El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha presentado un incidente de nulidad contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de revelación de secretos, al considerar que su actuación se enmarcó en la defensa de la “credibilidad” de la Fiscalía frente a “ataques” que, a su juicio, comprometían directamente a la institución.
La Abogacía del Estado, que ejerció su defensa en el procedimiento, solicita que se declare la nulidad de la sentencia que le impuso dos años de inhabilitación. El alto tribunal le consideró partícipe de la filtración de datos personales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En el incidente de nulidad, García Ortiz interesa que se anule la resolución condenatoria por vulneración de derechos fundamentales y que se retrotraigan “las actuaciones al momento procesal oportuno”.
El escrito sostiene que la actuación del entonces fiscal general debe analizarse desde la perspectiva de la libertad de expresión en su dimensión institucional. “La libertad de expresión en su sentido institucional, precisamente por su función democrática, ha de ser amplia, incluso para admitir errores, excesos o decisiones discutibles, sin que ello pueda traducirse en la criminalización penal de una actuación adoptada para defender a la institución frente a ataques que comprometían directamente su credibilidad y su independencia”, afirma.
García Ortiz niega que fuese suficiente «un comunicado más impreciso»
La defensa rechaza el planteamiento de que el fiscal general debiera haberse limitado a un comunicado más impreciso. A su juicio, sostener que “debió optar por un desmentido más genérico o atenuado equivale a exigirle que discurriera por la ambigüedad deliberadamente creada por quienes precisamente le imputaban un delito de prevaricación, y a convertir en parámetro penal una crítica ‘a posteriori’ sobre cómo debería haberse gestionado la comunicación institucional”.
Asimismo, el escrito denuncia que la condena implica, en la práctica, “un secuestro y acallamiento de la posibilidad misma de que la Fiscalía y su máximo dirigente emitan comunicados o desmentidos institucionales cuando la institución se ve gravemente atacada”.
Según la Abogacía del Estado, esta interpretación vaciaría de contenido la función constitucional de la Fiscalía en materia de información y defensa de la legalidad ante la ciudadanía, además de generar “un efecto amedrantamiento evidente” sobre el ejercicio de dichas funciones.
El incidente de nulidad se articula, así, como el último intento de la defensa para revertir una condena que, a su entender, penaliza una actuación institucional adoptada en un contexto de confrontación pública y cuestionamiento directo de la actuación del Ministerio Fiscal.
