El Congreso de los Diputados ha vuelto a ser el escenario de las reivindicaciones de los funcionarios de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia, una manifestación que, según lo que prometen los representantes de los sindicatos que convocaron la manifestación, será la última antes de la huelga indefinida que comenzará el próximo lunes 22 de mayo. Fuentes sindicales calculan que la convocatoria supera el millar de asistentes.
«A partir del lunes, para todo», asegura Antonio Lozano, portavoz de la Unión General de Trabajadores (UGT), rodeado de compañeros de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Comisiones Obreras (CCOO) y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) que corean «Que esta huelga la pague la ministra».
Un dardo a Pilar Llop, que, según Lozano «no se digna a escuchar al personal para negociar la salida a un conflicto que se anunció con antelación» y a quien responsabiliza por las «miles de diligencias judiciales paralizadas cada día, sin contar el resto de los asuntos que dejan de tramitarse» en un mes de huelga.
Apunta también al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a quien acusa de ser «corresponsable» al arrogarse la competencia de aumentar las retribuciones de los funcionarios.
A su lado, María José Álvarez, delegada de la sección de Justicia de Madrid de UGT, subraya la «impresión de abandono» de los funcionarios de la Administración de Justicia, haciendo notar que el Ministerio de Justicia no ha iniciado «ningún acercamiento hasta que se pronuncien los jueces, a quienes les han hecho tres ofertas sin negociar».
Lozano le da la razón. «Esta mañana hubo una pitada de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia a la ministra cuando asistió a un evento en el Real Casino de Madrid, y el secretario de Estado de Justicia nos comentó que esperarían a que concluyeran sus negociaciones con los jueces», dijo. «Es vergonzoso que sean incapaces de llevar dos negociaciones a la vez».
Al respecto de esta «interacción informal», como la calificó, el presidente de CSIF Justicia, Javier Jordán, se pronunció en términos tajantes: «No podemos esperar».
«Los funcionarios tenemos más fuerza y estamos más vivos que nunca, la huelga ha sido un éxito completo y lo prueban las movilizaciones en toda España», declaró, añadiendo que reivindican «lo mismo desde hace años: «respeto y reconocimiento para el trabajador, que tiene que ser esencial en el modelo de Justicia», algo que en el Ministerio «no entienden».
La LOEO, las retribuciones y los servicios mínimos «abusivos», en el punto de mira
Uno de los reclamos de más actualidad de este colectivo es la capacidad de negociar el contenido de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO). Lo prueban con varias consignas: «Manos arriba, la ley es un atraco», gritan algunos, y al rato: «Yo elijo mi destino», una referencia a las «movilizaciones forzosas y arbitrarias» que critica Jordán, entre otras medidas que afectan a estos trabajadores.
«Es impensable que Gobierno faculte la implantación de un modelo administrativo público sin la participación de los funcionarios, que son los afectados y a la vez los protagonistas al ejecutar los planes», señala.
Alberto García, portavoz de STAJ, coincide en esta crítica. «La LOEO acaba con la especialización, reduce las plantillas y se lo complica a los ciudadanos», dice, calificando a la actitud del Ministerio de «insostenible», y la tardanza de un mes sin respuestas concretas, una «barbaridad», y reclama «repercusiones» por parte de la presidencia. «Si el Gobierno sigue sin decidirse, lo pagan los ciudadanos».
Otro frente abierto son las retribuciones y su relación con el trabajo real desempeñado. «Trabajamos por encima de lo regulado para atender a los ciudadanos, pero esto es ilegal» dice García. Exige que se hagan constar las funciones que realizan los Cuerpos Generales para incrementar sus retribuciones, especialmente cuando, dice, estas responsabilidades corresponden a los LAJ. Si va cualquier ciudadano a juicio o comparecencia, el LAJ no está».
Según Javier Hernández, de la Comisión Ejecutiva de la Administración de Justicia de CCOO, «la Administración colapsaría sin los funcionarios, que conforman un 93 % del personal de la Administración de Justicia». «La huelga seguirá mientras el Ministerio no convoque a los funcionarios y siga negociando únicamente con las élites judiciales, es decir, los jueces y los letrados de la Administración de Justicia».
También dirige ataques a «los servicios mínimos abusivos impuestos por el Ministerio y por las Comunidades Autónomas para que parezca que la huelga no tiene éxito». «Los servicios mínimos deben cubrir los derechos fundamentales de la ciudadanía, todos los demás se pueden suspender, pero ellos han incluido procedimientos que no pueden considerarse servicios esenciales», afirma. A su alrededor, sus colegas, asienten, gritan y pitan. Delante tienen la fachada, todavía impasible, del Congreso.
