De izquierda a derecha, Enrique Gimbernat, Mariano J. Herrador y Manuel Aragón. Foto: Confilegal.
Manuel Aragón y Enrique Gimbernat: “La ley de amnistía que parecer estar gestándose sería inconstitucional”
|
22/9/2023 01:04
|
Actualizado: 22/9/2023 09:00
|
El magistrado emérito del Tribunal Constitucional y catedrático de derecho constitucional, Manuel Aragón Reyes, y el catedrático de derecho penal, Enrique Gimbernat Ordeig, coincidieron ayer por la noche en su diagnóstico sobre la solución para que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente del Gobierno con los 7 votos de Junts, del que es líder el prófugo Puigdemont: “La ley de amnistía que parece estar gestándose sería inconstitucional”.
Fue en el marco de su intervención en el acto organizado por la Asociación Justicia y Opinión en el Ateneo de Madrid bajo el título “Constitución y Amnistía” y al que existieron más de 200 personas, algunos de ellos magistrados del Supremo, de la Audiencia Provincial y jueces de instrucción, fiscales, abogados y juristas. Su duración se prolongó durante una hora y tres cuartos.
El mismo edificio, solo que en una sala más pequeña, en el que 24 horas antes Felipe González y Alfonso Guerra, expresidente y exvicepresidente del Gobierno con el PSOE se pronunciaron en contra de la intención del actual secretario general del PSOE de indultar al prófugo Carles Puigdemont y a los suyos a cambio de los 7 votos de su grupo, Junts, lo que le permitiría gobernar.
Había mucha expectación sobre lo que estos dos respetados juristas progresistas tenían que decir sobre la posible ley de amnistía, “que el presidente del Gobierno no ha desmentido”, subrayó Aragón, que fue quien tomo primero la palabra bajo la moderación de Mariano J. Herrador, presidente de la Asociación.
“La amnistía es posible solo si la Constitución expresamente lo autoriza. Y no lo autoriza”, afirmó el magistrado emérito del TC. “Porque contradice principios y reglas constitucionales de absoluta y necesaria observancia. El legislador no tiene un poder cuasi omnímodo para hacer leyes, como se está diciendo últimamente”.
Aragón combatió el argumento principal que se ha venido escuchando en los últimos días por aquellos favorables a amnistiar a Puigdemont y a los suyos. Y es el principio general del derecho que dice que “lo que no está prohibido está permitido”, lo que recordó el abogado Endika Zulueta durante su intervención en el turno de preguntas.
“Eso es para los ciudadanos”, recordó Aragón. “Nunca para los poderes públicos, que están sometidos al principio de sujeción al ordenamiento jurídico. Los poderes públicos solo pueden hacer aquello que dicho ordenamiento les permite”.
“El Parlamento está subordinado a la Constitución”, prosiguió, para dejar las cosas claras. “No es soberano. Si no, no tendríamos Constitución. Por eso las leyes pueden pueden ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional”, recordó.
Gimbernat, por su parte, subrayó, después de hacer un extenso análisis del derecho de gracia del indulto, contenido en el artículo 62.1 de la Constitución, que “si la amnistía es una medida de gracia mucho más amplia que el indulto general, luego, de acuerdo con un argumento ‘a minore ad maius’ si los indultos generales están prohibidos, con mayor motivo están prohibidas las amnistías generales como las que se quiere dar a las personas implicadas en el ‘procés’”.
En concreto 1432, entre los condenados y los pendientes de ser juzgadas, según datos de la organización separatista Omnium Cultural.
MALVERSACIÓN: EL REY DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN
El catedrático progresista recordó que, una vez suprimida la sedición, el delito por el que han sido condenados los políticos separatistas ya sentenciados y por los que se investiga a los que todavía no lo han sido “es el de malversación de millones de euros de fondos públicos aportados por todos los españoles. Lo que es el colmo, sufragar los gastos de un ‘procés’ destinado a sustraer parte del territorio nacional a esos paganos españoles”.
Y recuperó dos hechos de gran relevancia: “Primero en 2014 y luego en 2017 el grupo parlamentario socialista presentó sendas proposiciones de ley para excluir de la aplicación de los indultos particulares a los condenados por delitos de corrupción. Con estos antecedentes, me cuesta creer que ese mismo grupo parlamentario socialista esté ahora dispuesto a que se conceda un indulto particular sino nada menos que una amnistía para el ‘Rey de los delitos de corrupción’. Para la malversación. Eso sí que sería un transformismo”.
Gimbernat llamó la atención también sobre el hecho de que en septiembre de 2019 el Parlamento catalán aprobó que se presentara una proposición de ley de amnistía. “Cuando esta proposición de ley de amnistía finalmente se presentó en el Congreso de los Diputados por parte de los partidos catalanes fue inadmitida a trámite por la mesa del Congreso el 23 de marzo de 2021 por estimarse que tal proposición constituía un indulto de carácter general”.
El abogado catalán, José María Fuster-Fabra, que vino a Madrid expresamente desde Barcelona, relató que el día anterior había habido un debate en el Colegio de la Abogacía de Barcelona, al que pertenece. “El argumento que allí manejan los juristas pro independentistas es que la ley de amnistía significa el reconocimiento, bien implícito, bien explícito, de que la persecución judicial contra el independentismo catalán fue un acto ilegítimo. Y debe de entenderse que todos los procesos que derivan de eso -hasta el caso Pujol, se está diciendo- tienen que estar incluidos. Lo que importa es que vuelta el señor Puigdemont y que España trague con eso. Vamos a pelear. Es una ignominia”, dijo.
EL REY QUEDARÍA MUY MAL
De acuerdo con Manuel Aragón, el Rey Felipe VI, de aprobarse esta posible ley de amnistía, y con ello se asume que lo que hizo el Estado entonces fue un acto ilegítimo, “va a quedar muy mal, precisamente por su intervención del 3 de octubre de 2017”.
Hoy tal como están las instituciones, “la figura del Rey es uno de los pilares firmes de la Constitución”.
Aragón recalcó que el Rey no tiene potestad de veto. Tendría que firmar la ley, con lo que eso conlleva.
“El Rey ha de sancionar las leyes aprobadas por las Cortes Generales. Si ocurre, será ponerlo en una situación institucional y personal tan dura que es lo peor que yo llevo en estos días y los que se avecinan. Porque es la pieza fundamental que mantiene la existencia de la España constitucional”.
Durante las intervenciones finales de los asistentes quedó claro que tanto el magistrado instructor de la causa del ‘procés’, Pablo Llarena, como la propia Sala de lo Penal del Supremo, podrían interponer un recurso de inconstitucionalidad por esta posible ley ante el Tribunal Constitucional.
DESJUDICIALIZAR LA POLÍTICA
El acto tomó la recta final abordando este concepto que tanto corre hoy en boca de los políticos.
“Cuando se habla de desjudicializar la política para que dejen de perseguirse a pol´tiicos que cometen delitos eso es una infamia. Quien comete un delito, sea catalán, extremeño…, ha de cumplir con el Código Penal y con la imposición de la pena que corresponda. ¿O es que hay algún tipo de ciudadanos privilegiados e inmunes al derecho?”, se preguntó Aragón.
“Eso ni pensarlo. ¿Para qué hay que desjuidicializar la política? Los delincuentes políticos son delincuentes no políticos. Son personas delincuentes. Hay cosas que con muy groseras”, concluyó.
Noticias Relacionadas:
