Los representantes de los cuatro sindicatos nacionales de justicia que componen el Comité de Huelga han acordado hoy, tras una larga reunión, mantener la huelga general de los 45.000 funcionarios del sector a pesar de la convocatoria de elecciones para el 23 de julio próximo, decidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tras la debacle electoral de ayer de las municipales y autonómicas.
En un comunicado hecho público al caer la tarde, tras una reunión que comenzó a las 16.30, la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) exigen al presidente Sánchez a que «intervenga en el conflicto obligando a sus ministras a que se sienten a negociar y a buscar un acuerdo que permita satisfacer a ambas partes y poner fin a la huelga indefinida».
Con ese fin, adelantan que mañana harán llegar tres escritos. Uno a Sánchez, reclamando su intervención, otro a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, como representante de la otra parte del Gobierno de coalición. Y un tercero a la ministra de Justicia, Pilar Llop.
Los cuatro sindicatos reconocen que el proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), sobre el que se ha gestado los acuerdos con los letrados judiciales y con jueces y fiscales, ha decaído, está muerto, «pero todavía existe un punto de nuestras reivindicaciones que el Ministerio de Justicia y el Gobierno en general, no pueden obviar», subrayan.
Son «funciones que realmente se realizan en las oficinas judiciales y que no se cobran. Funciones que, sin duda, no se van a realizar más si no hay ese reconocimiento legal y retributivo y que van a derivar en mayores retrasos en la Administración de Justicia», añaden.
HAY ANTECEDENTES QUE PERMITEN LLEGAR A UN ACUERDO ANTE DE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES
Los sindicatos afirman que el hecho de que queden 54 días para la celebración de las elecciones generales no impide al Gobierno tomar decisiones de este calado. Y recuerdan el acuerdo al que llegaron en 2008 con el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en unas condiciones similares a las actuales, con el que pactaron una subida de 200 euros. O el de 2018 con la Junta de Andalucía, también en un escenario similar.
Por ello invocan la intervención del presidente del Gobierno para que convoque un calendario de negociación que permita una solución a este conflicto.
«Mientras tanto, el Comité de huelga hace un llamamiento al personal de Justicia para que mantenga las medidas de presión que se convoquen por el comité de huelga o por los sindicatos convocantes a nivel local y la huelga indefinida como la máxima expresión de las mismas», concluyen.
