La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) denuncia que entre los acuerdos de PSOE y Junts para una futura investidura de Pedro Sánchez, se vislumbra “de manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual, en varias materias, entre las cuales se encuentra la materia financiera”.
Esta asociación, presidida por la inspectora de Hacienda Ana de la Herrán Piñar, ha alzado la voz, como representante de un colectivo superior de funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), expresando su “rechazo frontal y absoluto” a los acuerdos “en su obligación de defensa del interés general amparado en el artículo 103 de la Constitución, y en defensa del Estado de Derecho, al que están sometidos todos los ciudadanos”.
En un comunicado, difundido ayer, destaca que bajo el reconocimiento de una singularidad histórica, que “no queda amparada en nuestra Norma Fundamental”, se reivindica la cesión del 100 % de los tributos que se pagan en Cataluña, exigiendo que el PSOE adopte las medidas que permitan la autonomía financiera y la revisión del actual modelo de financiación de dicha comunidad autónoma, que actualmente se recoge en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
“La exigencia de la cesión del rendimiento podría implicar la cesión de todas las competencias, incluidas las que hoy ejerce la AEAT en Cataluña, por lo que nuestro colectivo se vería grave y directamente afectado, como lo estarán otros colectivos pertenecientes a otros cuerpos de la AGE”, advierte.
La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado hace hincapié en que esta situación “implica, sin lugar a dudas, la ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles”, recogido en el artículo 14 de la Constitución, permitiendo la existencia, por la vía de hecho, de Comunidades Autónomas de primera y Comunidades de segunda, así como la “vulneración” de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, consagrada en el artículo 9 de la Carta Magna.
“Lo anterior se produce en el marco de unos acuerdos que sirven de contrapartida a los votos que determinadas formaciones políticas le otorgarían al candidato con la finalidad de ser investido como presidente del Gobierno, por lo que conllevan, implícitamente, el abuso de poder y de las instituciones del Estado que tienen como único fin servir a los intereses generales de todos los españoles, y derivan en un trato de favor, sin ningún amparo legal, hacia una parte de los españoles que residen en un territorio de la nación”, manifiesta.
La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado ha hecho un llamamiento urgente “a la recuperación de la racionalidad, del sentido común, de los principios que inspiran nuestro régimen constitucional y de la búsqueda de consensos políticos estables que logren la unidad, se alejen de la confrontación y representen, en última instancia, a la gran mayoría de la nación española”.
Esta asociación, creada en 1985, aglutina a los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Agrupa al 70% del colectivo.
El artículo 5 de sus estatutos contempla como una de sus funciones “colaborar con la Administración a efectos de determinar las más adecuadas condiciones para la prestación de sus servicios y en la elaboración de las disposiciones que les afecten, a través de su participación en las tareas de los órganos correspondientes”.
Lleva dos décadas realizando análisis y propuestas de reforma sobre el sistema fiscal.
