Los jueces españoles abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 164 personas físicas y a 36 personas jurídicas en 2022 al dar por concluidos 38 procedimientos por este tipo de delitos, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Hay que aclarar, sin embargo, que el delito de corrupción, como tal, no existe en el Código Penal de España.
Así, el CGPJ, cuando se refiere a delitos de corrupción está haciendo referencia a 10 delitos específicos: prevaricación urbanística (artículos 320 y 322 del Código Penal), prevaricación administrativa (artículos 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (artículos 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (artículos 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (artículos 428, 429 y 430), malversación (artículos 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (artículos 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (artículos 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).
Andalucía ha sido la Comunidad Autónoma en la que se finalizaron más procedimientos relativos a la corrupción con un total de 16 durante el año pasado. También ha destacado por contar con la mayor cantidad de personas acusadas en este tipo de casos: 93 en todo 2022.
En la lista le sigue la Comunidad Valenciana con 6 procedimientos concluidos y 45 personas acusadas –incluidas físicas y jurídicas– por corrupción; Madrid con 6 casos finalizados y 18 acusados; Murcia con 3 procedimientos y 7 acusados; Cataluña con 2 casos y 10 acusados; y Aragón, Asturias, Extremadura y Galicia con un procedimiento cada uno y con menos de 5 acusados. La Audiencia Nacional figura también en la lista con un caso y 13 personas investigadas.
Desde el órgano de gobierno de los jueces, han precisado que estos datos se corresponden con la denominada «corrupción pública», que está en los «más altos índices de preocupación» en la sociedad, e involucra a «funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos.
El Consejo ha detallado que los casos contabilizados contemplan tanto la corrupción administrativa como la política y que recoge delitos como el de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad de la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
61 SENTENCIAS, 45 DE ELLAS CONDENATORIAS
Según los datos facilitados por el CGPJ, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los juzgados y tribunales dictaron un total de 61 sentencias en procedimientos en los que se investigaron delitos de corrupción.
De todas ellas, 45 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 73,8% de las dictadas por los distintos órganos judiciales.
Al hilo, el órgano de los jueces ha detallado de que las 45 sentencias condenatorias, 20 lo fueron con conformidad, 20 sin conformidad y 5 fueron «parcialmente condenatorias».
De las 61 sentencias dictadas en 2022 por corrupción, 16 de ellas –es decir, el 26,2% del total– fueron absolutorias.
Estos datos sobre procedimientos por corrupción figuran en el repositorio del CGPJ tras la incorporación de la información correspondiente al año 2022 y a su último trimestre. El repositorio, que fue presentado en enero de 2017, es de acceso público en la web del Poder Judicial y permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción.
