El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido suspender de forma cautelar el derribo de la Isla de Valdecañas, el complejo urbanístico ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en Cáceres, hasta adoptar una decisión definitiva sobre el fondo del asunto.
El Pleno ha acordado la medida cautelar solicitada en los recursos presentados por la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, y la comunidad de propietarios del complejo norte, centro y sur de la Isla de Valdecañas.
El TC ha ponderado los distintos intereses que concurrían en el caso y ha apreciado que el derribo de todo lo ya construido y en funcionamiento en el complejo Isla de Valdecañas ocasionaría perjuicios económicos difícilmente reparables por su entidad o por la irreversibilidad de las situaciones jurídicas que puedan producirse, tanto para la Junta de Extremadura, como para los intereses de los propietarios de las viviendas e instalaciones y de los ayuntamientos afectados.
El Pleno considera que era necesario conceder la suspensión cautelar ya que, en caso contrario, una eventual estimación de los recursos de amparo sería meramente declarativa y tardía. De no concederse la suspensión, la demolición de todo lo construido en el complejo ya se habría producido en el momento en el que el Tribunal Constitucional resolviese los tres recursos, con lo que ya no sería posible devolver las cosas al estado en que se hallaban antes de la ejecución de la sentencia judicial impugnada en los recursos de amparo.
La votación se ha resuelto por seis votos a favor de la suspensión -del presidente, Cándido Conde-Pumpido Tourón; Juan Carlos Campo Moreno; Ricardo Enríquez Sancho, César Tolosa Tribiño, Concepción Espejel Jorquera y Enrique Arnaldo Alcubilla-, y cinco en contra -de Inmaculada Montalbán Huertas, María Luisa Balaguer Callejón, Ramón Sáez Valcárcel, Laura Díez Bueso y María Luisa Segoviano Astaburuaga-, aprobando así la ponencia redactada por Arnaldo.
Los magistrados que han votado en contra han anunciado votos particulares. Consideran que la suspensión de la ejecución de la sentencia es prematura porque no hay riesgo inminente, al margen de que no se contempla en la ponderación el interés público de protección del medio ambiente.
El abogado de los dos ayuntamientos, Javier Borrego Borrego, del despacho Durán & Durán Abogados, está «contento y satisfecho» con la decisión del Tribunal Constitucional, según declara a Confilegal.
Hace hincapié en que «no suspender los efectos de la sentencia del Supremo hubiera sido un perjuicio irreparable si la sentencia finalmente fuera estimatoria del recurso», como pretende que así sea y trabajará por ello.
EL CASO
En 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) anuló el visto bueno de la Junta a la ‘Isla de Valdecañas’ y acordó devolver los terrenos a la situación anterior a la aprobación del proyecto.
El Tribunal Supremo confirmó las resoluciones del TSJ, pero en 2021, una vez abierto el trámite, el TSJ de Extremadura declaró la imposibilidad de ejecutarlas, acordando hacerlo solo de forma parcial, lo que implicaba demoler lo no terminado y conservar el hotel, las viviendas, el campo de golf y otras instalaciones ya construidas.
Sin embargo, en 2022, el Alto Tribunal, estimando el recurso de la ONG ecologista, ordenó derruir también lo ya construido, siendo esta última resolución la que ahora combaten en el TC la Junta, los ayuntamientos y la comunidad de propietarios.
Recientemente, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo han advertido al TSJEx de que erró al acordar la ejecución de la sentencia de Valdecañas y le pidieron que rectificara.
El Gordo, regido por el PP, y Berrocalejo, por el PSOE, asistidos por los letrados Miguel Durán Campos y Javier Borrego Borrego, de Durán & Durán Abogados, han interpuesto un recurso de reposición ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo solicitando que anule y deje sin efecto la providencia del pasado 2 de junio.
Porque “incumple y contradice” la diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia acordando que estuviese a la espera de la resolución del recurso de casación por el Tribunal Supremo y lo que acordara el TC sobre la suspensión de los efectos de la sentencia del TS.
De esta urbanización dependen 200 empleos directos de ciudadanos de ambos municipios y otros tantos indirectos.
Son un total de 186 villas, un hotel, un campo de golf y un puerto deportivo.
