Sobre estas líneas, la sede de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad Autónoma de Madrid, que no ha indemnizado a la Empresa Vallesolares, S.A., con 5 millones de euros pese a dos sentencias del TSJM. Vallesolares ha personalizado la responsabilidad de esta inacción en los cinco altos cargos de la CAM. Foto: CAM.
La Justicia admite a trámite una querella contra 5 altos cargos de la Comunidad de Madrid por prevaricación y desobediencia
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15/6/2023 00:45
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Actualizado: 15/6/2023 00:03
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El Juzgado de Instrucción 50 de Madrid, del que es titular la magistrada Ana María Iguacel Pérez, ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Empresa Vallesolares, S.A., contra cinco altos cargos de la Comunidad de Madrid (CAM) por siete supuestos delitos que comprenden prevaricación reiterativa, estafa procesal, desobediencia, denegación de auxilio judicial, administración desleal, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos y vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
Los querellados son Juan José de Gracia Gonzalo, y César Badorrey Martín, director general y subdirector de Suelo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la CAM, y Manuel Ángel Fernández Mateo y Carmen González Cárceles, director gerente y jefa del Área de Patrimonio y Actuaciones en Materia de Suelo, respectivamente, de la Agencia de Vivienda Social de la CAM.
Y Manuel Orgaz Taravilla, Jefe de la Unidad Técnica Urbanística, también de la Agencia de Vivienda Social de la CAM, según el auto, que tiene fecha de 18 de abril pasado, al que ha tenido acceso Confilegal.
La Empresa Vallesolares, S.A. acusa a estos cinco altos cargos de incumplir reiteradamente dos sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictadas en 2020.
Dichas sentencias obligan a la Comunidad Autónoma a indemnizar a Vallesolares con más de 5 millones de euros por las expropiaciones de hecho de unos terrenos ante la imposible ejecución «in natura».
Según esta persona jurídica, los cinco querellados han desobedecido, hasta ahora, la ejecución de las sentencias firmes con «ardides, excusas, procedimientos extravagantes y otras actuaciones que incurren en los supuestos delitos descritos».
Hasta la fecha, el TSJM ha ordenado ha ordenado hasta en tres ocasiones el cumplimiento de las dos sentencias a la vista de la acción obstructiva de la Comunidad de Madrid.
SI ESTOS ALTOS CARGOS SE ATREVEN A ACTUAR ASÍ CONTRA UNA EMPRESA CON UNA SÓLIDA DEFENSA JURÍDICA, ¿QUÉ ESTARÁN HACIENDO CON CIUDADANOS QUE NO LA TIENEN?, SE PREGUNTAN
La respuesta de la CAM, a través de estos altos funcionarios ahora querellados ha sido siempre la misma: Distraer a la administrada ejecutante con trámites y más trámites al margen de la legalidad, para evitar pagar la indemnización que debe abonar.
«Sorprende e irrita que una Comunidad Autónoma, en principio seria y respetuosa con la legalidad, permita que unos altos funcionarios de la misma, ‘toreen’ a una administrado cometiendo numerosos delitos presuntamente para evitar pagar lo que está obligada a pagar la Comunidad», según la Empresa Vallesolares, S.A.
En su querella, esta sociedad realiza una narración meticulosa de los supuestos hechos delictivos, lo que, a su juicio, resulta inquietante.
«Pues si estos altos cargos se atreven a actuar como lo hacen ante una empresa que cuenta con sólida defensa jurídica, qué estarán haciendo con los administrados sin defensa jurídica en situaciones semejantes», subrayan los representantes legales de esta compañía.
«Un ejemplo de la minuciosa relación de hechos presuntamente delictivos: En lugar de determinar el justiprecio de la indemnización por la ocupación en vía de hecho por medio de valoraciones del órgano administrativo, los altos gestores querellados gastan el dinero público, en lugar de abonar lo que le corresponde al administrado, en encargar, al margen de toda cobertura legal, una tasación inmobiliaria a una empresa privada, a la que pagan por estos encargos. ¿Qué ocurre?, ¿ni en la Consejería de Hacienda ni en la Agencia de Vivienda Social, hay técnicos capaces de valorar las consecuencias económicas de una ocupación por vía de hecho? Y estamos en la Comunidad de Madrid, no en una aldea perdida», relatan.
«Esta querella tiene todas las características mediáticas para convertirse en un juicio, trascendente, contra la prepotencia y la chulería administrativa, que parece consienten los más altos responsables de la Comunidad de Madrid», concluyen.
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