«A 31 de diciembre, los funcionarios y los letrados sabían qué tenían que hacer, dónde tenían que hacerlo, cómo tenían que hacerlo y a quién tenían que reportar. Desde el 1 de enero, esas mismas personas no saben qué tienen que hacer».
Así resumió Javier Jordán de Urries, presidente del Sector Nacional de Justicia de CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), el proceso de implantación de los tribunales de instancia.
Tanto Jordán de Urries como Jesús Vicente Santos Ruiz, responsable del Sector Justicia de UGT, coincidieron en que la reforma es necesaria pero ha sido lanzada con una precipitación que ha convertido la transición en poco menos que caos.
Fue en el marco de su intervención en las Jornadas procesales sobre Tribunales de Instancia y el nuevo modelo de Justicia organizadas por la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de Justicia (PROLAJ) que se celebraron en la sede que la Universidad Rey Juan Carlos tiene en la Plaza de Manuel Becerra de Madrid. Y en una mesa redonda que moderó Miguel Ángel Izquierdo Luengo, letrado de la Administración de Justicia en los Juzgados de lo Mercantil.
La reforma, añadió el presidente de CSIF Justicia, ha puesto en evidencia con «mayor viveza y crudeza» las carencias que ya existían: falta de personal, protocolos genéricos, ausencia de formación para quienes de pronto han pasado a dirigir equipos, y un modelo de servicios comunes que pretende convertir en generalistas a funcionarios especializados durante décadas.
Jordán de Urries describió situaciones como la de Logroño, donde el sistema informático no es capaz de derivar automáticamente los expedientes al juez correspondiente entre seis plazas judiciales, obligando a los funcionarios a rastrear manualmente cada asunto. «Tenemos el lío montado», reconoció.
Ausencia de cultura de liderazgo
También censuró la falta de cultura de liderazgo en una administración que, de la noche a la mañana, ha creado figuras directivas sin formarlas: «Ser jefe no es mandar. Es liderar. Y para liderar, lo primero es escucha».
Puso como contrapunto el ejemplo de Murcia, cuyo secretario de Gobierno lleva años trabajando en digitalización y automatización —incluidos robots de tramitación— con resultados tangibles.
Pero fue el primero en relativizarlo: «Sacar el ejemplo de Murcia aquí es un poco trampa. Si hubiéramos robotizado con los juzgados de antes, hubiera funcionado igual. El problema es de inversión».
El presidente de CSIF Justicia apuntó también a otro frente: la resistencia de algunos magistrados a la digitalización. Habló de jueces que se niegan a firmar con firma digital, que siguen reclamando fotocopias o que ignoran el sistema Horus —»piensan que es el dios egipcio, el hijo de Isis»— sin que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid les exija ninguna consecuencia.
«Qué pasa con todo esto? Que el TSJM no se preocupa de decirle a los magistrados que tienen que hacer esto y, si no, habrá consecuencias», relató. La ausencia de esa disciplina institucional, subrayó, lastra a quienes sí cumplen.
Su demanda final fue concreta: revisión urgente de protocolos, formación de directivos, revisión de las relaciones de puestos de trabajo y especialización. «La eficiencia no se puede garantizar desde la precariedad.»
Jesús Vicente Santos Ruiz, responsable del Sector Justicia de UGT, quiso ser «cortito» centró su foco sobre Madrid capital, que con 105 juzgados civiles convierte en inaplicable cualquier comparación con Murcia: «Es imposible».
Reforma necesaria lanzada demasiado rápido
Santos Ruiz denunció que Madrid lleva desde 2023 sin bolsa de interinos operativa, cubriendo vacantes mediante llamamientos al SEPE con personas sin formación específica.
«Llevamos tres años así», afirmó. La bolsa provisional aprobada ese mismo día —según anunció en la sala— no estará lista hasta abril o mayo, lo que significa que la tercera fase de implantación arrancará con un 20% de las plazas vacías. «No se puede valorar en seis meses lo que es la tercera fase».
El representante de UGT también señaló una figura concreta cuya ausencia está generando conflictos: el coordinador de enlace entre el Tribunal de Instancia y la oficina judicial».
«Viene recogida en la Relación de Puestos de Trabajo y en los modelos de referencia, pero el Ministerio se ha negado a crearla», explicó. Sin ese puente, denunció, proliferan los enfrentamientos entre presidentes de tribunales y letrados directores, cada uno convencido de que el otro le está invadiendo sus funciones.
Su conclusión fue tan práctica como la del resto: «Lo que tenemos que hacer todos es avanzar juntos. Pero necesitamos que las administraciones nos escuchen, porque cuando hacemos propuestas desde la parte social, no tenemos el apoyo ni del Ministerio ni de la Comunidad Autónoma».
Dos sindicatos distintos, una misma fotografía: una reforma necesaria, lanzada demasiado rápido, con protocolos que no aterrizan, personal insuficiente y una Administración que hasta ahora ha preferido mover funcionarios de un lado a otro antes que reconocer que hacen falta más.
