La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), creada en 1975, enfrenta una de las mayores crisis de su historia.
Las aseguradoras privadas Adeslas, Asisa y DKV han rechazado el nuevo concierto sanitario propuesto por el Gobierno. Alegan que el aumento del 17,12% en la prima anual ofrecido por el Ejecutivo es insuficiente para compensar los crecientes costes del sistema.
Este rechazo pone en jaque la continuidad de un modelo que beneficia a 1,5 millones de funcionarios y a sus familias. Se les permite elegir entre recibir atención en la sanidad pública o en la privada. Según datos del Ministerio de Sanidad, el 67% de los mutualistas opta por la segunda opción.
El Gobierno habilitó esté miércoles unas consultas preliminares de mercado para que todas las aseguradoras privadas interesadas pudiesen trasladar el precio por el que prestarían asistencia sanitaria para 2025, 2026 y 2027. Para, posteriormente, con dicha información, elaborar una nueva licitación.
Según fuentes de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), la situación dentro del colectivo es de preocupación. Es «un sistema que permite recibir una asistencia y que funcionaba bien».
Comentan que «parece ser que los estudios que hay hechos sobre la materia dicen que implica un menor coste para el Estado que si fuese asumido por la sanidad pública».
¿Vamos a saturar a todos los médicos?
Y, además del coste, se preguntan cómo se haría. Ya que trasladar a 1,5 millones de funcionarios al sistema público y a sus familias supondría un aumento en las listas de espera y en más retrasos. «¿Vamos a saturar a todos los médicos?».
«No se puede desmantelar de la noche a la mañana un sistema jugando con la salud de las personas y los derechos de unos trabajadores». Por lo que insisten en la importancia de buscar alternativas razonables con un estudio técnico solvente.
Desde la Asociación apuntan a que detrás no hay números, sino personas que están recibiendo tratamiento por enfermedades graves. De modo que «cortar» ese tratamiento para iniciar el proceso en otro con nuevas pruebas generaría no sólo daños físicos, sino también psicológicos.
«Cuando tienes una enfermedad grave necesitas equilibrio, y eso te lo da tu médico habitual e incluso el sitio al que vas».
La Asociación, de acuerdo con la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA), resalta que esto «es una ocurrencia más» y que «lo que tienen que hacer Sanidad y función pública es ponerse de acuerdo para arreglar el problema».
Preguntados por si entienden las críticas que están recibiendo los funcionarios afectados de los ciudadanos de a pie con respecto a este asunto sobre que «deberían irse a la sanidad pública como todos», señalan que creen que hay desconocimiento.
«Se suele mirar al funcionario con cierto recelo» pero «cuando le explicas la situación y su funcionamiento ya comienzan a comprender la situación».
Un descontento generalizado por MUFACE
El descontento es generalizado. Edmundo Bal, abogado del estado, se pronunció a principios de semana en Confilegal alegando que era una auténtica vergüenza que el Gobierno les dejase de lado.
Los policías nacionales también expresaron cierto malestar e incertidumbre. No obstante, el sindicato Unión Federal de Policía (UPF) quiso llamar a la calma.
En la misma línea se pronunció la Asociación de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos del Estado, los cuales comentaron a este digital que deben mentalizarse de que MUFACE se acabó pero que, para ello, deben tener un plan de contingencia.
¿Peligra MUGEJU e ISFAS?
Parece ser que MUFACE no es la única mutualidad que peligra. Ahora surgen complicaciones para los conciertos médicos que cubren a militares (ISFAS) -550.000 dependientes del Ministerio de Defensa- y jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia (MUGEJU), con 91.000 funcionarios aproximadamente.
Y es que, tal y como avanzó EFE el viernes, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales decidió suspender de forma cautelar dicha licitación que estaba en marcha para 2025 y 2026 y a la que habían acudido Adelas y Asisa.
Por lo que acuerda suspender, tras estimar el recurso presentado por la Asociación Unión Médica Profesional, el procedimiento de contratación hasta que se aclaren las alegaciones presentadas.
