El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha mostrado su apoyo a la moción aprobada por el Parlamento Autonómico de Cataluña el pasado 7 de octubre, en la que se insta al Gobierno a modificar la Ley 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia para ajustar los requisitos de procedibilidad.
La propuesta, promovida por el Partido Popular de Cataluña y defendida en el pleno por el diputado Pere Lluís Huguet —exdecano del Colegio de Abogados de Reus, expresidente del Consell de l’Advocacia Catalana y exvicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española—, plantea que no sea obligatorio acudir a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) en los juicios monitorios, las reclamaciones de cuotas impagadas en comunidades de propietarios y los desahucios.
Según el ICAB, la medida es “acertada y adecuada”, ya que la aplicación del requisito de procedibilidad, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, el pasado abril, “ha generado graves distorsiones para la ciudadanía, los autónomos y las empresas”.
“Es fundamental recuperar una justicia de proximidad”
La moción también solicita al Ejecutivo que los jueces de paz recuperen la competencia para celebrar matrimonios civiles, una función que —según la decana del ICAB, Cristina Vallejo— “es fundamental para contar con una justicia de proximidad”.
La iniciativa parlamentaria incluye, además, la elaboración de un informe detallado sobre las necesidades reales de la Justicia en Cataluña, que deberá realizarse con la colaboración de los Colegios de la Abogacía y otros operadores jurídicos.
El documento, según se debatió en el pleno, debería servir para estimar el número de jueces, letrados y funcionarios necesarios para aplicar la Ley de Eficiencia Judicial y revisar la planta judicial con el fin de adaptarla a los cambios demográficos y a los principios de proximidad y eficiencia.
La voz de la abogacía en la reforma de la Justicia
El ICAB celebra que el Parlamento autonómico haya tenido en cuenta la opinión de la abogacía en el proceso de reforma de la Justicia.
“La abogacía conoce de primera mano los problemas de la ciudadanía y las necesidades esenciales para un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia”, afirma la decana Cristina Vallejo.
Desde el Colegio de Barcelona se valora positivamente que el debate parlamentario haya abordado la situación de la Justicia en Cataluña, al considerarla un servicio público esencial y pilar básico del Estado de Derecho.
