Fausto Suárez Álvarez, letrado de 69 años con despacho en pleno centro de Oviedo, fue ayer por la mañana víctima de un ataque que ha sacudido a la abogacía asturiana.
Alguien entró en su oficina y le clavó un cuchillo en el pecho. Nadie lo supo hasta que el abogado no apareció en la sala donde tenía que actuar esa misma mañana.
La ausencia levantó las alarmas. Cuando un letrado no se presenta a un juicio sin previo aviso, algo no cuadra.
Los agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta su despacho y encontraron lo que nadie quería encontrar: Suárez en el suelo, con una herida por arma blanca en el tórax.
Las ambulancias lo trasladaron de urgencia al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde ingresó en estado grave.
Un juicio por 600 kilos de cocaína, en el aire
Suárez no llevaba un caso menor. Ejercía la defensa de una de las acusadas en uno de los macroprocesos penales más relevantes que se están ventilando en Asturias en estos momentos: el desmantelamiento de una presunta red de narcotráfico responsable de introducir en la región un alijo de aproximadamente 600 kilos de cocaína.
El tipo de causa que no pasa inadvertida en los juzgados, ni en las calles.
El juicio por el caso «El Matador» estaba previsto que continuara precisamente esa mañana. El ataque lo truncó, al menos en parte.
La vista oral tuvo que ser suspendida en lo que respecta a la acusada que defendía el letrado herido, aunque el tribunal decidió proseguir con el resto de los procesados. La maquinaria judicial, acostumbrada a los imprevistos, siguió rodando. Pero la conmoción era visible.
Sin detenidos, sin móvil confirmado
La Policía Nacional mantiene abierta la investigación. Las primeras horas son siempre cruciales en este tipo de casos: los rastros están frescos, los testigos recuerdan, las cámaras aún guardan imágenes.
Los agentes trabajan para reconstruir qué ocurrió exactamente en ese despacho y quién o quiénes pudieron estar detrás del ataque.
De momento, no hay ningún detenido. El móvil tampoco ha sido establecido oficialmente. Los investigadores no descartan ninguna línea de investigación, y eso incluye la posibilidad de que el origen del ataque tenga relación directa con la actividad profesional de la víctima.
En causas como la que llevaba Suárez —con grandes sumas de dinero, redes organizadas y años de prisión en juego— nada es descartable.
El episodio ha abierto una herida en el colectivo de la abogacía que va más allá de la conmoción inicial. Defender a un acusado en un proceso penal, sea cual sea el delito que se le imputa, es un derecho fundamental garantizado por la Constitución. Es, también, una de las piezas esenciales sobre las que se sostiene el Estado de derecho. Sin defensa efectiva, no hay juicio justo. Sin juicio justo, no hay justicia.
