Pero para Bal no hay duda que esta situación de MUFACE parte de un concepto "absolutamente sectario, político y demagógico del Gobierno de España.
El abogado del Estado Edmundo Bal sobre MUFACE: «es una auténtica vergüenza que el Gobierno nos deje de lado»
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19/11/2024 00:45
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Actualizado: 18/11/2024 21:55
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El concierto de Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) ha quedado desierto. Las aseguradoras que hasta ahora prestaban este servicio, Adeslas, ASISA y DKV, han optado por no presentarse al nuevo convenio vigente para 2025-2026 ante la insuficiente financiación ofrecida por el Gobierno.
Ayer, el Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, propuso desmantelar el modelo MUFACE y transferir a 1,5 millones de funcionarios, mayoritariamente docentes, al sistema público de salud. Este cambio se plantea tras el fracaso en atraer ofertas de aseguradoras para el nuevo concierto.
Sanidad sugiere una prórroga de nueve meses del actual acuerdo y una transición gradual de los mutualistas al sistema nacional, distribuyendo los 2.681 millones de euros destinados actualmente a las aseguradoras entre las comunidades autónomas.
Una situación que también afecta a los abogados del estado porque ellos, a diferencia de jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia, sí tienen MUFACE y no Mutualidad General Judicial (Mugeju).
Para el abogado del Estado, Edmundo Bal, es una auténtica vergüenza ver cómo el Gobierno les deja de lado en este asunto de la prestación sanitaria. Pues explica que, para los que viven en Madrid, como es su caso, la seguridad social es «una verdadera bazofia gracias a nuestra querida Isabel Díaz Ayuso«. Considera que les va a dejar «completamente desasistidos».
Por otro lado, resalta que lo que se está haciendo es, unilateralmente, privarles o expropiarles una retribución en especie porque todos los meses les quitan de la nómina por MUFACE alrededor de 50 euros.
Preocupación entre los funcionarios por Muface
Bal reconoce que la gente está muy preocupada porque el Gobierno está negociando en el último momento. Ello teniendo en cuenta que, parece ser, que se van a quedar sin sanidad el 1 de enero de 2025. Además, en su caso, está pendiente de ser operado y aunque está intentando intervenirse «a toda pastilla», se pregunta quién le va a hacer luego las curas.
«Estamos todos abocados a contratarnos un seguro privado por nuestra cuenta. Pero otra de las cuestiones es, si en ese seguro privado al que tendremos que marcharnos pagándonoslo de nuestro dinero, nos van a hacer una declaración de enfermedades previas o se nos van a incluir las que ya teníamos porque somos todos mayores. Nos van a dejar en la estacada«.
¿El gobierno de España quiere para los funcionarios una sanidad como la norteamericana, la del seguro privado, de verdad?», se pregunta.
Conoce bien el sistemas de las aseguradoras porque es hijo de funcionario. Y, a su juicio, ha ido cada vez peor porque la calidad ha disminuido y ponen «todo tipo de trabas para autorizar pruebas».
Un concepto sectario, político y demagógico
Pero para Bal no hay duda que esta situación parte de un concepto «absolutamente sectario, político y demagógico del Gobierno de España. Esto lleva intentando hacerlo Yolanda Díaz años toda la legislatura».
«Si no es por estos miserables 105 millones de euros, que es lo que hace falta para atender a la sanidad de 1,5 millones de funcionarios, por lo menos que negocien con las aseguradoras un seguro colectivo en el que nos podamos voluntariamente incorporar por un precio razonable con la misma cobertura que tenía anteriormente».
Asimismo, explica que la Asociación de Abogados del Estado, dentro de FEDECA, que es la Federación de Sindicatos y Asociaciones de Funcionarios del Grupo A1, se está planteando dirigirse como interlocutor «ante la inoperancia y la ineficiencia de este Gobierno directamente a las aseguradoras para negociar ese seguro colectivo».
Por otro lado, Bal quiso recordar que los funcionarios sólo disponen de dos privilegios con respecto a los trabajadores por cuenta ajena. El de la prestación sanitaria y la jubilación anticipada, donde si tienes 30 años cotizados, una vez superes los 60, puedes jubilarte con el 100% de la pensión sin que te apliquen los coeficientes reductores.
«En todo lo demás somos perjudicados, a mi madre le quedó una pensión ridícula cuando se quedó viuda en comparación con lo que hubiera cobrado si hubiese trabajado por cuenta ajena», detalla.
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