El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, propone desmantelar el modelo Muface y transferir a 1.5 millones de funcionarios, mayoritariamente docentes, al sistema público de salud. Este cambio se plantea tras el fracaso en atraer ofertas de aseguradoras para el nuevo concierto.
Las compañías ASISA, Adeslas y DKV, ante la insuficiente financiación ofrecida por el Gobierno, que proponía un aumento del 17% frente a su demanda del 40%, han declinado participar.
La financiación
Sanidad sugiere una prórroga de nueve meses del actual acuerdo y una transición gradual de los mutualistas al sistema nacional, distribuyendo los 2.681 millones de euros destinados actualmente a las aseguradoras entre las comunidades autónomas.
Un dinero que tendrían que invertir con carácter finalista en los servicios autonómicos sanitarios durante los tres primeros años.
Y además el informe de Sanidad establece una condición clave: un compromiso de lista de espera cero de tal manera que las operaciones previstas de Muface las realicen las aseguradoras en los 4 primeros meses de la prórroga.
Estas deberían emplear esos fondos específicamente en la sanidad autonómica durante los primeros tres años, con el objetivo de no generar listas de espera.
Este plan también responde al envejecimiento de la población mutualista y a la creciente preferencia por la asistencia pública, evidenciada por el aumento del 75% en el número de funcionarios que optan por ella en los últimos doce años.
Asegura que Madrid, Andalucía, Extremadura y Castilla y León son las comunidades autónomas que más pacientes mayores de 65 años tendrían que asumir. El de Madrid, apunta el informe, es un caso de mención especial porque paradójicamente es la comunidad con la población más joven.
Considera insostenible el modelo Muface
Además, el informe de Sanidad critica a las aseguradoras por seleccionar a los pacientes menos costosos y por no enfrentar el incremento de costes y riesgos derivados del envejecimiento de los mutualistas, lo que eventualmente ha llevado al ministerio a considerar insostenible el mantenimiento del modelo actual.
Según Sanidad, la alternativa continuista de aumentar la oferta económica del Gobierno a las aseguradoras sería insuficiente porque las empresas demandan un incremento del 40%.
Dice que sería también insostenible porque no hace frente a la dinámica de largo recorrido del envejecimiento de los mutualistas de Muface e inequitativa por incrementos porcentuales serían impensable en el ámbito de la provisión pública directa.
Y en este sentido, cita la existencia más que evidente de prácticas de selección de riesgos de las aseguradoras privadas supone una asunción de riegos y costes para el SNS que deberían asumir las aseguradoras privadas.
