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Opinión | Prisión o Camino de Santiago: la actual peregrinación restaurativa de la mano del jurista Ricardo Pardo Gato

Opinión | Prisión o Camino de Santiago: la actual peregrinación restaurativa de la mano del jurista Ricardo Pardo Gato
El autor, José Manuel Herráiz Salas, educador social, apuesta en su columna por el Camino de Santiago como parte de la aplicación de la Justicia restaurativa. Foto: EP.
14/5/2024 06:30
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Actualizado: 13/5/2024 23:25
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En diciembre de 2023 la editorial Dykinson publicó la obra del jurista José Ricardo Pardo Gato titulada El Camino de Santiago a la luz de la historia y el derecho.

El libro cuenta con el prólogo de uno de los mayores eruditos sobre las peregrinaciones en el ámbito internacional, el catedrático Paolo Caucci von Saucken, que ya desde el inicio del libro pone en valor el inmenso trabajo enciclopédico realizado por el autor sobre el Camino de Santiago y sus múltiples derivadas, en particular históricas y jurídicas.

De hecho, el afamado profesor italiano fue el presidente de la tesis doctoral que Pardo Gato defendió en la Universidad de Deusto, en la Facultad de Derecho de Bilbao, en enero de 2022, dentro de un programa de doctorado compartido con las universidades Pontificia de Comillas (ICADE) y Ramón Llull (ESADE), y en el que alcanzó la valoración de sobresaliente cum laude por unanimidad del tribunal calificador.

Sin perjuicio de los relevantes méritos que acredita la publicación de más de quinientas páginas, como así atestiguan otros profesores que dejan su pluma en la cubierta trasera de la edición (los catedráticos de Derecho civil, Francisco Lledó Yagüe, y de Derecho romano, Antonio Fernández de Buján), si existe un elemento que desde mi ámbito laboral y estudio cabe destacar este no es otro que la inestimable aportación que el autor hace sobre la justicia restaurativa y su aplicabilidad al ámbito de la responsabilidad de los menores en España, en aras a evitar la prisión a cambio, entre otras posibilidades, de la realización del Camino de Santiago.

LA PEREGRINACIÓN RESTAURATIVA

La peregrinación penitencial medieval, de carácter obligatoria como pena derivada de una sentencia canónica o civil, guarda ciertas similitudes con peculiares reminiscencias legales actuales, como así evidencia Pardo Gato.

Y es que con un carácter voluntario –eso sí– esta antigua práctica sigue manteniendo en algunos estados europeos su vigencia en nuestros días, como en el caso de Bélgica: desde los años ochenta del pasado siglo jóvenes belgas condenados por delitos menores ganan el jubileo para evitar tener que ir a la cárcel, en lo que se conoce como proyecto Oikoten.

España tampoco es ajena a esta corriente y ciertos responsables de juzgados de menores se han decantado en los últimos tiempos por opciones de este tipo a la hora de dictar determinadas sentencias y autos.

Tales pronunciamientos acogen la idea de la realización del Camino de Santiago como parte del contenido de una medida judicial impuesta al menor en el seno de un procedimiento penal.

Esta forma de proceder por parte de los jueces y tribunales viene denominándose como “justicia restaurativa”, una nueva idea de justicia que se abre paso ante el fracaso de la justicia retributiva tradicional.

En palabras del mentado autor, estamos ante “un concepto renovador que atiende a las causas y efectos del fenómeno del delito, tanto en lo referente a la víctima como al culpable, en el contexto de una solución comunitaria basada en la asunción de responsabilidades personales, penales y civiles. En definitiva, una justicia restaurativa o reparadora que consideramos como el modelo más apropiado para el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley”.

La Magistrada Jueza Reyes Martel Rodríguez en el Juzgado nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, así lo aplica desde el año 2013 titular del Juzgado de Menores.

El Magistrado Juez Emilio Juan Idelfonso Calatayud Pérez en el Juzgado nº 1 de Granada, hace lo propio en tierras peninsulares.

LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL DERECHO POSITIVO ESPAÑOL

El sistema de justicia juvenil español encuentra acomodo normativo en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Desde su aprobación se da paso a un nuevo modelo de exigencia de responsabilidad del menor infractor por medio de la aplicación de la correspondiente sanción, con la pretensión de evitar la posible reincidencia futura.

El objetivo de esta nueva regulación se centra en procurar alternativas a la privación de libertad dejando esta como última instancia a la que acogerse.

La propia Exposición de Motivos de dicha norma es un claro alegato al fin perseguido. De su texto se infiere la importancia que en este sentido ha tenido el Derecho internacional, fundamentalmente la Convención de Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, así como la doctrina del Tribunal Constitucional español, en especial lo señalado a este respecto en los clarificadores fundamentos jurídicos de las sentencias 36/1991, de 14 de febrero (RTC 1991, 36), y 60/1995, de 17 de marzo (RTC 1995, 60).

Esta jurisprudencia constitucional descansa sobre las garantías y el respeto a los derechos fundamentales que necesariamente han de imperar en el procedimiento seguido ante los juzgados de menores, encaminado a la adopción de unas medidas que no han ser represivas sino “preventivo-especiales”, como así puntualiza Ricardo Pardo.

Estas medidas deben estar orientadas hacia la efectiva reinserción y el superior interés del menor, y como se dice en dicha exposición motivadora, “valorados los criterios que han de buscarse primordialmente en el ámbito de las ciencias no jurídicas”.

Con tal motivo, el legislador español nos brinda, desde el mismo preámbulo expositivo de la ley, dos elementos que pueden servir de extraordinaria utilidad al objetivo perseguido: por un lado, el empleo del programa de mediación entre la víctima y el infractor, a través de la conciliación y la reparación, a modo de solución extrajudicial; y, por otro, la flexible adopción de la medida judicial más idónea o su posible modificación y, más concretamente, las medidas alternativas a la privación de libertad.

EL CAMINO DE SANTIAGO COMO ALTERNATIVA AL INTERNAMIENTO

Llegados a este punto, cabe destacar que el propio artículo 40 de la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en el apartado 2.c), permite al juez establecer la aplicación de un régimen de libertad vigilada durante el comentado plazo de suspensión, pero también –y aquí viene lo significativo– “la obligación de realizar una actividad socio-educativa, recomendada por el equipo técnico o la entidad pública de protección o reforma de menores en el precedente trámite de audiencia, incluso con compromiso de participación de los padres, tutores o guardadores del menor, expresando la naturaleza y el plazo en que aquella actividad deberá llevarse a cabo”.

Pues bien, una de las posibles actividades socio-educativas a las que alude la ley es la realización del Camino de Santiago o alguno de sus tramos, solución propuesta por el autor aquí referenciado.

Según lo defendido por Pardo Gato, el Camino de Santiago posibilita que “la medida adoptada sea sustituida por otra menos restrictiva, más gratificante y enriquecedora, personal y socialmente hablando, que el mismo cese de aquella. El menor, individualmente o junto con otros menores a los que se les haya aplicado como medida restaurativa la realización del Camino, podrá no solo interiorizar en su recorrido la permuta de la condena por una actividad socializadora como pocas, sino que, a mayores, a lo largo de la ruta interaccionará y socializará con la gente de las ciudades, los pueblos, las aldeas y los lugares por donde su itinerario discurra. Una actividad educativa que le hará, a buen seguro, direccionar su modo de pensar y su actitud ante la vida con efectos claramente positivos y ventajosos en su formación como persona”.

El Camino de Santiago se presenta, pues, como la herramienta más útil a modo de garantizar la justicia restaurativa: “una actividad, quizás las más correctora y adecuada, como medio de canalizar la redención jurídica del menor, su integración en la sociedad y la interiorización de aquellos valores enriquecedores que del Camino se derivan”.

Nos encontramos, en cualquier caso, ante una medida que, al entender del jurista, sería deseable ampliar y trasladar al resto de condenados por delitos menores que hubieran alcanzado o superado la mayoría de edad: “el fundamento que posibilita esta medida en relación a los menores no varía en exceso de los objetivos que se pretenden en cuanto a la reinserción en la sociedad de los mayores, con lo que se evitaría tener que acudir, en lo posible, a medidas de internamiento”.

Pero, como así advierte también, “esta solución implicaría, no obstante, una profunda modificación de la legislación penal y penitenciaria española en este punto. Para ello, deberíamos guiarnos por las iniciativas que en tal sentido se han ido acometiendo en países de nuestro entorno, con resultados por otro lado bastante satisfactorios”, poniendo como ejemplo la experiencia de Italia o Francia.

Mientras en España no se adopten las reformas pertinentes que permitan acoger la opción del Camino de Santiago, u otra actividad socio-educativa legalmente contemplada, como método sustitutorio de penas menores en el caso de reos mayores de edad, debemos impulsar este mecanismo sustitutivo en los menores, a través de la concienciación de la sociedad y de la generalización de esta idea entre los jueces y juzgados de menores.

Así lo asevera de manera brillante Pardo Gato en su excelso estudio, en el que aporta una serie de propuestas de lege ferenda que cabe subrayar.

PROPUESTAS DE LEGE FERENDA FORMULADAS POR PARDO GATO

A tenor de lo anteriormente expuesto, en su obra El Camino de Santiago a la luz de la historia y el derecho el académico de honor de la Academia Xacobea y numerario de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación aporta ciertas propuestas a tener en cuenta de cara al presente y, sobre todo, al futuro. Aportaciones también formuladas por él y acogidas en el I Congreso Mundial Xacobeo celebrado en Compostela con motivo del último Año Santo.

De este modo, promueve fehacientemente que los jueces y tribunales españoles, así como del resto de países, “se inclinen en sus pronunciamientos a favor de la permuta de la pena, en caso de delitos menores o faltas cometidas por menores, a cambio de realizar el Camino de Santiago como actividad educativa y formativa idónea para lograr la reinserción y socialización del menor infractor”.

Propone, incluso, que “esta medida pase de ser residual a generalizarse entre los distintos juzgados y tribunales, lo que diría mucho en favor de una justicia más proclive a favorecer el desarrollo humano y aquellos valores que cabe inculcar en los menores con problemas de integración”.

Es evidente que se trata de un mecanismo, y un modo de hacer justicia, menos represivo y más resocializador, de ahí que sea conveniente su generalización y puesta en práctica en todos los juzgados de menores.

En un plano más ambicioso, aspira a “poder trasladar este modelo de justicia restaurativa, no solo a los menores, sino también, con carácter extensivo, a las personas mayores de edad en caso de incurrir en faltas o delitos leves, como así, por otro lado, ya viene sucediendo en países de nuestro entorno”. Pensemos –como así justifica– que “las mismas, o parecidas, motivaciones que mueven la justicia restaurativa en el caso de los menores son asimilables a los mayores de edad, a efectos de la reinserción en la sociedad, de acuerdo con los postulados constitucionales que todos nos hemos dado. En este sentido, la edad no puede ser el único elemento que obste la aplicabilidad de esta opción, una posibilidad muy acorde con la socialización y reeducación que se pretende de aquellas personas que, por distintos motivos, se han ido alejando del resto. Sobre todo, en aquellos casos donde la privación de libertad pueda suponer un mayor retroceso en la reinserción del reo, y siempre y cuando el delito cometido no sea tan grave que impida acogernos a la justicia restaurativa”.

Por ello, nos sorprende y echamos en falta el eco que debe darse a estos posicionamientos judiciales, ya sea a través de sentencias o autos paradigmáticos en la materia.

Su difusión entre los operadores jurídicos y la sociedad supondría contribuir a un notable incremento de su generalización en la praxis judicial y, a su vez, a una mayor difusión del Camino de Santiago entre los jóvenes.

Así las cosas, nos manifestamos proclives a la inclusión de estos pronunciamientos judiciales en las correspondientes bases de datos y buscadores de jurisprudencia, entre ellos el CENDOJ y, por ende, a su difusión entre los medios de comunicación e internet, “como una puerta abierta del Camino de Santiago a los menores y al mundo”, según sus propias palabras.

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