El Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra la gestión económica de Jupol en la etapa del actual secretario general, Aarón Rivero.
La magistrada Mónica Aguirre de la Cuesta ha dictaminado que “no hay indicios de la comisión por parte del sindicato de las presuntas infracciones penales que puedan imputarse”.
Acuerda continuar la causa contra el anterior secretario general del sindicato, José María García Fernández, quien en 2021 fue relegado de su cargo por la actual Junta Directiva de Jupol «al conocer gastos irregulares por su parte».
A José María García acuerda citarlo como investigado.
El actual secretario general, Aarón Rivero, ha mostrado su satisfacción por el archivo de esta causa.
Asegura que “esta sólo estaba basada en mentiras y en una campaña de desprestigio orquestada desde varios frentes para atacar al sindicato mayoritario en los días previos a las elecciones al Consejo de la Policía y así evitar otros cuatro años de hegemonía de Jupol en la Policía Nacional”.
Este sindicato destaca que con este archivo de la causa, «queda también acreditada la falsedad de todos los ataques vertidos contra la imagen del actual secretario general, Aarón Rivero, cuya gestión al frente del mismo, ha quedado confirmado, es completamente intachable».
Según explica Rivero, “desde su llegada a la secretaría general del sindicato en octubre de 2021, Jupol ha llevado a cabo tres auditorías externas de sus cuentas, en la que quedaba demostraba la limpieza de las mismas y el buen hacer del sindicato en materia económica”. Sostiene que “las cuentas de JUPOL son absolutamente limpias y transparentes”
Asevera que en las cuentas del sindicato, cada gasto está justificado, y apunta que las mismas son públicas y accesibles a través de la página web, tanto para los afiliados como para el resto de los ciudadanos.
Pedro Chamorro, socio-director de CH Consultores Legales, que ejercita la representación legal del sindicato Jupol en diversos procedimientos, pidió el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, por considerar que no existía ningún tipo de delito en la conducta de Rivero y del sindicato.
De ese escrito, la magistrada dio traslado a las partes y el fiscal también consideró que “no se ha acreditado la existencia de ningún delito de malversación de fondos públicos, ya que las subvenciones recibidas están debidamente justificadas y aplicadas, tal y como consta en los informes de Asuntos Internos”.
Chamorro señala que existe un presunto delito de administración desleal o apropiación indebida por parte del anterior secretario general de Jupol al haber cargado gastos personales en la contabilidad del sindicato.
El sindicato se ha personado hoy en la causa como perjudicado.
En el auto, la magistrada requiere al sindicato que aporte todos los contratos de las tarjetas de crédito entregadas en razón de su cargo a García durante 2019 a 2021 y que dé cuenta de los órganos encargados de la gestión económica del sindicato o de los acuerdos adoptados en relación a dicha gestión.
Además, dispone que declare el auditor en relación con los informes de auditoría firmados por él, y se cite en calidad de testigo a diversas personas del sindicato.
