¿Qué hay huelga en la Administración de Justicia?

La inquientante pregunta del título no es capciosa, siendo más bien lógica en función de lo que palpo y sé que tal pregunta encontrará respuesta en la lógica y si no, en Cuarto Milenio, pero desde luego, no en la Administración de Justicia.

Como advertencia he de decir que la exposición que hago en los numerales posteriores es a título personal, como abogado a pie de calle con más de 30 años de oficio, con enormes ganas de alcanzar con enorme júbilo mi jubilación y perder de vista a la Administación de Justicia.

Es importante matizarlo a fin de que las iras (y eventuales represalias) sólo recaigan sobre mi persona, advirtiendo que como no tengo mala fe, no esperen de mí ni arrepentimiento ni una conversión a lo Macarena Olona, salvo públicas disculpas si estoy equivocado, porque errar es humano, y corregir el error es imperativo e inexcusable.

Comenzamos:

1º.- Los abogados estamos al corriente de las múltiples quejas de compañeros, de procuradores y de justiciables.

Desde el 24/01/23 al 27/02/23 tuvo lugar la huelga de los LAJ’s (antiguos secretarios judiciales) a la que se sucedió la actual en la que son parte otros funcionarios (gestores, tramitadores, auxiliares, etc) y sin perjuicio de otras posteriores (quizá jueces y fiscales).

Podemos dar por perdido este año judicial, traducido en cuantiosos daños y perjuicios ocasionados a los profesionales (abogados y procuradores) y por supuesto al justiciable.

Para que la Administración de Justicia se pueda poner al día de este parón, tardará, estimativamente entre 3 y 5 años (y conociendo la proverbial fama mundial de la Justicia española, probablemente más).

2º.- La situación real y sin anestesia es la que es: hay una huelga que no consiste en la típica huelga.

Consiste en ir a  hacer acto de presencia y atender los servicios mínimos (y cada vez más a regañadientes al no estarse consiguiendo las reivindicaciones en los tiempos marcados).

Por tanto, la presencia de los funcionarios es muy mayoritaria (y las ausencias se deben a bajas, vacaciones, etcétera, pero no por la huelga).

De lo anterior se colige que como en su momento pasó con la huelga de los LAJ’s:

A.- La huelga actual no se traduce en casi ninguna pérdida económica para los funcionarios en tanto hacen mayoritario acto de presencia, y de vez en cuando se manifiestan, en ocasiones en horario laboral, por un breve espacio de tiempo, pero sí se traduce en una sobresaliente disminución del rendimiento en su actividad laboral que afecta a profesionales y justiciables.

Y además, sin que ello implique minoración apreciable en sus retribuciones.

B.- Tal intolerable situación es consentida, a sabiendas, por el MInisterio de Justicia y por las Consejerías de Justicia de las 12 Comunidades Autónomas, con competencias cedidas, en tanto que estamos ante un Gobierno de la Nación en funciones, emasculado, que ha tirado intencionadamente la toalla para después de las elecciones a fin de “solventar” esta patata caliente.

Y estoy tan seguro de lo que afirmo que reto a quien lo niegue a que aporte datos oficiales que contradigan lo que afirmo, en tanto es un clamor.

Y así, por ejemplo, los datos oficiales pondrán de manifiesto que los gastos de personal de enero a junio de 2023 no ha disminuido apreciablemente, por lo que si en verdad estuviéramos ante la clásica huelga, necesariamente tendrían que haber disminuido ostensiblemente.

En cambio, los datos oficiales también pondrán de manifiesto que los asuntos nuevos y los procedimientos vivos en los juzgados y tribunales han crecido precisamente por esa manifiesta falta de rendimiento de los «huelguistas».

UNA HUELGA SIN PÉRDIDAS ECONÓMICAS PARA LOS HUELGUISTAS

En definitiva, y para que se enteren, resumidamente, se trata de estar de huelga sin perder un euro, atendiendo los servicios mínimos y con una sobresaliente y deliberada reducción del rendimiento laboral, siendo obvio que en una nación sana y seria (España no lo es y no es un problema de colores políticos, si no algo mucho más profundo, el sistema) esto implicaría una apertura masiva de expedientes disciplinarios que se traducirían en sanciones muy graves como el apartamiento de la función pública (pero no se inquieten que no se hará porque el Gobierno de la Nación está en funciones, en modo electoral para que con la complicidad de los votantes puedan “revalidar”, importándoles una «higa» lo que está sucediendo y más cuando el funcionariado es un caladero electoral magnífico al que hay que “fidelizar” mediante inadmisibles privilegios que cualquier otro trabajador no tiene ni necesita).

3º.- De cara a abogados y procuradores como colaboradores de la justicia, la situación es trágica e irrecuperable en tanto que seguimos teniendo que asumir los mismos o similares gastos pero sin ingresos y ojo, sin rechistar.

Si bien somos profesionales que estamos entrenados para sobrevivir en las peores condiciones (la pandemia fue un ejemplo), lo cierto es que ahora, ya perjudicados económicamente por la pandemia, agravada por la pésima coyuntura económica actual, se nos está pidiendo que sin ingresos (la mayoría tenemos únicamente las exigüas remuneraciones del turno de oficio que se cobran a unos “precios” ridículos mal y tarde) afrontemos nuestros gastos profesionales (despacho, personal el que lo tenga, suministros, cuotas colegiales, cuotas de la mutualidad o de autónomos de la Seguridad Social, etc., etc.) y por supuesto, los gastos familiares.

Hay que recalcar el insolidario comportamiento de colegios de abogados, consejoS autonómicos de la abogacía, del Consejo General de la Abogacía de España, de mutualidades y de la Seguridad Social, que siguen pasando sus recibos a pesar de no tener prácticamente ingresos y no habilitarse por parte del “tingaldo corporativo” de la Abogacía  una línea de ayudas y financiación a interés cero para seguir cumpliendo con nuestros compromisos económicos.

En definitiva, si en vez de abogados y procuradores fuéramos mineros es evidente que esta situación se hubiera solucionado hace mucho tiempo, llevándose por delante todos los obstáculos que impiden arreglar esta inaguantable situación.

No obstante, está claro que al sistema, y en particular al sistema judicial español, le interesa, directa o indirectamente, drenar el mercado y que cuantos menos abogados y procuradores quedemos vivos (profesionalmente hablando, mejor), pues de otra manera se habría preocupado por nosotros como colectivo.

4º.- De cara a justiciables la desesperación, el desánimo y la falta de confianza en la Administración de Justicia y en los profesionales es la tónica dominante, no comprendiendo cómo no puede celebrarse un juicio señalado porque el auxiliar que está en su puesto de trabajo dice que está de huelga y que no aprieta el botón para iniciar la grabación (ésto me pasó el martes 27/06/23 sin ir más lejos en un juicio en península).

Y cuando no es éso, es por otro motivo, y así, cuando nuevamente vuelven a señalar a juicio, y los abogados nos enteramos que no se celebrará el mismo día y así con todo.

5º.- Ante esta situación, los abogados y los procuradores somos profesionales que ya no tenemos por qué “garantizar” paz social alguna en este contexto que requiere de más cabeza que víscera.

La linea roja del buenismo ha sido ampliamente sobrepasada y prefiero ser apartado como un leproso de la profesión a que me sigan tomando como a un memo más del rebaño de la abogacía.

Los lógicos reproches de los justiciables deben ser reenviados, donde se merecen, esto es, al juzgado o tribunal que lleva su asunto para que allí les expliquen por qué su asunto no se mueve, teniendo que dar la cara los que la tienen que dar, los funcionarios, no nosotros, porque profesionales como nosotros cumplimos constantemente, más allá del deber y éso está sobradamente demostrado, pero hasta aquí, en tanto que de la entrega generosa a la estupidez la línea es muy estrecha y muy difusa.

Y si en algo me equivoco, así se me diga, y si se me justifica mi error, por mi parte, con toda mi buena fe, pediré disculpas, pero no creo que suceda eso porque hablo con conocimiento de causa, por mi condición de abogado y ciudadano y además, aficionado a los números.

Y ojo, en este colectivo de la abogacía, hay gente tan o más harta que yo, que no pierde el tiempo en escribir artículos como éste, sino en estudiar la posible responsabilidad patrimonial del Estado o de la Administración de Justicia o de quien haga falta (aunque ello implique profundizar en la quiebra del Estado).

Y es que no hay mayor peligro que cuando los abogados, con determinación y tiempo libre, se ponen a pensar para acometer y alcanzar un objetivo.

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