La vicepresidenta internacional de GEMME, Rosalía Fernández Alaya; Carme Guil Román, magistrada de la Sección 3 (Penal) de la Audiencia Provincial de Barcelona y presidenta de GEMME España; la coordinadora de las Secciones Territoriales y jefe de la unidad de Mediación Intrajudicial de Murcia, Carmen Marín Álvarez, y Luis Blanco, magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Foto: Virgilio González/Confilegal.
«La justicia restaurativa no va a quitarle trabajo a los abogados, pero da a las víctimas algo que no le da el proceso penal»
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18/4/2023 06:48
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Actualizado: 18/4/2023 11:40
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El grupo de trabajo de Justicia Restaurativa del Grupo Europeos de Magistrados por la Mediación (GEMME) ha presentado en el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) su «Mapa preliminar de Justicia Restaurativa en España».
Según Carme Guil Román, magistrada de la Sección 3 (Penal) de la Audiencia Provincial de Barcelona y presidenta de GEMME España, la justicia restaurativa «no va a quitarle trabajo a los abogados, pero da a las víctimas algo que no le da el proceso penal».
Guil indicó los encuentros dentro de los programas de justicia restaurativa «no pueden funcionar de espaldas al proceso penal», sino que «discurre paralelamente» a él como un «espacio confidencial» en el que la víctima y victimario de un delito pueden encontrarse para llegar a un acuerdo en un «espacio confidencial»
Son procesos que favorecen «la reparación del daño material y moral a la víctima, la responsabilización y concienciación de la persona infractora, su reinserción y recuperación para la sociedad y a su vez facilitan la participación de la propia comunidad», como aparece en el informe que analiza los diferentes programas en diferentes comunidades autónomas.
Según la presidenta de GEMME, la víctima puede «sentirse reparada incluso si no se llega a un acuerdo».
En palabras de Luis Blanco, magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sala de Valladolid) y miembro de GEMME, la asociación «colabora con abogados» que participan en procesos de justicia restaurativa, que representa «la evolución del derecho penal», aunque «los operadores jurídicos son los mismos».
«No cabe una justicia restaurativa sin abogados», afirmó, poniendo también en relieve la participación de los afectados.
Conclusiones del informe
La vicepresidenta internacional de GEMME, Rosalía Fernández Alaya, que ejerce además como magistrada de Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, destacó que los planes de Justicia «tienen que desarrollarse» para proteger los derechos de las víctimas de delitos.
«El modelo a seguir no puede ser otro que la justicia restaurativa», declaró, razonando que así se pasa «de centrarse en el castigo a hacerlo en promover los derechos humanos, incluyendo los del victimario», ya que «la ofensa no es solo contra el Estado, sino también contra la sociedad», a la que hay que involucrar.
Además, dice, «la víctima es la gran olvidada en los procesos penales, en los que puede intervenir como acusación particular». En este sentido, señaló entre las propuestas del informe el impulso de políticas públicas. A nivel europeo, las directivas europeas pueden «obligar a los Estados miembros a cumplir» con el desarrollo y adaptación del sistema penal a este modelo.
Se trata de una «mirada reparadora que ve el daño a las personas y a las comunidades», explica Guil. Sin embargo, señaló la «falta de apoyo financiero del sector público» como un problema a resolver, igual que la disparidad de la legislación y número de iniciativas entre las distintas regiones de España.
«No puede ser que haya víctimas y victimarios que no puedan participar en sus procesos por vivir en determinada comunidad autónoma», criticó.
Por esto, exigió una legislación que «regule mínimamente» estos procedimientos para dotarlos de seguridad jurídica, además de un esfuerzo en la difusión por parte de las instituciones para sensibilizar al público. «Hablemos de reparar daños, no solo de castigar», reiteró.
La formación en todos los niveles de la Administración de Justicia también es un elemento importante dentro de las propuestas del equipo responsable del informe, así como la generación de redes y espacios «para compartir conocimientos y fomentar la cooperación».
Iniciativas desde Instituciones Penitenciarias
Myriam Tapia Ortiz, coordinadora de Justicia Restaurativa de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, apuntó que «no se puede responder a estos retos con la concepción clásica que pone el foco en el victimario», sino haciendo «que la víctima sea protagonista».
«Tenemos que dar un paso más», afirmó, indicando como prioridades abrir estos «espacios de escucha para un encuentro restaurativo» con un facilitador imparcial, sin que por ello se justifique el hecho delictivo, sino que se atienda a sus circunstancias. Como límites, «no puede conllevar beneficios penitenciarios directos, no debe revictimizar y se debe vigilar para que no intervengan otros intereses».
Promover penas comunitarias, por las que se realizan actividades que reparen el daño causado, y talleres y sesiones grupales e individuales con los victimarios son algunas de las sugerencias de Tapia, aunque la mayoría de los programas se concentran en los delitos graves contra las personas. Es más difícil en los casos de delitos socioeconómicos, que suelen estar «muy socializados».
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