El expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, criticó ayer que sufrió «una investigación prospectiva» en la causa en la que pasó 645 días en prisión provisional investigado por presunta pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, delitos de los que finalmente fue absuelto.
Las investigaciones generales o prospectivas, dirigidas a la búsqueda de ‘algo’, que pudiera ser un indicio de delito, así como la extensión sin límite de las investigaciones dirigidas a explorar, sin verdadero soporte real, el posible hallazgo de eventuales infracciones penales, están prohibidas en España.
«Si no hubiera sido presidente del Barça no hacen ni caso, ni aparezco», dijo en un acto del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) al preguntársele si cree que su vinculación al club afectó al procedimiento.
Rosell recordó que la Fiscalía le había denunciado de oficio siete veces y hasta ahora ha resultado siempre absuelto, y criticó que, para arrestarlo, «enviaron a 50 policías, 25 guardias civiles y 25 policías nacionales, y 200 cámaras».
Su comparecencia ante los medios tiene la intención, literal, de tirar de la manta, hasta el final, afirmó.
«Esto destroza la vida de las personas, no son conscientes», dijo al explicar que a raíz de sus imputaciones fue despedido de tres multinacionales donde era consejero y en las que no ha logrado recuperar su empleo.
El abogado de Rosell, Pau Molins, también intervino en el acto y recordó la dificultad de «explicar a tu cliente algo que no entiendes, una injusticia que no entiendes», y calificó el caso de Rosell como el más escandaloso uso de prisión preventiva.
Molins criticó que «el uso de la prisión preventiva todavía es excesivamente frecuente y rutinario», y apostó por usar otras medidas. Una de ellas, la mejor quizá, sería la monitorización con una pulsera electrónica.
DETENCIONES Y CUMPLIMIENTO DE CONDENA
El acto del ICAB empezó con una mesa sobre derechos de los detenidos que reunió al abogado Fermín Morales, el excomisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Maria Estela, y el magistrado del Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona, Luis Martínez.
Estela explicó el protocolo de detenciones en la policía catalana y valoró que la policía detiene «demasiado», pues en su opinión, salvo en los delitos flagrantes, en lugar de hacer detenciones planificadas cree que sería suficiente citar al investigado en el juzgado.
Morales ahondó en la regulación del ‘habeas corpus’ y Martínez recordó que, desde el momento en que una persona está privada de libertad o se dicta cualquier medida cautelar sobre ella, debe estar «inmediatamente» asistida por un abogado.
Una tercera mesa abordó los derechos de las personas internas que cumplen condena y la «doble condena» que supone para sus familiares, en la que intervino la exdirectora de políticas de drogas en Euskadi Gemma Calvet, el expreso Iñaki Erazo y la jurista Erika Torregrossa.
