El fiscal no se opone a la suspensión de la pena condicionada al pago de la multa y a que no delinca durante un plazo de dos años.
El responsable del hacinamiento de cadáveres en la Complutense se libra de la cárcel al pactar con la Fiscalía
Según se desprende del escrito de acusación, pese a las reiteradas quejas de los trabajadores, les obligó durante años a prestar sus servicios “en condiciones insalubres, degradantes, nocivas y peligrosas”
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19/5/2023 11:29
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Actualizado: 19/5/2023 11:39
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José Ramón Mérida Velasco, exdirector del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en el que se hacinaban numerosos cadáveres y estaba acusado de tener a sus trabajadores en condiciones «degradantes y nocivas», se librará de la cárcel al pactar con la Fiscalía de Madrid una pena de 18 meses de cárcel.
El acuerdo de conformidad se ha materializado esta mañana en la vista celebrada en los Juzgados de lo Penal de Madrid.
El acusado ha aceptado una condena de tres meses de prisión por un delito contra los trabajadores y otros tres meses por cada cinco delitos contra la integridad moral. Además, se le inhabilita para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio del cargo de director de Departamento durante el tiempo de la condena.
También se le impone una multa de 900 euros.
Respecto de las penas de prisión, el fiscal no se opone a la suspensión condicionada al pago de las cantidades antedichas y a no delinquir durante un plazo de dos años.
La Fiscalía pedía inicialmente 8 años de cárcel para él: tres años de prisión por el delito contra la salud de los trabajadores solicitaba y un año de cárcel por cada uno de los cinco delitos contra la integridad moral. En concepto de responsabilidad civil, reclamaba un total de 277.258 euros para cinco técnicos afectados.
La acusación particular, que ejercita el abogado José Luis Vegas en nombre de los afectados, pedía 21 años de cárcel y 264.000 euros de indemnización.
TRABAJO EN CONDICIONES INSALUBRES
Según expone el representante del Ministerio Público, el médico, pese a las reiteradas quejas de los trabajadores por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud, les obligó durante años a prestar sus servicios “en condiciones insalubres, degradantes, nocivas y peligrosas”.
A raíz de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ordenara en 2014 la paralización de todos los trabajos, al depurarse las responsabilidades por parte del rectorado de la Universidad se extrajeron del sótano 534 cadáveres.
La Fiscalía denuncia en su escrito el modo en que Mérida sometió a los trabajadores “a unas condiciones de penosidad innecesariamente degradantes que trascendieron de la esfera laboral”.
Y ello porque durante años desatendió “sistemáticamente” las “justas” demandas de los trabajadores “al tiempo que les culpabilizaba y recriminaba por la situación de desbordamiento que él provocaba, sin proveer ninguna solución”.
Cuenta que una de sus quejas fue la de obligarles a prestar sus servicios en un subterráneo sin ventilación que carecía de las condiciones de higiene más elementales “hasta el punto de que era frecuente la presencia de insectos, gusanos y larvas rodeados de restos humanos amontonados anárquicamente y sumergidos en el permanente hedor a putrefacción”.
La Fiscalía detalla que Mérida, gracias a su cargo, era el principal responsable de la dirección, control y vigilancia de las condiciones laborales del personal técnico de laboratorio.
«El miedo a la pérdida del empleo, el empeoramiento de su condición física y mental, la imposibilidad de mantener el orden en su puesto de trabajo por desbordamiento del entorno laboral, la falta de respeto y valoración de las tareas que realizaban en condiciones vejatorias, sumió a los trabajadores en un estado de desesperanza que provocó alteraciones en la percepción de la realidad que les rodeaba, de manera que aceptaron como inevitable y normal una situación que, de modo objetivo, constituía una violación permanente a su dignidad como seres humanos», relata la Fiscalía.
Así, el acusado ordenaba a los técnicos los trabajos que debían realizar o les encomendaba tareas de limpieza y desinfección del material quirúrgico, mesas y superficies.
Sin embargo, el representante del Ministerio Público sostiene que las características del centro de trabajo y las circunstancias en las que el acusado dirigía la actividad laboral de los técnicos «determinaba la creación de un grave riesgo para la salud, integridad física y mental de los trabajadores».
Tales circunstancias eran conocidas por Mérida «así como los riesgos derivados de las mismas por su condición de médico y Director del Departamento de Anatomía». Por ejemplo, los técnicos trabajaban en un sótano «que carecía de ventilación adecuada», por lo que todos los estaban expuestos a la inhalación de gases.
Además, la Fiscalía señala que no existía «ningún cerramiento especial que impidiera que los vapores de dicha sustancia estuvieran concentrados y no se extendieran por las diversas salas y pasillos o de que utilizaran a diario diversos productos químicos potencialmente cancerígenos».
Respecto a la cámara frigorífica donde se conservaban gran número de cadáveres, señala que cuando se averió el acusado ordenó a los técnicos que extrajeran de ella entre 40 y 50 cuerpos y que los dejaran en una sala para ser incinerados.
“Sin embargo, al no poderse proceder a la cremación de los cuerpos por su elevado número, se quedaron en dicha sala en proceso de deterioro o pudrición”, apunta la Fiscalía.
INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
Para solventar el problema, José Ramón Mérida ordenó instalar otro motor, «pero también era insuficiente y formaba capas de hielo sobre los cadáveres que debían extraerse unos cuatro o cinco días antes de su uso y, después de él, se volvían a introducir en la cámara en proceso de descomposición».
Las instalaciones, según se recoge en el escrito de acusación, no cumplían la normativa reglamentaria de lugares de trabajo ya que «los trabajadores no disponían de duchas, aseos adecuados, vestuarios ni taquillas individuales».
Tampoco el uso docente que hacía con los cadáveres era el más adecuado porque los cuerpos accedían al sótano sin protocolo de actuación, sin identificación y sin referencia a su origen o padecimiento de enfermedades infecto-contagiosas.
El Ministerio Público explica que esta falta de control sanitario de acceso de cuerpos determinaba que los trabajadores quedaran expuestos a riesgos biológicos, infecciosos y/o parasitarios, que se agravaban por la falta de un adecuado control sobre la salud de los técnicos.
Además, destaca que los trabajadores usaban ropa inadecuada para realizar sus tareas y la condiciones de higienes era «deficientes».
En enero de 2014 comenzaron a aparecer larvas, gusanos e insectos.
El representante del Ministerio Público también señala que los técnicos desempeñaban sus funciones en presencia “permanente” de un fuerte hedor a putrefacción, que manejaban manualmente y “de modo repetitivo” cargas cuyo peso oscilaba entre 70 y 120 kilos o que se les ordenaba “introducir los cuerpos en tinas de metro y medio de profundidad y extraerlos desde el fondo para su utilización o destrucción”.
Afirma que carecían incluso de un libro de instrucciones y de funcionamiento del horno crematorio.
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