El documento lleva por título «Contra propuesta de acuerdo del Comité de Huelga para la reunión del 27 de febrero de 2023. Memoria Justificativa (Confidencial)» y fue el que establecía las condiciones para llegar a un acuerdo con el Ministerio de Justicia. Unas condiciones que no han cambiado desde que comenzó la huelga, el 24 de enero pasado.
En el mismo, en el punto 4. titulado «Mejoras salariales», apartado c., que comienza con «La actualización de los importes y de las escalas de valoración», dice que «La suma de los importes de todos los complementos afectados por la modificación en cada real decreto supondrá un importe mínimo igual al ochenta y cinco por cien del importe cuantificado para dichos conceptos en los correlativos anexos de la Ley 15/2003, de 26 de mayo«, (reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, que no ponen en su texto).
De acuerdo con los cálculos realizados por el Ministerio de Justicia, asumir esta cláusula de enganche supondría que cada LAJ tendría, como media, una subida de 1.100 euros brutos al mes; 1.200 euros brutos, prorrateando las pagas extras.
La subida anual, de media, sería, por lo tanto, de 14.900 euros brutos por letrado judicial.
El costo de dicha subida, para el presupuesto de Justicia –al que tendría que dar luz verde el Ministerio de Hacienda y Función Pública–, sería de 61 millones de euros anuales.
