Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que la economía sumergida española oscila entre los 230.000 y los 240.000 millones, según datos de 2021. Lo que supone el 16,9 % del Producto Interior Bruto (PIB), un 2,9 % por encima de la media ponderada de la Unión Europea.
Y se prevé que continúe al alza por el efecto de la inflación y de la crisis energética.
Por ello, Gestha propone que en los próximos años se intensifique la promoción interna de los empleados públicos que ya han accedido por oposición a la AEAT y al Ministerio de Hacienda, demostrando sus conocimientos y habilidades con la evaluación del trabajo desarrollado, lo cual es compatible con la integración en un cuerpo superior técnico de Hacienda que reconozca la alta cualificación y el trabajo desarrollado por los técnicos desde hace décadas.
En este sentido el Real decreto que aprueba la Oferta de empleo Público de 2023 establece que en las convocatorias de los procesos selectivos por promoción interna se establecerá la exención de las pruebas sobre aquellas materias cuyo conocimiento se haya acreditado suficientemente en las de ingreso al cuerpo o escala de origen. Asimismo, los temarios se adaptarán y se procurará la realización de ejercicios eminentemente prácticos y de respuesta alternativa o razonada para evaluación de conocimientos y competencia.
Y en la fase de concurso, se evaluarán los méritos que pongan en valor y guarden mayor relación con la carrera profesional desarrollada por las empleadas y empleados públicos.
EVASIÓN DE GRANDES FORTUNAS Y MULTINACIONALES
En este escenario, Gestha estima que unos 6.200 millones de euros anuales podrían recaudarse mediante una profunda reorganización del Ministerio de Hacienda y la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) que permita a los técnicos de Hacienda realizar auditorías operativas para el control del gasto público y desplazar la objeto de la comprobación e investigación del autónomos y PYMES hacia la evasión de grandes fortunas y multinacionales.
Con tal fin, Gestha viene proponiendo algunas medidas para mejorar la eficiencia del control del gasto, entre las que destacarían el refuerzo de la Intervención General del Estado para garantizar la transparencia y eficacia del control del gasto público, reforzando el control permanente y auditoría, incluidos todos los entes públicos que se financien con recursos públicos; el establecimiento de un régimen de exigencia de responsabilidades al gestor del gasto y del órgano de control que evite dispendios, gastos innecesarios o la inversión en infraestructuras poco eficientes; o la mayor coordinación de los órganos de control del gasto de las administraciones estatal y territoriales, con publicidad de la actividad desarrollada y de las cuentas públicas.
Finalmente, en cuanto a la lucha contra el fraude, los técnicos proponen evaluar la economía sumergida en España con un control por las Cortes Generales de los resultados de la reducción de dichas tasas; estrechar la coordinación y colaboración entre las Administraciones Tributarias Estatal y de las Comunidades Autónomas, así como la creación de una Base de Datos Fiscales Única compartida; igualar el plazo de prescripción administrativa y penal a 5 años o 10 años en los casos de delitos agravados, así como unificar los umbrales y penas por los diferentes delitos fiscales y delitos agravados; crear un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda para aumentar la eficacia en la prevención y reducción del fraude y del control del déficit público; y equiparar la plantilla de la Agencia estatal Tributaria a la media de los países europeos de nuestro entorno.
