No lo ha hecho, no señor. Prueba de ello ha sido el voto particular que han suscrito cinco vocales, dos progresistas, Álvaro Cuesta y Clara Martínez de Careaga, y tres conservadores, Nuria Díaz Abad, Juan Martínez Moya y Juan Manuel Fernández.
A ninguno de los cinco les ha parecido que el acuerdo tomado el pasado 20 de julio, en el que se reorganizaron las cuatro comisiones legales con las que opera el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya sido, como poco, «transparente». Porque, en su opinión, no lo ha sido.
«Ha operado de manera impropia a lo que se espera del presidente de un órgano colegiado como este. Guilarte es un ‘primus inter pares’, el primero entre iguales, y ha actuado como el presidente de unos pocos», ha explicado a Confilegal uno de los que suscriben el voto particular.
Ni Carlos Lesmes, el presidente elegido en 2014 que dimitió en octubre del año pasado, ni Rafael Mozo, a quien ha sustituido Guilarte después de que éste cumpliera 72 años el pasado 19 de julio, jamás han actuado de la manera que este ahora, recuerda. «Porque eso lo único que genera es desconfianza».
En especial porque ha contado con el apoyo de los 9 vocales restantes, que votaron a favor –y por ello han salido beneficiados–, por lo que se deduce que «cocinaron» previamente con Guilarte el paso que finalmente ha dado.
La decisión de modificar la composición de las cuatro comisiones colegiadas, empezando por la propia Comisión Permanente, no figuraba expresamente en el orden del día del Pleno. «No hubo, tampoco, documentación previa alguna», ha relatado otra persona de este grupo de cinco. «Guilarte no ha entrado con buen pie», subraya.
Y refiere el artículo 37 del Reglamento 1/1986 de Organización y Funcionamiento del CGPJ, que dice que cuando se convoque un Pleno hay que repartir previamente la documentación correspondiente a cada uno de los puntos del orden del día y la propuesta de acuerdo.
Cuatro de los cinco vocales que suscriben el voto particular –Álvaro Cuesta, Nuria Díaz Abad, Juan Martínez Moya y Juan Manuel Fernández– formaban parte de la Comisión Permanente, el órgano más importante después del Pleno del CGPJ, que se reúne semanalmente. A diferencia del Pleno, que lo hace mensualmente.
Clara Martínez de Careaga sigue siendo la presidenta de la Comisión de Igualdad. Para ella sigue siendo todo igual.
En su lugar entran María Ángeles Carmona, que seguirá ostentando la Presidencia del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Carmen Llombart, Mar Cabrejas y Roser Bach Fabregó.
Tres de ellas –Carmona, Llombart y Fabregó– han formado parte de la Comisión Disciplinaria desde enero de 2014, lo que, a juicio, de los cinco signatarios del voto particular, consideran que es contrario a la ley.
LA COMISIÓN DISCIPLINARIA, COMO UN «TRIBUNAL»
Recuerdan que la Ley orgánica 4/2013 que reformó el Consejo General del Poder Judicial, describe a la Comisión Disciplinaria como un «tribunal» por lo que su composición «debería estar servida por las mismas personas a lo largo de los cinco años de cada Consejo para profesionalizar el órgano».
Una idea en la que ha abundado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, configurando las comisiones disciplinarias –desde la óptica del artículo 6.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos– como «tribunales establecidos por la ley».
Guilarte, por lo tanto, se ha cargado esta limitación. Empezando por su propia persona, que ha formado parte de la Comisión Disciplinaria desde el comienzo de este Consejo.
Sin embargo, lo que más ha llamado la atención a estos cinco vocales en el acuerdo adoptado –apoyado por 9 a 6 y 1 abstención– es lo que denominan la «extravagante disociación» que se hace entre la figura del presidente por sustitución y la de miembro de la Comisión Permanente.
El Pleno estableció el 19 de julio pasado, cuando Mozo cesaba por jubilación, que su sustituto debía tener dedicación exclusiva. Y es que Guilarte nunca la ha tenido. Ha seguido ejerciendo como abogado, como catedrático de derecho civil y como miembro de consejos de administración.
Guilarte presentó un escrito ante el CGPJ el 25 de julio haciendo constar que 24 horas antes había iniciado los trámites para cesar en todas sus actividades privadas para poder ser presidente por sustitución. Pero lo curioso es que su incorporación a la Comisión Permanente no tendrá efectos hasta el 1 de septiembre de 2023.
«No se entiende que, si preside la Comisión Permanente, en cuanto que presidente por sustitución, se establezca un plazo distinto para su incorporación como vocal a dicha Comisión», precisan. Porque la nueva composición de las comisiones tendrá efectos a partir del 1 de agosto.
Confilegal informó el pasado mes de mayo, citando a fuentes cercanas a Guilarte, que este no tenía mucho interés en asumir la Presidencia por sustitución después de que se jubilara Rafael Mozo el 19 de julio.
Las expectativas para Guilarte cambiaron una vez que se conocieron los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo pasado, en las que el Partido Popular ganó con holgura.
Y, en especial, después de conocer las variadas encuestas de opinión que apuntalaban la tendencia en las elecciones generales que Pedro Sánchez convocó para el 23 de julio pasado, en las que se pronosticaban una victoria del PP.
Guilarte, que fue elegido vocal del CGPJ a propuesta del PP, gracias a su amistad con uno de los hermanos del anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se las prometía muy felices en un escenario en el que los suyos por fin podrían devolver al Consejo su capacidad para hacer nombramientos. Capacidad que el Parlamento cercenó en marzo de 2021.
El nuevo presidente por sustitución, recuerdan algunos de estos cinco compañeros, jamás se ha distinguido por una actividad que le hiciera destacar dentro del CGPJ. Y rememoran también la gran cantidad de veces que votó con los progresistas. «Siempre fue un verso suelto», subrayan.
Un «verso suelto» en la Presidencia del CGPJ. Otra situación inédita, cargada de la mayor incertidumbre, digna de pasar al Libro Guinness de los Records.
