La Fundación Hay Derecho ha señalado que las negociaciones de formación de gobierno en la Comunidad Valenciana han puesto sobre la mesa la posibilidad de minimizar las capacidades de la Agencia Valenciana Antifraude, y que en Baleares «se ha hablado de suprimir la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares por señalarla informalmente como prescindible», como explica Safira Cantos, directora general de Hay Derecho.
«No se tienen todos los detalles de las negociaciones, pero lo que hemos sabido justifica nuestra preocupación de cara al futuro de estas entidades, especialmente en cuanto al respeto a su independencia», dice. «Queremos adelantarnos con esta denuncia para declarar que estos organismos sí son imprescindibles y asegurar su independencia».
Por ello, Cantos expresa el deseo de «no dar por hecho que estas acciones salgan adelante». «Pero tenemos que vigilar para no volver a la corrupción institucional, sería dar un paso hacia atrás», dice, añadiendo que la Agencia Valenciana Antifraude ha sido, en sus palabras, uno de los cuerpos que «más ha puesto el foco en políticos de todo signo» en la comunidad.
Según Cantos, estas acciones podrían justificarse al implantarse la Autoridad Independiente de Protección del Informante, una figura de alcance estatal que no se ha materializado todavía, o en el ahorro de los gastos que representan, algo que señala como contradictorio.
«Una de las maneras de reforzar a las agencias antifraude es garantizar que los informantes no sufran represalias, como detalla la ley de protección de alertadores de corrupción, en todo el territorio nacional, tanto a nivel estatal como a nivel comunitario y municipal», afirma.
«Las agencias antifraude ahorran dinero por la vía de la prevención de la corrupción al disuadir a los servidores públicos, que se sienten vigilados», dice, destacando también el trabajo de concienciación y formación de estas, así como las instancias en que han ayudado a revelar los desvíos y usos inadecuados de los fondos públicos.
Otro riesgo es el de la pérdida de la independencia de estas entidades si se pone al frente a una persona a razón de sus afinidades políticas, de manera parecida a lo que sucede con otros organismos y empresas estatales, de acuerdo a la investigación titulada el Dedómetro, publicada por Hay Derecho.
La importancia de la vigilancia de la corrupción debe ser una prioridad en todos los niveles administrativos, desde el estatal hasta el municipal, y deben funcionar a manos de entidades independientes que funcionen como un contrapoder que amplía la capacidad de los ciudadanos para responder ante hechos de corrupción y denunciarlos, según Cantos, por lo que haría falta una «campaña para resaltar su importancia».
