El PP, aliado con Junts y con Vox, infringió el pasado martes, en el Parlamento de Cataluña, un duro correctivo al Gobierno central tras conseguir sacar adelante una moción instándole a suprimir los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) en tres ámbitos concretos.
Las tres formaciones citadas sumaron 61 votos frente a los 30 de ERC, Comuns Sumar y la CUP. Un resultado que fue posible gracias a la abstención de los 45 votos del PSC que lidera el presidente catalán, Salvador Illa.
Una decisión incomprensible ya que la Ley 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia es la legislación estrella del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La inacción del PSC, partido hermano del PSOE, provocó este desenlace.
La moción fue impulsada por el diputado autonómico del PP, Pere Lluis Huguet, exdecano del Colegio de Abogado de Reus y exvicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española, a quien le comunicaron su apoyo los colectivos de la abogacía, la procura y los administradores de fincas.
El punto central de la moción reclama suprimir la obligación de acudir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) antes de presentar demandas en tres ámbitos concretos: los juicios monitorios —para reclamar deudas dinerarias—, las reclamaciones por cuotas impagadas de comunidades de propietarios y los procedimientos de desahucio.
En declaraciones a Confilegal, Huguet explicó que la medida de los MASC lejos de agilizar la justicia “ha creado un cuello de botella que perjudica a quienes más necesitan una respuesta rápida”. El Gobierno, de acuerdo con el diputado del PP, «ha sustituido la eficiencia por la burocracia».
La moción incluye, además, la elaboración de un informe sobre las necesidades reales de la Justicia en Cataluña, elaborado conjuntamente con los colegios de abogados y procuradores, con el fin de determinar los recursos humanos necesarios para que la ley funcione. También plantea revisar la planta judicial catalana y adaptarla a los cambios demográficos, con criterios de proximidad y equilibrio territorial.
