El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso contra la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.
VOX alega que la citada norma es inconstitucional por defectos en su procedimiento de aprobación.
Además, sostiene que la derogación del delito de sedición y la reforma del delito de malversación de caudales públicos es contraria a los artículos 9.3, 14, 25, 65 y 118 de la Constitución.
Este fue el recurso número 46 presentado por VOX ante el tribunal de garantías.
Lo registraron el pasado de 19 de enero el presidente de VOX, Santiago Abascal; el secretario general del partido, Ignacio Garriga; el vicepresidente, Javier Ortega Smith-Molina; la vicesecretaria nacional jurídica, Marta Castro, y el secretario general de grupo, José María Figaredo.
“El Gobierno pacta con corrutos y golpistas y pisotea por enésima vez la Constitución con esta reforma legal que implica un indulto encubierto. Un indulto, además, de carácter masivo y un indulto general, algo que se encuentra expresamente prohibido en la Carta Magna», denunció Abascal entonces en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del TC.
En su recurso, VOX destaca que el objetivo de la derogación de delito de sedición, la modificación del delito de desórdenes públicos y la rebaja de las penas por malversación tenían como objetivo “beneficiar a un concreto círculo de españoles ya condenados por sentencia firme por delitos de sedición y malversación o perseguidos por tal causa”.
Por otra parte, destaca que despenalizar esas conductas, para el caso de futuras acciones políticas inconstitucionales, “pone en riesgo la paz social, la unidad de España y el orden democrático”.
Otro de los aspectos fundamentales del recuso presentado por VOX es el referido a la ausencia de informes preceptivos para la aprobación por las Cortes Generales, «viciándose de este modo el proceso de formación de la voluntad de la Cámara”; y la falta de antecedentes necesarios para la formación de voluntad de los diputados, algo que, según denuncia, hace que “la norma se dicte en fraude de ley” y contravenga la Constitución Española de 1978.
Asimismo, los 52 diputados de VOX denuncian la «falta de homogeneidad y coherencia» en la enmienda transaccional número 48 y la proposición orgánica aprobada entre PSOE y ERC, dado que la “ausencia de conexión de homogeneidad con el texto” afecta al derecho de los diputados y se produce una alteración del objetivo de la iniciativa legislativa al que es “palmariamente inconstitucional”.
