El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García-Castellón ha acordado abrir juicio oral contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (PP) y la excúpula del Ministerio por la denominada “Operación Kitchen”, el operativo policial puesto en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al tesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso Gürtel.
En un auto, dictado hoy, el magistrado rechaza por extemporánea la petición de la acusación ejercida por el PSOE de declarar la responsabilidad civil a título lucrativo del PP.
La establece, de forma subsidiaria, para la Administración General del Estado en el caso de que los investigados resultaran condenados.
El auto de apertura de juicio oral incluye todos los delitos planteados por las acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado, PSOE, Podemos y familia Bárcenas) en sus respectivos escritos y que incluyen diversos delitos como descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, contra la intimidad y obstrucción a la justicia.
En el caso del PSOE, Podemos y de la familia Bárcenas, además, añaden los de organización criminal o asociación ilícita, entre otros.
Para el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, los diferentes relatos de los escritos de acusación, con sus correspondientes calificaciones penales, resultan, en principio, adecuados, todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la fase de juicio oral.
En relación con la responsabilidad civil del PP solicitada por el PSOE, García-Castellón recuerda que hasta este momento, en esta pieza del caso Tándem, no se ha dirigido pretensión alguna en este sentido contra el PP y que, por tanto, siguiendo doctrina del Tribunal Supremo, resulta extemporánea, teniendo en cuenta, además, que se realiza sin concretar la cuantía ni los hechos y acciones concretas de los que emana dicha responsabilidad, “apreciándose una falta de relación entre los hechos que sustentan la pretensión y la persona frente a la que se ejercita la acción civil”.
Además de al exministro, el juez envía a juicio a quien fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; al exdirector adjunto Operativo Eugenio Pino; a los responsables policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Angel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Bonifacio Díez Sevillano, Andrés Manuel Gómez Gordo; al comisario jubilado y principal investigado en la macrocausa Tándem José Manuel Villarejo; así como al chófer de Bárcenas Sergio Ríos Esgueva.
Respecto de Olivera, Fuentes Gago y Díez Sevillano, para los que el fiscal había solicitado el sobreseimiento provisional, el instructor rechaza esta solicitud. El magistrado pide al Ministerio Público que en el plazo de tres días formule escrito de acusación o que renuncie al mismo.
García-Castellón desestima también una diligencia complementaria solicitada por el PSOE al considerar que la instrucción está finalizada.
El instructor acuerda imponer unas fianzas por responsabilidad civil de 120.000 euros para Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino, así como de 100.000 euros para Villarejo y Sergio Ríos.
De 20.000 euros para Andrés Manuel Gómez Gordo y de 3.000 euros para el resto, excepto García Castaño, para quien la fija en 2.000 euros.
