El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias José Ramón Chaves coordina uno de los cuatro ejes temáticos del XIII Congreso de la Abogacía, el que tratará sobre los avances y desafíos de la regulación deontológica, con especial atención a los retos introducidos por la tecnología.
Todos los abogados pueden presentar sus propuestas a esa ponencia sobre deontología. ¿Qué temas le gustaría que se abordaran?
El impacto de las nuevas tecnologías en las actuaciones procesales, la necesaria aproximación entre jueces y abogados y las recetas para mejorar la sana competitividad en un contexto de mercado de servicios jurídicos altamente dinámico.
¿Cuáles son los principales desafíos actualmente de la regulación deontológica?
Lo bueno es que la abogacía cuenta ya con numerosos protocolos, declaraciones, principios, códigos y estatutos que dejan claro, casi en exceso, lo que espera la sociedad de ella. Y además en la práctica, la inmensa mayoría de los abogados españoles cumple su cometido con altura ética y saber hacer, sin necesidad de más normas ni sufrir sanciones.
El gran desafío radicaría en conciliar las buenas prácticas profesionales con los nuevos mercados competitivos que abre la tecnología y el nuevo perfil del cliente actual, siempre ansioso y exigente.
¿Cuál debe ser el papel de los Colegios de Abogacía?
Un papel liberal respecto de una profesión igualmente liberal. Actuar desde su auctoritas ofreciendo información y formación, de manera que reine entre sus colegiados una relación de confianza, seria y gremial en la mejor de las acepciones. O sea, servir al interés del grupo para servir al interés general. Y por ello, deberían vencer convenciendo e intervenir solamente cuando detecten casos críticos o inaceptables, con energía y mano firme para garantizar los derechos de los clientes.
¿Cuáles son los puntos débiles de la legislación española frente a los estándares impuestos por la UE?
La legislación española no tiene puntos débiles; ha superado el nivel del viejo código de deontología de los abogados de la UE, situándose en altas cotas de exigencia de profesionalidad. Los abogados tienen, eso sí, el reto de incrementar las buenas prácticas y los clientes de no confundir al abogado con un mercenario sino verlo como un médico, que pondrá toda su ciencia con diligencia, pero que no puede garantizar el resultado.
¿Es partidario de la autorregulación?
Ciertamente, ni la normativa estatal ni la autonómica deben poner sus manos rígidas y frías sobre el reino vivo de la relación entre abogado y cliente. Los abogados son los primeros interesados en contar con una reputación personal y de la profesión con alto nivel de respeto, y por eso, nada mejor que la autorregulación, pues son quienes conocen puntos débiles y fuertes.
Los Colegios de Abogados merecen la confianza en la autotutela de su labor, pero siempre contarán con la función supervisora del Consejo General de la Abogacía, como entidad independiente del poder político.
¿Cómo incide el uso de las nuevas tecnologías?
Un curioso imperativo ético para los abogados es el deber de estar al día en las nuevas tecnologías, y eso incluye conocer los beneficios y riesgos de su uso. No estamos ante una opción sino ante una obligación: el abogado del siglo XXI debe asegurar la confidencialidad de la documentación electrónica del cliente, de las comunicaciones con el mismo, y de ofrecer una especial tutela a los datos sensibles.
