El presidente de la Fundación Hay Derecho, Segismundo Álvarez, y el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares.
La Fundación Hay Derecho y la Agencia Valenciana Antifraude unen fuerzas para hacer frente a la corrupción
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27/4/2023 06:48
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Actualizado: 27/4/2023 19:34
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El presidente de la Fundación Hay Derecho, Segismundo Álvarez, y el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, han firmado un acuerdo para colaborar en el desarrollo de actividades que promuevan la cultura de integridad y ética pública y en la protección de los informantes que denuncien situaciones de corrupción.
Esta colaboración abarcará actividades de sensibilización y formación en prevención del fraude, la implantación y funcionamiento de los canales de denuncia internos de organizaciones, y planes de integridad. Estos incluyen talleres y seminarios que la fundación y la agencia elaborarán en conjunto.
En palabras de Álvarez, se trata de «un apoyo mutuo en la consecución de los objetivos comunes» de ambas entidades para «fomentar buenas prácticas y un cambio de cultura respecto a la denuncia de corrupción, de manera que no se entienda como una traición, sino como una necesidad».
La aprobación de la conocida como ley de protección a informantes da pie a las tareas de seguimiento de la implantación de los canales de denuncia y del nombramiento de la Autoridad Independiente de Protección del Informante.
Además, Hay Derecho se integrará en el Consell de Participació de la Agencia Valenciana Antifraude, un cuerpo que cuenta con la presencia de numerosas asociaciones dedicadas a la lucha contra el fraude y la corrupción, que «afecta tanto al sector público como a la empresa privada», como indica Álvarez.
Una ventaja del convenio es el incremento de intercambio de información sobre denuncias, estudios, informes y experiencias en común, una situación favorable gracias a que la agencia trabaja como un órgano público e independiente y Hay Derecho trabaja más de cerca con casos que afectan al sector privado.
«La corrupción desde los partidos se presenta como casos aislados, actuaciones personales, pero los casos más importantes demuestran que se trata de estructuras en las que participan bastantes personas y que generan malas prácticas desde las instituciones», denuncia.
Así, apunta que «la cuestión es crear un sistema que favorezca que no se extiendan estas malas prácticas gracias a la supervisión de diferentes cuerpos». «Los remedios no pueden ser aislados, como perseguir a una sola persona que se lleva dinero».
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