El Ministerio no encuentra ninguna razón para seguir sentándose con el Comité de Huelga, que no se ha movido ni un milímetro de sus pretensiones desde el minuto 1, según fuentes de esta cartera. Foto: Confilegal.
La pretensión del Comité de Huelga de que cada uno de los 4.439 LAJ cobren 1.100 € mensuales dificulta el acuerdo
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02/3/2023 06:50
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Actualizado: 02/3/2023 11:21
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Los 21 secretarios de Gobierno de los 17 Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla dirigieron ayer una carta a su superior jerárquico en el Ministerio, Manuel Olmedo, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, expresándole su «desazón por el agravamiento» del servicio público y pidiendo con urgencia la «continuación de la línea negociadora con el Comité de Huelga para acabar con la actual situación de conflicto».
Es un intento de contribuir a sacar del callejón sin salida en que se encuentran las negociaciones que el martes saltaron por los aires cuando el Ministerio de Justicia reveló las pretensiones del Comité de Huelga de los letrados de la Administración de Justicia: 1.100 euros mensuales de aumento para los 4.439 miembros de este cuerpo de funcionarios de élite, lo que supone 13.200 euros anuales más, sin contar pagas extraordinarias, o 61,5 millones de euros anuales.
Y la traducción económica de la reivindicación de ajustar sus salarios hasta un 85 % de lo que cobran los jueces y magistrados.
Unos «números» que los LAJ consideran que han sido «manipulados» por el Ministerio.
El Ministerio, por su parte, ofreció un aumento salarial para los 1.906 LAJ de los grupos de población con los sueldos más bajos del colectivo: 400 euros más al mes para los LAJ del grupo 5, un total de 4.996 euros más al año, y entre 100 y 200 euros más al mes para el grupo 4, que suman 1.181 euros anuales más, así como la posibilidad de una cifra menor para los del grupo 3. Casi 6 millones de euros.
El problema es que los LAJ, según el Ministerio, no se han movido ni un milímetro de su pretensión de máximos desde el minuto 1. Y así no se puede negociar nada.
Son 1.100 euros para todos los LAJ, lineales. O nada.
El llamamiento de los 21 secretarios de Gobierno –que son también LAJ y que también se verían, por lógica, beneficiados si el Ministerio llegara a ese hipotético acuerdo– llega a destiempo a la sede de San Bernardo.
EFECTO DOMINÓ
Los sindicatos de funcionarios –CSIF, UGT, CC.OO, STAJ, CSIT, Sindicato Profesional de Justicia-USO…–, las cuatro asociaciones de jueces –APM, ASJV, JJpD y FJI– y las tres de fiscales –AF, UPF y APIF– han venido siguiendo muy de cerca el desarrollo del conflicto.
El Ministerio sabe que si cediera a esta reivindicación –que no puede porque la llave de la caja la tiene el Ministerio de Hacienda y Función Pública, o lo que es lo mismo la ministra María Jesús Montero Cuadrado–, le caerían encima sindicatos y asociaciones de jueces y fiscales reivindicando su parte de subida proporcional a lo obtenido por los LAJ.
Se produciría un efecto dominó. Que podría extenderse al funcionariado del resto de las carteras ministeriales.
Ayer los sindicatos se lo hicieron saber expresamente en la reunión que mantuvieron con dos subdirectores generales.
Y las asociaciones de jueces y fiscales ya han solicitado la convocatoria de su mesa de negociación, aplazada sine die desde el pasado año.
El Ministerio, además, no quiere volverse a reunir presencialmente con el Comité de Huelga ante la evidencia de que no han mostrado ningún tipo de flexibilidad. Más bien todo lo contrario, afirman fuentes de esta cartera.
Y es m uy cierto, como dicen los 21 secretarios de Gobierno en su misiva, que la situación se está deteriorando.
Lo que está dando lugar a análisis de planteamientos doctrinales, como el que hace hoy en su columna en Confilegal el magistrado Jaime de Lamo Rubio, en el que analiza, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo si, en estas circunstancias, debe prevalecer la tutela judicial efectiva o el derecho a la huelga. Concluye que la tutela judicial efectiva.
De Lamo Rubio ha sido el juez de lo Social de León que ha celebrado varios juicios sin que el LAJ supervisara su videograbación, en aplicación de la tutela judicial efectiva garantizada por la Constitución en su artículo 24, aplazando dicha decisión al regreso del letrado judicial, con el acuerdo de las partes.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por su parte, ayer desestimó la medida cautelar solicitada por ese mismo Comité de Huelga contra la Instrucción del Ministerio de Justicia que suspendió el disfrute de «moscosos» y de vacaciones durante el tiempo que dure este conflicto.
No se atisba ninguna solución a la huelga indefinida declarada por los LAJ el 24 de enero pasado y que, dependerá, en última instancia de los ahorros que cada uno de los huelguistas tenga. Ya que cada día que cada uno de los letrados judiciales hace huelga el Ministerio les resta 160 euros –de media–.
VIGÉSIMO SÉPTIMO DÍA DE HUELGA: LAJ, 76 %; MINISTERIO 24,02 %
El día después del último encuentro negociador fallido, la huelga continuó. Según el Comité de Huelga, la secundaron un 76 % de letrados judiciales, y recordaron que «las suspensiones acumuladas de juicios y actuaciones judiciales superan los 232.000, y son más de 344.000 las demandas pendientes de repartirse y más de 832 millones de euros de las cuentas de los juzgados pendientes de ser gestionados«.
Los números del Ministerio de Justicia son sensiblemente inferiores: un 24,02 % en huelga (34,38 % con servicios mínimos), o 971 LAJ de 4.042.
Frente a este número, 1.853 hicieron su trabajo. Y 1.218 cumplieron con los servicios mínimos.
En este sentido, los LAJ del Supremo volvieron a calcar la cifras del día anterior: 7 de 21 en huelga (el 33,33 %). 12 trabajando habitualmente y 2 en servicios mínimos.
La participación de los LAJ de la Audiencia Nacional, donde trabajan 39, 4, un 10,26 % secundaron el paro; 26 no lo hicieron y 9 cumplieron los servicios mínimos.
La capital de España, con 528 LAJ, registró un seguimiento de un 28,03 %, o lo que es lo mismo, 148 letrados judiciales en huelga frente a 279 que no la hicieron y 101 en servicios mínimos.
En Barcelona, segunda ciudad con mayor número de LAJ, de una plantilla de 453 letrados judiciales, 95 hicieron huelga -un 20,97 %–, 277 no la hicieron y 81 estuvieron en servicios mínimos.
Valencia, con 233 LAJ, tuvo un seguimiento de 45 LAJ, el 19,31 %; 126 no secundaron la huelga y 62 en servicios mínimos.
DATOS DEL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA SEGÚN EL MINISTERIO
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