Los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, en Cáceres, han recurrido la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ordenando la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que, dando la razón a Ecologistas en Acción-CODA, ordenó demoler la ‘Isla de Valdecañas’, el complejo urbanístico ubicado en ambos términos municipales, en su totalidad.
De esta urbanización dependen 200 empleos directos de ciudadanos de ambos municipios y otros tantos indirectos.
Son un total de 186 villas, un hotel, un campo de golf y un puerto deportivo.
El Gordo, regido por el PP, y Berrocalejo, por el PSOE, asistidos por los abogados Miguel Durán Campos y Javier Borrego Borrego, de Durán & Durán Abogados, han interpuesto un recurso de reposición ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo solicitando que anula y deje sin efecto la providencia.
Porque “incumple y contradice” la diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia acordando que estuviese a la espera de la resolución del recurso de casación por el Tribunal Supremo y lo que pudiera acordar el Tribunal Constitucional (TC) sobre la suspensión de los efectos de la sentencia del TS.
“Las resoluciones dictadas en el proceso obligan, no solamente a las partes, sino también y principalmente al propio órgano judicial que las dicta”, recuerdan en el escrito los abogados Durán y Borrego, otrora magistrado del Tribunal Supremo y juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Ante “la violación por incongruencia procesal”, al ignorar una resolución firme de la Sala a través de la Letrada de la Administración de Justicia, e invocando expresamente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, artículo 24 de la Constitución, reclaman al TSJEx que declare la nulidad de la providencia impugnada y esté a la espera de lo que acuerde el Tribunal Constitucional sobre la petición de suspensión, paralizando hasta entonces la tramitación de la ejecución del fallo del TS de 9 de febrero de 2022.
El órgano de garantías tiene sobre la mesa tres recursos de amparo sobre este asunto, presentados por la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, y la comunidad de propietarios del complejo norte, centro y sur de la ‘Isla de Valdecañas’, que fueron admitidos en noviembre del año pasado y cuya decisión está prevista la próxima semana.
“Los requisitos para la suspensión en este caso parece que son muy contundentes, pues una vez derribado el complejo urbanístico el perjuicio sería irreparable si la sentencia del TC fuera estimatoria, como esperamos”, declara a Confilegal el abogado Javier Borrego.
EL LABERINTO JUDICIAL
En 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anuló la decisión aprobatoria del proyecto adoptada por la Junta y ordenó devolver los terrenos a la situación anterior a la aprobación del mismo.
El Supremo confirmó estas resoluciones tres años después, pero en 2021, una vez abierto el trámite, el TSJEx declaró la imposibilidad de ejecutarlas, acordando hacerlo solo de forma parcial, lo que implicaba demoler lo no terminado y conservar el hotel, las viviendas, el campo de golf y otras instalaciones ya construidas.
Posteriormente, el Supremo, estimando el recurso de la ONG ecologista, ordenó derruir también lo ya construido, siendo esta última resolución la que ahora combaten ante el TC la Junta, los ayuntamientos y la comunidad de propietarios.
