El sindicato CSIF ha advertido de que la Administración de Justicia reanuda hoy oficialmente su actividad con la apertura del año judicial 2023-2024 con los mismos problemas que arrastra desde hace años, “agravados” durante el último ejercicio: “personal insuficiente y desmotivado que se siente abandonado, retribuciones insuficientes y medios materiales escasos”.
Lamenta que los ciudadanos pagan las consecuencias de esto, sufriendo retrasos en la celebración de juicios y en la tramitación de procedimientos y actuaciones judiciales.
CSIF recuerda que el conflicto que afecta a los 45.000 funcionarios de Justicia (el 93% de la plantilla) sigue vigente, y que el próximo Gobierno “tiene la obligación” de abordar la negociación funcional y retributiva “reconociendo las labores que estos funcionarios hacen realmente a diario para sacar el trabajo adelante”, y que está pendiente desde la pasada legislatura.
Este sindicato indica que todo esto se agrava, además, por el hecho de que el Ejecutivo está en funciones, y “porque el debate sobre la situación de la Justicia se lleva al ámbito político, como la renovación del órgano de Gobierno del Poder Judicial, ocultando y distrayendo la atención de los verdaderos problemas de la Justicia, centrados en la falta de medios materiales, personales y organizativos”.
Javier Jordán de Urríes Sagarna, presidente del Sector Nacional de Justicia de CSIF, reclama un pacto real por la Justicia, con la participación de los profesionales de este ámbito, que “blinde el servicio público ante los vaivenes, la incertidumbre y el enfrentamiento político”.
“Este pacto de Estado debería servir para dotar a la justicia de medios suficientes y estables y garantizar un servicio público homogéneo y de calidad al conjunto de la ciudadanía”.
