El Ministerio de Justicia ha presentado hoy una nueva propuesta a las asociaciones de jueces y fiscales, pero no ha mejorado la oferta económica de 46,7 millones de euros -hasta unos 490 euros al mes- que puso sobre la mesa hace ya una semana y que fue rechazada en la última reunión por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Sólo Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) se mostraron a favor el pasado miércoles de firmar el acuerdo con Justicia.
«En cuanto a la cuantía global, se ha mantenido la que se había ofrecido y se han tratado otros aspectos relativos a otros a otros complementos», ha informado la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, a su salida de la reunión, que ha durado cerca de dos horas.
Según ha informado Dexeus, esta tarde el Ministerio que dirige Pilar Llop les hará llegar un documento con los detalles de la propuesta debatida en la Mesa de Retribuciones.
Está previsto que las asociaciones consulten a sus respectivas ejecutivas y den una respuesta en una reunión el próximo jueves, fijada para las 12.00 horas.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juan José Carbonero, ha indicado que, de momento, «hay una propuesta por escrito que no ha variado gran cosa».
Además, ha recordado que estamos ante una «negociación compleja» en la que no solo se aborda una subida salarial, sino que hay «otra serie de cuestiones que deben ser tratadas».
Según ha explicado la presidenta de la AF, la propuesta de Justicia y Función Pública ha quedado «muy abierta». «Por eso, hemos estado hablando de la necesidad de concretar un poco más algunos aspectos o un calendario», ha señalado.
Por su parte, Inés Herreros, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ha valorado positivamente la reunión. También ha incidido en que han estado «debatiendo» sobre «determinadas propuestas» en las que estaban trabajando y que «se han visto materializadas».
Según Herreros, se trata de unas propuestas específicas para la carrera judicial y otras para la carrera fiscal «que carecen de impacto económico, pero que podrían mejorar bastante el desarrollo del servicio público» que realizan.
LA HUELGA CONTINÚA SUSPENDIDA HASTA EL DÍA 22
La reunión de hoy ha tenido lugar después de que las cinco asociación convocantes suspendieran la huelga prevista para este mismo día en aras de continuar con la negociación.
El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, condicionó la semana pasada la convocatoria de una nueva reunión de la mesa de retribuciones a la suspensión de la huelga, retrasando su inicio, para presentar, además, una nueva oferta.
La AJFV acordó retrasarla hasta el 22 de mayo (lunes), mientras que FJI, AF y APIF para el día 19 (viernes). La APM no ha fijado fecha.
A su llegada al Ministerio, Dexeus recalcaba que las asociaciones habían acordado retrasar el parón «para no ejercer mayor presión y para no perjudicar el servicio público» que prestan a la ciudadanía. «Creo que también eso ha de ser valorado debidamente por el Gobierno y espero que se tome en cuenta a la hora de presentar la oferta», ha declarado.
La oferta inicial del Ministerio, de unos 44 millones de euros, representaba solventar en un 6% la pérdida del poder adquisitivo de jueces y fiscales, cuando las asociaciones han denunciado ya que la pérdida de ambas carreras ha sido cercana al 20%.
En una segunda reunión, el Ministerio elevó su propuesta original en dos millones de euros hasta alcanzar los 46,7 millones.
Dicha cifra está muy lejos de los 62,7 millones de euros que habían pactado las asociaciones antes de la primera reunión –600 euros al mes brutos–, y que se vio rota por el planteamiento de los 74 millones de euros que hizo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria entre los jueces.
Según fuentes cercanas a la negociación, esta segunda oferta se traduciría en subidas salariales que van desde 350 euros para los trabajadores del Grupo 1 -como tenientes fiscales, fiscales del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, fiscales Antidroga y Anticorrupción y fiscales jefes de las Fiscalías Provinciales-, hasta 490 euros para el Grupo 2 -fiscales de segunda categoría- y 450 euros para el Grupo 3 -fiscales de tercera categoría-.
“Estas cantidades nos parecen insuficientes e inasumibles, porque no permiten recuperar siquiera la mitad del poder adquisitivo perdido desde el año 2003 y el recorte salarial superior al 10% que sufrimos en el año 2010”, dejó claro la APM la semana pasada.
