La situación de MUFACE afecta a 1,5 millones de funcionarios, en su mayoría son docentes, policías o inspectores.
Malestar entre las filas de la Policía Nacional por el posible fin de MUFACE mientras un sindicato pide calma
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20/11/2024 00:45
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Actualizado: 20/11/2024 00:30
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La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) enfrenta una crisis sin precedentes que podría marcar su final. Adeslas, Asisa y DKV han rechazado el concierto sanitario propuesto por el Gobierno, con un aumento de la prima anual del 17,12%, al considerar que es insuficiente.
Ante esta situación, el Gobierno se plantea integrar a 1,5 millones de funcionarios y a sus familias a la sanidad pública. En su mayoría son docentes, policías o inspectores.
Un informe del Ministerio de Sanidad calificó tal organismo de «insostenible» por lo que propuso acabar con el modelo de MUFACE en 9 meses. Fue creada en 1975 y se financia mediante conciertos públicos con aseguradoras privadas.
Permite que los empleados públicos elijan entre recibir asistencia médica a través de la sanidad pública o a través de las citadas aseguradoras. Según el ministerio liderado por Mónica García el 67% de los mutualistas opta por la segunda opción. Pero, ¿cómo están viendo esta situación dentro de la Policía Nacional?
Álvaro Fernández, secretario de la Organización del Comité Regional de Madrid del sindicato Unión Federal de Policía (UPF), quiere transmitir un mensaje de tranquilidad. Según explica, son el único sindicato de Policía Nacional que está en la mesa de negociación, es decir, que va al Consejo General de MUFACE.
Y aunque los sindicatos no tienen capacidad de negociación directa con MUFACE porque es competencia de UGT, CCOO o CSIF, hace años llegaron a un acuerdo con UGT para poder estar de su mano en este sentido.
Detalla a Confilegal que en el último Consejo General, presidido por la secretaría de la función pública, les transmitió tranquilidad porque se va a llevar a cabo una nueva licitación para que las aseguradores puedan volver a presentarse. «Supuestamente se va a realizar un nuevo estudio económico para», entiende, «subir la prima».
Un contrato que se terminará el 31 de enero de 2025 si finalmente no se llega a un acuerdo. Pero si llegada la fecha no hay consenso, Fernández está convencido de que se activarán los mecanismos de la Ley de Función Pública para seguir con las mismas prestaciones de sanidad para todos los funcionarios.
Por otro lado, cree que el «ojo del huracán se está poniendo en la Administración» pero considera que «nos estamos equivocando porque el foco también debe estar puesto en las aseguradoras». Según los datos que maneja, éstas siguen teniendo beneficio. De modo que «también tienen que dar un paso para negociar y llegar a un acuerdo».
Expectación y «cabreo»
Sin embargo, esta tranquilidad que quiere transmitir Fernández no la tienen otros de sus compañeros. El subinspector Alfredo Perdiguero, portavoz de Alternativa Sindical de Policía (ASP), comenta que la situación que están viviendo es de expectación porque la contraoferta del Gobierno la ven ridícula.
«Hay un cabreo generalizado tremendo porque no entendemos la situación. La seguridad social ya está fastidiada como para encima aumentarla con 1,5 millones de funcionarios más».
Asimismo, comenta que se corre también el riesgo de que las bajas se extiendan por el retraso de las citas. «Una baja de 15 días a lo mejor se transforma en un mes», cuenta. Tampoco quiere dejar pasar por alto que MUFACE lo pagan. En su caso, todos los meses 40 euros.
Además, detalla que esa baja se tiene que presentar los tres primeros días, por lo que se pregunta: «¿te van a meter un expediente por no presentarla en tiempo y forma?».
«Todo esto crea gran incertidumbre porque hay compañeros que tienen familias con una salud más delicada, se les mete en el mogollón con todo el mundo y no saben si van a poder seguir con el tratamiento o cuándo serán asistidos», lo que provoca tensión. «Al final salimos perjudicados los mismos de siempre».
Las familias, también afectadas
Eliud Vega, presidente del Movimiento Reacciona por la Equiparación Real, explica que lo que ve, a nivel general, es que este asunto ya se estaba abordando desde hace 3 años buscando «el perjuicio del servicio». Lo que responde, a su parecer, a un desgaste continuo. Un sistema que lleva 45 años instaurado y que «a nadie perjudica y beneficia no sólo a los funcionarios, sino a las familias, lo que supone una media de 4 millones de personas».
Cuenta que conoce de primera mano casos de menores que sufren cáncer y que esta situación les puede fragmentar su atención médica. «La ministra de Sanidad atiende más a una ideología que lo que realmente es la sanidad».
Por otro lado, ha querido matizar que al Estado realmente no le es más costoso tener a 1,5 millones de mutualistas frente a lo que le costaría al sistema de la Seguridad Social catalogado en 1.608 euros respecto a los 968 de MUFACE. De modo que creen que lo que está ocurriendo es una confrontación política, y lo que se está hablando es de cuestiones médicas.
«Vemos incapacitada a la actual dirección de Sanidad por imponer sus ideas políticas en cuestiones que son vitales porque la Constitución dice que todos tenemos derecho a la salud». A lo que añade que «lo que le queda por incluir al Gobierno son 200 millones más», algo que ve «calderilla» y que para un ciudadano de a pie sería como tener 5 euros en el bolsillo.
Por último, Daniel López, vicepresidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP) explica que también lo están viviendo con incertidumbre pero que tienen cierta tranquilidad porque no deja de ser «un órdago o un pulso con las aseguradoras».
Pero cree que estas empresas «no van a dejar escapar a un colectivo tan grande de mutualistas» porque, si no, «tiene serias dudas de que puedan conseguir una póliza por 50 euros al mes».
Cree que lo que tendrían que hacer es, si finalmente se rompe MUFACE, sentarse a negociar con las aseguradoras todos los sindicatos juntos que quieren seguir con pólizas privadas para que puedan ser «más beneficiosas». «Hay que ir en unidad de acción». También explica que se habla de una especia de «copago» dentro de MUFACE.
Y si MUFACE muere, «será por el paso de los años, no porque llegue ningún Gobierno y lo cierre. «Existe la posibilidad de pasarse a la Seguridad Social, pero los que llevamos unos años en MUFACE cotizando en clases pasivas no nos apetece».
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