El juzgado de primera instancia número 6 de Lleida (mercantil) ha aplicado la Ley de la Segunda Oportunidad para perdonar una deuda de 1.012.000 euros a un camionero que avaló personalmente préstamos en el 2008 a una sociedad de transportes de la que era socio. El afectado había caído en una situación de insolvencia total después de que el impago provocara que los bancos le exigieran hacer frente a todos los pagos.
Según el auto, al que ha tenido acceso Confilegal, el juzgado concede la exoneración del pasivo insatisfecho al afectado, que explica que «no entendía por qué tenía que hacer frente a la totalidad de la deuda» a pesar de querer pagar su parte, una situación que le causó «años de sufrimiento» y una «inquietud constante», por lo que expresa que «esta noticia ha supuesto un alivio muy grande».
Marta Bergadà, abogada y socia fundadora de Bergadà Asociados, que llevó el caso, señala que desde el despacho han notado un incremento en los casos de acogimiento a la Ley de Segunda Oportunidad por parte de empresarios en estado de insolvencia inminente, en parte por el final de los avales ICO concedidos después de la pandemia del Covid-19.
También destaca factores como las subidas de la luz, el encarecimiento de los suministros, las subidas de los intereses y la sequía, que afectan especialmente a los restauradores, agricultores, ganaderos y viticultores. En el caso del camionero, señala que «no confiaba en [la Ley de la Segunda Oportunidad] por desconocimiento», pero que llamó al despacho a inicios del 2022.
Marta Bergadà, abogada y socia fundadora de Bergadà Asociados.
La crisis y las reclamaciones de los bancos
El camionero, que ya tenía una empresa, había decidido participar como socio en la susodicha mercantil, en la que había cuatro socios que ostentaban el 25 % cada uno y avalaban personalmente las operaciones bancarias y financieras.
La crisis inmobiliaria y financiera causó que la empresa no pudiera cumplir con sus obligaciones, y el afectado abandonó en el 2012 la empresa de transportes transmitiendo sus participaciones, después de recibir las primeras reclamaciones judiciales.
En el año 2013 se le notificó el primer embargo al afectado desde el juzgado. Como explica Bergadà, «el embargo se derivaba de las deudas que había contraído la sociedad de la cual era socio, por haber prestado su aval a la misma». Todos los intentos de negociación con diversas entidades fallaron porque todas le exigían que pagara la totalidad de la deuda «y le resultaba imposible cubrir el importe total del pasivo», según la abogada.
El leridano apunta que el banco que se anotaba la mayor proporción de la deuda le había ofrecido una reestructuración que él consideró «totalmente inviable». «Durante este tiempo he seguido trabajando de camionero, por cuenta ajena, y así hemos tirado adelante a duras penas, porque los embargos no han cesado», dice, añadiendo que, «además, durante este periodo de tiempo también hubo amenazas por parte de los bancos».
Después de un primer contacto, el afectado aportó la documentación pertinente al despacho. Después de que le comunicaran la resolución, dice que se quedó «atónito», pero que ya tiene la oportunidad de «vivir con tranquilidad» con su familia, «sin estar el margen de la sociedad». «Tendremos que ir paso a paso para habituarnos a esta nueva situación», dice.
