Sostienen que cualquier cesión o transferencia de su gestión a las Comunidades Autónomas atentaría contra el modelo consagrado en el artículo 41 de nuestra Constitución, que contempla un régimen público de Seguridad Social, único y unitario para todos los ciudadanos, como garantía de la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social.
Los letrados, en contra de la transferencia de la Seguridad Social a las Comunidades Autónomas
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11/11/2023 06:30
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Actualizado: 10/11/2023 21:42
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La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social se ha alzado en contra de la transferencia de la Seguridad Social a las Comunidades Autónomas (CCAA).
Ante la actual situación política a raíz del acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts para que Pedro Sánchez se mantenga en la presidencia del Gobierno, la Junta Directiva de esta asociación ha difundido un comunicado mostrando su “más firme compromiso con los pilares esenciales de nuestro Estado social y democrático de Derecho, especialmente el de la división de poderes del Estado y el de igualdad, en derechos y deberes, de todos los ciudadanos españoles, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan”.
En su condición de operadores jurídicos consideran que constituye “un ataque al Estado de Derecho, al principio de igualdad, a la separación de poderes y a la independencia judicial”, al asumirse que los procesos judiciales respondieron a motivaciones políticas, cuando estuvieron sometidos a las máximas garantías jurídicas salvaguardando el derecho a la defensa de todos los procesados.
Como ha informado Confilegal, abogados y procuradores catalanes se concentrarán el próximo lunes ante la Ciudad de la Justicia de Barcelona en defensa del Estado de Derecho y de la separación de poderes.
A la vista de la actual deriva de los acontecimientos y de las reiteradas noticias sobre la posible transferencia de la gestión de la Seguridad Social, los letrados de la Administración de la Seguridad Social han advertido de que su mantenimiento en los términos constitucionalmente previstos constituye un elemento esencial para la convivencia.
“Cualquier cesión o transferencia de su gestión a las Comunidades Autónomas atentaría contra el modelo consagrado en el artículo 41 de nuestra Constitución, que contempla ‘un régimen público de Seguridad Social’, único y unitario para todos los ciudadanos como garantía de la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social”, sostienen.
La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social destaca que esa unidad e igualdad se garantizan mediante los principios de caja única y solidaridad financiera, que implican, no solo la titularidad y competencia estatal exclusiva sobre la gestión de recursos económicos y financieros del sistema, sino también sobre el reconocimiento y pago de las prestaciones, “cuyos criterios de gestión deben ser únicos y uniformes en todo el territorio”.
Y ello, “precisamente para evitar la existencia de diversas políticas territoriales en materia de Seguridad Social en las distintas comunidades autónomas”, agregan.
“Es decir, como ha subrayado el Tribunal Constitucional, el Estado debe reservarse como competencia exclusiva no sólo la regulación jurídica en materia de Seguridad social, sino todas las competencias de gestión y ejecución que garanticen la efectiva aplicación de criterios unitarios y unificados en todo el territorio nacional (sentencias del Pleno del TC 129/89 y 195/1996), tanto para los actos de encuadramiento, liquidación y recaudación de recursos y el reconocimiento y pago de prestaciones”.
Además, señala que una transferencia de la gestión de la Seguridad Social también contravendría lo dispuesto en el pacto de Toledo, cuya recomendación octava contempla expresamente una Agencia de Seguridad Social, de titularidad estatal, “precisamente para garantizar la aplicación de los principios de solidaridad, igualdad de trato y equidad entre generaciones”
“En el cumplimiento de nuestra obligación como empleados públicos de velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, apelamos a la responsabilidad de todos los agentes políticos y sociales para evitar que el diseño de nuestro sistema de Seguridad Social se condicione a coyunturas políticas concretas, alejándose de los principios irrenunciables de caja única e igualdad de todos los ciudadanos españoles”, concluye.
La Junta Directiva la integran José Luis López-Tarazona (presidente), Cristina Ortiz Dorda (vicepresidente), Aitor Senin Vilariño (secretario), y los vocales Roberto Blasco Ballester, Sara Lucía Cabrera Pérez, Roberto Mateos Alonso, Manuel Moreno Pueyo, Patricia Peña Grande, y Manuel Sánchez Sánchez.
Los inspectores de Hacienda también han rechazan el pacto PSOE-Junts que exige la autonomía financiera para Cataluña. Alertan de que la cesión del 100% de tributos a Cataluña es inconstitucional e implica una ruptura del principio de igualdad, así como CCAA de primera y de segunda.
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