La Fiscalía pide 14 años de cárcel para un oficial de la Guardia Civil por tráfico de drogas, cohecho, revelación de secretos y hurto
Un jurado popular juzgará a partir del próximo 5 de mayo en la Audiencia Provincial de Sevilla a un oficial de la Guardia Civil destinado en Sevilla, para quien la Fiscalía reclama 14 años y cuatro meses de cárcel por supuestos delitos de revelación de secretos, cohecho, tráfico de drogas y hurto.
También se serán juzgados otros dos acusados.
En concreto, el representante del Ministerio Público reclama para para el agente por un delito continuado de cohecho, ocho años de prisión, una multa de 5.400 euros y 14 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; cuatro años de cárcel y una multa de tres millones de euros por un delito de tráfico de drogas; dos años de cárcel por un delito de hurto; cuatro meses de prisión por un delito de hurto en grado de tentativa; y una multa de 2.880 euros y tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de revelación de secretos.
Para el segundo de los acusados solicita cuatro años de cárcel y una multa de 3.240 euros por un delito de cohecho; otros cuatro años de prisión y multa de tres millones de euros por un delito de tráfico de drogas; dos años de cárcel por un delito de hurto, y cuatro meses de prisión por un delito de tentativa de hurto.
Para el tercero de los acusados pide cuatro años de prisión y multa de tres millones de euros por el delito de tráfico de drogas; dos años de cárcel por el delito de hurto, y cuatro meses de prisión por tentativa de hurto.
LOS HECHOS, SEGÚN LA FISCALÍA
El Ministerio Público relata en su escrito de acusación que, como consecuencia de investigaciones policiales iniciadas en febrero de 2019, se tuvo conocimiento de que este oficial de la Guardia Civil “colaboraba con diversas personas que se dedicaban al tráfico de drogas, facilitándoles la información policial que le requerían, consistente fundamentalmente en consultas en las bases de datos policiales de personas y vehículos relacionados con operaciones de tráfico de drogas”.
Según explica, de este modo, el acusado accedería a la información contenida en las bases de datos policiales, “pero que no estaban enmarcadas dentro de sus funciones como agente de la autoridad, para seguidamente revelar la información obtenida, a la que había tenido acceso con ocasión de su profesión como miembro de la Guardia Civil, a cambio de prestaciones económicas”.
El Ministerio Público enumera alguna de estas acciones, y señala que, para lograr la finalidad referida de “colaborar con diversas personas que se dedicaban al tráfico de drogas”, este agente “se servía” del segundo de los acusados, quien “tenía contacto directo con las personas que se dedicaban al tráfico de drogas y era el intermediario entre éstos” y el guardia civil acusado, “percibiendo cantidades dinerarias por dicha actividad” y “facilitando los datos requeridos” para que el agente “realizara las búsquedas en las bases de datos policiales”, constituyendo entre ambos un “blindaje”.
Denominación utilizada por ambos “para garantizar la seguridad de las operaciones relacionadas con el tráfico de drogas al conocer e informar a los interesados si cualquier unidad policial pudiera estar investigando estas actividades, participando la información obtenida, y por la que obtenían ambos prestaciones económicas”, según manifiesta.
El fiscal señala que, “para obtener gran parte de la información policial que le requerían”, el agente acusado “intentó atraer” a un agente encubierto, funcionario de la Policía Judicial que había sido debidamente autorizado judicialmente para dicha actuación, a fin de que “colaborara con él de forma activa, fundamentalmente coordinando policialmente en las bases de datos” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “a personas y entidades en el marco de alguna investigación policial, al objeto de saber si estaban siendo investigadas en relación con actividades por tráfico de drogas”, pues el agente inculpado “carecía de acceso a esas bases de datos, necesitando la colaboración del agente encubierto, que sí tenía acceso a las mismas”.
SE HABRÍAN APODERADO DE 29 FARDOS DE HACHÍS
Según el Ministerio Público, el guardia civil investigado solicitó al agente encubierto “la grabación en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de las personas físicas, personas jurídicas y vehículos vinculados a las operativas de actividades de tráfico de drogas para conseguir un plus de seguridad y garantizar el éxito de la actividad y también conocer si alguna unidad policial los estuviera investigando”.
El fiscal asegura también que el 14 de junio de 2020, el guardia civil acusado tuvo conocimiento de la existencia de un vehículo intervenido en la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla que contenía 100.000 euros ocultos en una “caleta” de su interior, por lo que el 21 de junio, los tres investigados, en compañía del agente encubierto, procedieron a dirigirse a dicho coche “para apoderarse, con ánimo de enriquecimiento injusto, del dinero referido, lo que no pudieron lograr, toda vez que, tras rebuscar en su interior, no encontraron dinero alguno”.
El representante del Ministerio Público afirma que el agente acusado, “con la idea de realizar cualquier actividad relacionada con el tráfico de drogas para conseguir dinero, también organizó una operativa para apoderarse de fardos de hachís, sustituyéndolos por otros fardos de aspecto similar que contuvieran una sustancia inocua”.
En este sentido, el fiscal relata que en la noche del 7 de agosto de 2020, los tres acusados, en compañía del agente encubierto, se dirigieron al contenedor de la Comandancia de la Guardia Civil donde se guarda la droga intervenida en operaciones policiales y, “teniendo conocimiento de que en su interior había una cantidad importante de hachís intervenido, procedieron, con ánimo de enriquecimiento injusto, a apoderarse y a cargar en el interior” de una furgoneta 29 fardos de hachís.
Según expone, los acusados dejaron en el lugar donde se encontraba la droga otros 16 fardos de aspecto similar que contenía arena a fin de “no originar sospechas de que se habían apoderado de la droga”, tras lo que la furgoneta fue interceptada por la Guardia Civil cuando abandonaba la Comandancia, siendo intervenidas la droga y la furgoneta, en cuyo interior se encontraban dos de los acusados, todo ello mientras el agente investigado salía de la Comandancia en un vehículo oficial.
El valor de la droga intervenida a los tres investigados asciende a 1.525.459,13 euros y “estaba destinada a ser vendida a terceras personas”.
El juicio está previsto que dure entre el 5 y el 11 de mayo. El día 5 tendrá lugar la constitución del jurado popular, para el día 8 están previstas las alegaciones previas por las partes personadas y la declaración de los acusados; para los días siguientes la comparecencia de los testigos y peritos.
