Los colegios madrileños de la abogacía, la procura y los graduados sociales reclaman a Llop que ponga fin al conflicto con los funcionarios
Exigen a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que "de inmediato", busque soluciones para acabar con la huelga de los funcionarios y revertir las graves consecuencias que está sufriendo una justicia “gravemente enferma”. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Los colegios madrileños de la abogacía, la procura y los graduados sociales reclaman a Llop que ponga fin al conflicto con los funcionarios

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30/6/2023 15:18
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Actualizado: 30/6/2023 17:06
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El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón; el del Colegio de Procuradores de Madrid, Alberto García; y la presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid, Eva Torrecilla, han enviado hoy una carta a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la que alertan de la grave “alteración del orden público” que supone la paralización de la Administración de Justicia y le exigen buscar «soluciones inmediatas» para poner fin al conflicto con los funcionarios de la Administración de Justicia.

De izquierda a derecha: el decano del Colegio de Procuradores de Madrid, Alberto García; el del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón; y la presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid, Eva Torrecilla, tras la firma de la misiva.

El ICAM señala que no es la primera vez que Eugenio Ribón se dirige a la ministra y que advierte de la grave situación que atraviesa la Justicia en España.

En este sentido, indica que ayer, Ribón y el decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús Sánchez, publicaron un manifiesto en el que ambos Colegios reclamaban «una Justicia de calidad y al servicio de la ciudadanía». 

Además, apunta que el decano del ICAM compareció ante los medios de comunicación tras la «inactividad» del Ministerio de Justicia, al que calificó de “Ministerio fantasma”, alertando sobre el colapso judicial que está provocando la denegación de un tercio de los refuerzos en las sedes judiciales, sumado a los retrasos de una Justicia que aún no se ha recuperado de las consecuencias de la pandemia, la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia y el conflicto que aún persiste con los funcionarios de la Administración de Justicia.

Por ello, el Colegio de la Abogacía, la Procura y los Graduados Sociales exigen a Pilar Llop que «de inmediato» busque soluciones para acabar con la huelga de los funcionarios y revertir las graves consecuencias que está sufriendo una justicia “gravemente enferma”, como lo califica Ribón.

EL COMITÉ DE HUELGA ALERTARÁ A REYNDERS DE LA «FALTA DE VOLUNTAD» DEL GOBIERNO DE NEGOCIAR UNA SALIDA A ESTE CONFLICTO

El comité de huelga de los funcionarios ha anunciado hoy que va a enviar una misiva al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para informarle de «grave situación» que atraviesa la Justicia por la «falta de voluntad de negociación» del Ministerio de Justicia y del Gobierno en su conjunto a una salida al conflicto laboral con este colectivo de 45.000 empleados que dura ya dos meses.

Las movilizaciones comenzaron el 17 de abril con paros parciales y se recrudecieron el 22 de mayo con una huelga indefinida.

El comité de huelga solicitó ayer formalmente a los ministerios de Justicia y de Hacienda un procedimiento de mediación que permita solucionar el conflicto.

El próximo lunes finaliza el plazo de 48 horas (hábiles) para que el Ministerio acepte esta vía de solución.

Actualmente ya hay 20 millones de actuaciones paralizadas y casi dos millones de juicios, según informan los sindicados

La mediación solicitada es obligatoria y, por este motivo, el comité de huelga emplaza en el escrito a la administración a llegar a un acuerdo sobre la persona o personas que pueden ejercer de mediadores en este caso.

«Esta propuesta es una muestra más de responsabilidad por parte del comité de huelga, que lamenta los perjuicios que toda huelga ocasiona en la prestación del servicio público y que tiene como objetivo recuperar la normalidad en la Administración de Justicia a través de un acuerdo como ha sucedido con los LAJ y con los jueces y fiscales en este mismo año», señalan CSIF, CCOO, STAJ y UGT en el comunicado publicado este viernes.

Asimismo, los sindicatos están ultimando el catálogo de funciones que no se deben realizar por parte de los funcionarios y funcionarias de Justicia mientras no se reconozca su papel y su valor en la tramitación de los procedimientos judiciales.

El comité de huelga ha solicitado reuniones con los grupos políticos que se presentan a las elecciones a nivel nacional, autonómico y provincial para que hagan suya la reivindicación del personal de Justicia.

Para el próximo viernes, 7 de julio, se han convocado sentadas ante las sedes de los Tribunales Superiores de Justicia para pedir a los respectivos presidentes que insten al Ministerio a sentarse a negociar.

El próximo lunes, el comité de huelga volverá a reunirse para analizar la situación.

Según informan, estamos ya en 20 millones de actuaciones paralizadas y casi dos millones de juicios.

PIDEN CUATRO COSAS, ENTRE ELLAS UNA SUBIDA SALARIAL DE ENTRE 350 Y 430 EUROS

El 14 de abril, el Comité de Huelga presentó al Ministerio de Justicia cuatro reivindicaciones muy concretas. Entre ellas, una subida salarial lineal de entre 430 y 350 euros en función del Cuerpo, que «responde a una propuesta clara de mejora de la Administración de Justicia a través de la definición de las funciones que cada Cuerpo debe realizar en la tramitación de los procedimientos».

Señalan que esta subida se llevaría a cabo a través del concepto «complemento general del puesto», una retribución básica ligada a sus funciones, «lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen».

También reclaman la negociación del contenido de la ley de eficiencia organizativa. «Sin muestro concurso será un nuevo fracaso», aseguran, en alusión a la nueva oficina judicial y a otros proyectos de modernización que «nunca se han culminado» y que no contaron con un consenso sindical.

Además, el Comité de Huelga reivindica el impulso para la implantación de la carrera profesional y la reducción de los grupos de población a uno sólo -ahora hay cuatro, en función del tamaño de la ciudad.

Tras poner sobre la mesa estas demandas, mantuvieron paros parciales de tres horas del 17 al 25 de abril y jornadas completas de huelga los días 19 de abril y 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18, que el pasado 22 de mayo se convirtió en indefinida.

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