La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) celebrará el próximo 11 de octubre una vista sobre la demanda de la fiscal María C. R., a la que se sancionó con 1.500 euros por «retrasos injustificados» en su trabajo, después de que el fiscal jefe provincial de Toledo, Antonio Huélamo Buendía, le dijera que siguiera trabajando desde casa para sacar los asuntos que tenía pendientes, a pesar de que ella le había comunicado que le habían dado la baja por embarazo de alto riesgo.
Así consta en un auto que tiene fecha de 20 de julio y que suscribe el tribunal formado por Pablo Lucas Murillo de la Cueva –presidente en funciones de la Sala–, Celsa Pico Lorenzo y Luis María Díez-Picazo Giménez, expresidente de la misma Sala, por el que admite las pruebas documentales y testificales propuestas por la fiscal recurrente, incluida la de Huélamo.
La fiscal recurrió ante el Supremo para que se anule la citada sanción por infracción grave, y que se le devuelvan los 1.500 euros de la multa fijada, declarando vulnerados sus derechos.
El recurso de la fiscal denuncia «una gravísima situación de acoso por razón de género» contra dicha fiscal, que habría comenzado en junio de 2021, cuando acudió al despacho de Huélamo para informarle de que el médico le había dado una baja por embarazo de alto riesgo.
Según el recurso, «una vez recibida la noticia», la conminó a «seguir trabajando en su casa, a fin de despachar su lote, pese a dicha situación de baja por embarazo de alto riesgo y con pleno conocimiento de que la orden dada era absolutamente ilegal».
En respuesta, la fiscal envió al día siguiente un correo electrónico a la Inspección Fiscal, dado que «no entendía por qué debía trabajar estando de baja».
La inspectora jefe contestó con un documento que tenía como destinatario a Huélamo señalando que «la distribución de trabajo corresponde a los fiscales jefes», así como «el deber de trabajar con prontitud y eficacia».
Poco después, ya en julio de 2021, «con una conexión temporal total», Huélamo comunica «unos supuestos retrasos en la tramitación de diversos expedientes judiciales» por parte de la fiscal, «cuando hasta la fecha nunca había tenido queja del trabajo desempeñado por la misma».
El recurso incluye la transcripción de la conversación que la fiscal grabó sin que el fiscal jefe conociera que lo estaba haciendo y que tuvo lugar en su despacho donde se dice que «resulta evidente que el fiscal jefe reconoce ante la fiscal que la misma lleva un lote de asuntos del que debería encargarse más de un fiscal, por la sobrecarga de trabajo que conlleva».
La testifical admitida incluye la declaración del delegado de Prevención de Riesgos Laborales de la Fiscalía Provincial de Toledo cuando sucedieron los hechos, el 17 de junio de 2021, para saber si desde que se supo el embarazo de la fiscal María C.R. sufrió algún tipo de modificación de reparto de trabajo.
También la declaración del fiscal jefe provincial de Toledo, con el fin de identificar si la voz que se oye en la grabación era suya porque dicha petición había sido denegada por el instructor en su declaración de 8 de septiembre de 2022.
Y la de Mercedes García-Patos Chamorro, funcionaria de la Jefatura de la Fiscalía Provincial de Toledo.
