Destaca que si las vulneraciones no se denuncian, difícilmente se podrá acabar con el apartheid lingüístico en el País Vasco.
Francisco Ignacio López Lera: “En el País Vasco no se cumple la Constitución en el acceso al empleo público”
Este abogado explica en Confilegal “las tretas” de las administraciones vascas para imponer el euskera
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05/8/2023 00:45
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Actualizado: 06/8/2023 11:50
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“En el País Vasco no se cumple la Constitución en materia de derechos fundamentales en el acceso al empleo público”. Así lo declara Confilegal el abogado Francisco Ignacio López Lera, especializado en el ámbito contencioso-administrativo y en materia de personal contra las Administraciones públicas, entre otras.
Denuncia que “todas las administraciones vascas utilizan de manera torticera la legislación para favorecer en el acceso al empleo público a quienes tienen perfil lingüístico acreditado, cercenando de esta forma derechos fundamentales del resto de aspirantes, entre ellos el de no discriminación al acceso a empleo público”.
Y hace hincapié en que “el castellano es el único idioma que en España tenemos deber y obligación de saber” y que “la primera normativa que tenemos que cumplir todos es la Constitución”.
Este abogado, de Irún (Guipúzcoa), de 56 años, lleva muchos años denunciando esta situación ante la Justicia, en representación de afectados en esos procesos de empleo público, y los tribunales están poniendo coto a esta vulneración de derechos.
López Lera ha conseguido importantes sentencias. Entre ellas, la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que declaró que el Ayuntamiento de Irún vulneró el derecho de los castellanoparlantes para acceder a la Policía Local. Resolución que ya es firme de cara al Tribunal Supremo.
Fue la que abrió el camino para que los ciudadanos reclamaran que independientemente de la lengua vehicular que utilicen, tienen derecho a presentarse a un empleo público, como recoge la Constitución en el artículo 23.2.
Este letrado también ganó un caso en el que el TSJPV reiteró que el idioma no puede ser un elemento discriminatorio a la hora de acceder a un empleo público. Un pleito contra un órgano autónomo de la Diputación Foral de Guipúzcoa, la Fundación Uliazpi.
López Lera emplaza a los aspirantes a funcionarios que se encuentren ante estas situaciones a que denuncien, porque “sólo así se puede acabar con este apartheid lingüístico en el País Vasco”.
“Porque mientras no se consigan este tipo de sentencias de manera firme, los políticos no van a cejar en esta discriminación”, señala. Además, apunta que con resoluciones firmes que digan que esto no lo pueden hacer y, sin embargo, las administraciones y organismos públicos persistan en su actuación, se puede llevar el caso a la vía penal.
Su llamamiento a los afectados es que acudan al auxilio de la justicia, “porque recibirán amparo si explican qué es lo que está ocurriendo y en qué les están perjudicando”.
“Sólo así se pueden cambiar las cosas”, sostiene.
“LAS TRETAS QUE UTILIZAN LAS ADMINISTRACIONES VASCAS PARA IMPONER EL EUSKERA”
Según asegura, “en el País Vasco se han venido utilizando argucias legales para ir obligando de una manera subliminar a que todo el mundo tenga que saber euskera si quiere trabajar en las administraciones públicas en esta comunidad autónoma, impidiendo el acceso a aquellas personas castellanohablantes”.
Según informa este letrado, “las administraciones vascas, para imponer el euskera, hacen oferta pública de empleo ligada a las condiciones de un puesto de trabajo, pese a que una oferta pública de empleo no es la relación de puestos de trabajo”.
“Para que se entienda mejor: Imaginemos que hay tres piscinas. Una de ellas es de aspirantes a funcionarios; otra, en el otro extremo, la piscina de relación de puestos de trabajo, que es cómo se desarrolla el trabajo en esta administración para hacer cumplir sus competencias emanadas por las leyes o criterio político; y la tercera es la plantilla presupuestaria, el dinero que se ha dotado esa administración anualmente para pagar a sus funcionarios”, expone.
Según indica, lo que hacen “es sacar una oposición para llenar la primera piscina, pero poniendo las condiciones de la tercera -la de la relación de puestos de trabajo-, cuando no debe ser así. Porque lo que tienen que hacer es meter funcionarios en esa primera piscina, a los cuales se les podrá valorar como mérito los perfiles lingüísticos, y luego cuando haya que cubrir las necesidades de la tercera piscina, coger a esos funcionarios de la primera piscina que cumplan los requisitos de la relación de puestos de trabajo”.
Apunta que “se puede dar la circunstancia de que haya un porcentaje importante de funcionarios de la primera piscina que no tengan perfil lingüístico, por lo que en ese caso, lo que tendría que hacer la Administración es modificar las condiciones de los puestos de la relación de empleo público”.
Otra “trampa que suelen hacer” es elevar la puntuación por euskera hasta el máximo posible. “Por el hecho de tener el C2 de euskera te dan 50 o 60 puntos, mientras que por tener un máster sólo 10, por lo que priman el hecho de conocer una lengua sobre otros méritos que posiblemente serán más necesarios para desarrollar las funciones del puesto de trabajo”, apunta.
LA EXIGENCIA DEL EUSKERA ESTÁ PROVOCANDO VERDADEROS DRAMAS FAMILIARES
López Lera informa que la exigencia del euskera está provocando “verdaderos dramas familiares”.
Según explica, hay aspirantes a funcionarios que para poder optar a sacar una plaza están haciendo cursos intensivos de euskera, que “cuestan un ojo de la cara y que, a veces, a pesar del esfuerzo y el gasto, no consiguen el objetivo, lo que supone una gran frustración”.
“Hay quienes destinan sus vacaciones para sacarse el perfil lingüístico, quienes viven apretados, pero gastan en ello sus ahorros, dándose situaciones tremendas que llegan a afectar gravemente la salud”, precisa.
También destaca que ciertas administraciones piden lingüístico en todos los puestos de trabajo, pero da la casualidad que para cubrir turnos de tarde, noche, festivos, fines de semana y vacaciones, si en las bolsas de empleo hay personas que no reúnen el perfil lingüístico o cualquier otro requisito del puesto, no importa.
Pero “si estas personas quieren optar algún día al día a obtener una plaza de empleado público relacionada con el trabajo que han venido realizando, no podrán hacerlo al no tener perfil lingüístico, una situación kafkiana”.
FUGA DE TALENTO
Según explica este abogado, ante la exigencia del euskera para acceder a puestos de empleo público, se ha tenido que marchar mucha gente del País Vasco. Y lamenta esta fuga de talento, de la que, según indica, también advierte el Consejo Económico y Social Vasco, en un reciente dictamen.
En él señala que sin perjuicio de la necesidad de que el sector público tenga que ofrecer un servicio a la carta en euskera y castellano, un análisis del contenido de un Decreto que está elaborando el Gobierno vasco, “permite concluir que se está estableciendo un ritmo muy acelerado para lograr el objetivo del bilingüismo entre las personas trabajadoras del sector público vasco (y el cuidado de “los tiempos” nunca es cuestión menor, menos aún en este asunto)”.
El Consejo Económico y Social Vasco advierte de que “esta circunstancia, sin duda, lastrará el atractivo de nuestras entidades públicas para el talento foráneo o propio no vascoparlante en determinadas actividades especializadas, como la investigación, la docencia en niveles superiores o la medicina, por poner algunos ejemplos”.
Asimismo, manifiesta que “el nivel de euskera exigido no es siempre el ajustado a la realidad sociolingüística, lo que dificulta tanto el acceso como el desarrollo de una carrera profesional de la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras públicas”.
También señala que en el artículo 38 del citado Decreto, sobre valoración del euskera como mérito, el apartado 2 dice que “en los procesos de selección o de provisión de puestos de trabajo cuyos perfiles lingüísticos no tengan una fecha de preceptividad o, teniéndola, no esté vencida, el conocimiento del euskera deberá valorarse como mérito”.
El Consejo Económico y Social Vasco expone que “al estar perfiladas y con fecha de preceptividad vencida un elevado porcentaje de plazas, si la valoración como mérito del euskera en el porcentaje de plazas restante se establece con una ponderación muy elevada”, les “preocupa” cómo puede esto influir en la captación de talento por parte de la Administración.
Sobre este asunto, Francisco Ignacio López Lera pone como ejemplo que en Guipúzcoa no tienen médicos forenses porque este puesto de trabajo tiene como requisito perfil lingüístico y los aspirantes no tienen este requisito, por lo que este servicio no se presta.
Por ello, “cuando una persona fallece en situaciones extrañas y le tienen que hacer una autopsia, se lo llevan a Bilbao. Allí, se ponen en cola en el anatómico forense de Vizcaya, y luego envían a San Sebastián y uno puede tener el cadáver del ser querido una semana por ahí dando vueltas”.
“Le piden perfil lingüístico elevado a una persona que desarrollará su trabajo con cadáveres. Es de locos”, critica.
SU TRAYECTORIA
Este letrado, antes de ejercer la Abogacía, en la que lleva 13 años, fue policía local durante 24 años y representante sindical. Pasó de ser policía local a abogado porque “estaba harto de obedecer instrucciones de dudosa legalidad”.
En aquella época, se publicó una modificación de la ley de policía vasca, en la cual se reclasificaba al C1 a los agentes de la policía local, lo que suponía un aumento de dinero.
López Lera reclamó que se le aplicara a él y fue a tribunales. Lo perdió en primera instancia, pero el TSJPV le dio la razón.
“Como era una petición personal y no sindical, solo se me aplicó a mí en mi unidad policial. A partir de mi resolución, mis propios compañeros empezaron a solicitar extensión de sentencia y con condenas en costas, y al final a todos se les pagó el sueldo base correspondiente al grupo de clasificación C1, extendiéndose también a otras unidades policiales”, relata.
“Parafraseando a Ramiro de Maeztu: ‘No tiene sentido decir que los hombres son iguales ante la ley, cuando la ley es la mantenedora de su desigualdad’. En este caso es la administración la mantenedora de estas desigualdades”, señala este abogado, y hace un llamamiento a acudir a la Justicia para que se cumpla la Constitución.
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