no es el aparato del Estado, sino la dignidad prepolítica de la persona y la sociedad que la reconoce: la nación como comunidad moral, la familia como «primera escuela de humanidad», el bien común entendido como «la forma social de la dignidad humana».
El Estado no concede esa dignidad; la encuentra ya constituida y se limita a ampararla. Cuando lo olvida, los más vulnerables son las primeras víctimas.
Es una inversión del relato estatista al que estamos acostumbrados, y conviene reparar en quién la formuló: no un teórico del Estado mínimo, sino el jefe de la Iglesia que más ha insistido en la justicia social.
El Papa no se quedó en la abstracción: puso nombres a los más débiles. El niño aún no nacido, el anciano, el enfermo, quien depende por entero del cuidado ajeno; y el migrante obligado a dejarlo todo «para buscar paz, seguridad y futuro».
Ahí, dijo, se mide «la grandeza moral de una nación». Y ahí incomodó a la vez a izquierda y derecha: su defensa de la vida no nacida choca con la mayoría que legisló sobre el aborto; su defensa del migrante —con «vías seguras y legales» pero también con el «derecho a permanecer en la propia tierra»— choca con el humor restrictivo que crece en el continente. Un liberal no tiene por qué suscribir cada aplicación de ese principio.
Pero puede discrepar del corolario sin negar la premisa, y la premisa es difícil de refutar: una comunidad se juzga por cómo trata a quien menos fuerza tiene para hacerse oír. Eso no es doctrina confesional. Es la pregunta con la que arranca cualquier civilización.
La herencia de Salamanca
Para hablar de la persona, el Papa viajó cinco siglos atrás y se detuvo en Salamanca. Allí, dijo, «algunos maestros comprendieron que la razón no podía ser invocada para revestir de legitimidad cuanto la fuerza o el interés presentaban como conveniente».
Nombró a fray Francisco de Vitoria y a la escuela que lo rodeó, y rescató la intuición del totus orbis: la de una comunidad humana más amplia que cualquier poder particular, ligada por vínculos jurídicos y morales que ningún soberano puede derogar a su antojo.
Aquí está, a mi juicio, la parte de la posición que España ha ocupado en el mundo que cabe reclamar sin reservas, lejos de la nostalgia imperial.
Un dominico, en un aula castellana, ante la conquista de un continente, se atrevió a preguntar lo que nadie quería que se preguntara: si el descubrimiento daba título para dominar a otros pueblos, «ni más ni menos que si ellos nos hubieran descubierto a nosotros».
De esa pregunta tomó una de sus formas más poderosas la idea de que hay un derecho entre las gentes anterior a la voluntad de los príncipes: el ius gentium, una de las semillas del derecho internacional moderno.
Vitoria llegó a negar que ni siquiera el Papa fuese señor temporal de todo el orbe. La ironía no se le escapa a ningún jurista: León XIV vino a Madrid a elogiar a la escuela española que había puesto límites a las pretensiones del propio papado. Eso es honestidad intelectual del más alto nivel, y es también la herencia más exportable de este país.
Quien ha trabajado en la cooperación judicial entre Estados sabe que la lenta maquinaria del reconocimiento mutuo —dejar que una jurisdicción confíe en otra, que un tribunal extranjero valga como propio— desciende en línea recta de aquella intuición salmantina de un orbe que, en cierto modo, forma una sola república.
No es retórica de aula: es el andamiaje invisible sobre el que descansan hoy la extradición, el tratado y el comercio internacional.
España no solo dio al mundo un imperio. Dio al mundo la idea de que los imperios tienen límites. Es una distinción que conviene no perder de vista cuando se habla de su pasado.
El rearme y la conciencia
Llego al punto en el que no aplaudiré sin matices, porque sería deshonesto. El Papa advirtió que «en diversos lugares del mundo, y también en Europa», el rearme vuelve a presentarse como respuesta casi inevitable, y opuso a esa deriva una convicción: «la verdadera seguridad nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional».
He defendido en estas páginas, una y otra vez, lo que parece la tesis contraria: que Europa debe rearmarse, que frente a una Rusia que dedica el 7,5 % de su PIB a la guerra eso es aritmética, no ideología. ¿Me desdigo? No.
Porque el Papa y el estratega no responden a la misma pregunta. León XIV no habla como ministerio de Defensa; habla como conciencia. Su tarea no es diseñar la disuasión europea —no tiene divisiones que desplegar, y lo sabe—, sino impedir que la necesidad se vuelva cómoda.
Una Europa que se rearma no lo contradice si se rearma con el desasosiego que él acaba de nombrar. El peligro no es el rearme.
El peligro es el día en que deje de incomodar; el día en que esa seguridad nacida de la justicia suene a frase de cortesía y la carrera de armamentos se convierta en su propia justificación, en una industria con apetito propio que ya no rinde cuentas al fin para el que existía.
Lo mismo vale, elevado al cuadrado, para las armas autónomas. El Papa pidió que las decisiones sobre la vida y la muerte «nunca sean descargadas sobre automatismos ni sustraídas a la responsabilidad moral de la persona humana», una idea que ya había desarrollado en su magisterio reciente sobre inteligencia artificial, en especial en su encíclica Magnifica humanitas, y que en el Congreso remitió expresamente a su discurso en La Sapienza del 14 de mayo.
Delegar el gatillo en un algoritmo es la forma más acabada de volver cómoda la necesidad: nadie se incomoda, porque nadie decide.
El Papa no pide a Europa que se desarme ante un adversario armado hasta los dientes; eso sería un suicidio disfrazado de virtud, y es demasiado inteligente para proponerlo. Pide que no confundamos nunca el medio con el fin, el cañón con la seguridad.
Construir la defensa y conservar la incomodidad no son mandatos incompatibles: son las dos mitades de una misma lucidez. Para eso sirve, precisamente, una voz sin ejércitos: para recordar a quienes los tienen qué deben proteger con ellos.
El derecho de gentes y la fuerza
Esa es la tragedia silenciosa del orden internacional de hoy, y el discurso la iluminó sin nombrarla. El Papa tiene toda la razón moral y ni un solo medio para hacerla valer; las grandes potencias tienen los medios y han ido renunciando a la razón.
Pascal lo dejó dicho hace casi cuatro siglos: «La justicia sin la fuerza es impotente; la fuerza sin la justicia es tiránica». El totus orbis de Vitoria las necesita a las dos. He sostenido en esta serie que el orden basado en reglas, para ser algo más que un deseo piadoso, necesita mecanismos de coerción, dientes capaces de morder.
El Papa recuerda la otra mitad: que esos dientes han de servir a un derecho que responda, a su vez, ante la dignidad de la persona, o no serán más que dientes.
Por eso pesa que dijera que toda guerra es «una dolorosa derrota de la capacidad de negociar», y que las armas «pueden imponer un silencio temporal, pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera». No es pacifismo ingenuo.
Es la constatación, vieja como Tucídides, de que la fuerza compra tiempo, no concordia. Un realista no tiene por qué ser un cínico. Aron lo sabía: las relaciones internacionales son un estado de naturaleza, sí, pero la grandeza del estadista consiste en no resignarse a él.
El Papa dijo exactamente eso, en el lenguaje de la conciencia, ante una clase política que hace tiempo dejó de hablarlo.
Desarmar el lenguaje
Quedaba el registro doméstico, y fue el más incómodo de escuchar para quienes lo escucharon.
El Papa pidió a quienes ejercen responsabilidad pública «custodiar la palabra» para «desarmar el lenguaje» —una expresión que tomó de su mensaje de Cuaresma de este año—, y advirtió que «la pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario».
Reclamó «una memoria histórica que busque la verdad y la reconciliación». Lo dijo en el hemiciclo donde la descalificación es liturgia diaria, ante los bancos en los que algunos prefirieron el vacío a la escucha.
No trazaré la línea por el lector; me limito a apuntar quién no estaba. Podemos lo llamó «cómplice». Los patriarcas socialistas hallaron otras ocupaciones.
Y el Papa, que vino como jefe de un Estado extranjero y no como catequista, habló de reconciliación a un Parlamento que ha olvidado la palabra.
La ironía se escribe sola; no hace falta subrayarla. Solo conviene anotar que la concordia que reclamó no exige renunciar a ninguna convicción: «la firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación». Es un programa de mínimos. Y aun así, en esa sala, sonó a utopía.
Antes de terminar, el Papa señaló el lucernario que corona el Salón de Sesiones y dijo que esa luz «que viene de lo alto» puede recordar que también la política necesita reconocer una medida que la precede y la supera. Luego se marchó.
Mañana la Cámara vuelve a lo suyo: a su poder intacto y a la descalificación de siempre, la que él acababa de pedir que abandonara.
Pero durante una hora, en un parlamento donde se hace muy difícil reconocer a algún liberal, se pronunció en voz alta la idea más liberal que existe —la persona antes que el Estado, la dignidad que ninguna mayoría posee— de boca de quien menos poder tenía en aquella sala.
Si alguien escuchaba es otra cuestión; los pocos asientos que quedaron vacíos, los de quienes habían preferido no venir, ya habían dado su respuesta. La luz, la que él señaló, seguía entrando por el lucernario, indiferente a quién se había molestado en venir a recibirla.
