Sucedió la tarde del jueves en Peñaranda de Bracamonte, población a 46,6 kilómetros de distancia al este de Salamanca, donde la ministra de Justicia, Pilar Llop, se había desplazado para apoyar la candidata a la Alcaldía por el PSOE, Carmen Ávila, regidora saliente.
Allí, en el Teatro Calderón, iba a tener lugar el mitin previsto. La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, había montado un dispositivo con dos líneas de seguridad.
Todo parecía que se estaba desarrollando con normalidad cuando apareció en la localidad un autocar con funcionarios de justicia que regresaban de tomar parte en la manifestación que había tenido lugar en Madrid al mediodía.
De acuerdo con fuentes presenciales, llegaron muy «motivados» ante el éxito de la convocatoria que, según los organizadores, había logrado reunir a 20.000 manifestantes de toda España (6.000, según la Policía).
Trece funcionarios de justicia lograron saltarse la primera línea de seguridad en la calle Cerrajeros, por la que se accede al Teatro Calderón, profiriendo insultos de todo en el momento en que llegaba la ministra.
Uno de ellos trató de avalanzarse sobre Llop pero en el intento arrolló a una anciana de 80 años, que iba a presenciar el mitin y que avanzaba ayudada por un taca taca. La mujer, al caer al suelo, se golpeó la cabeza con la acera y quedó semiinconsciente.
Rápidamente fue trasladada al centro de salud por la Policía Local, donde se comprobó que tenía una brecha en la cabeza y que sufría una lesión en el brazo. No se lesionó la cadera, en la que había sido intervenida no hacía mucho.
El hombre, tras ver la gravedad de lo ocurrido, pidió disculpas.
Al día siguiente, ayer viernes, la anciana interpuso una denuncia contra el funcionario, lo que podría desembocar en un delito de lesiones.
La subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez, fue a visitar a la herida a la mañana siguiente a la residencia donde vive.
Tanto la ministra de Justicia como la candidata a alcalde también se interesaron por su dalud.
Los trece funcionarios fueron identificados por la Guardia Civil.
La Subdelegación del Gobierno abrió, a consecuencia de lo sucedido, un expediente sancionador a los manifestantes, aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que no habían comunicado la protesta con anterioridad, como era preceptivo.
