El Tribunal Supremo ha abierto juicio oral contra Álvaro García Ortiz, por sus presuntas filtraciones acerca del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Caso en el que se le acusa de haber de «aprovechado» su cargo público para obtener informaciones de González Amador, y hacerlas públicas. Aprovechamiento del cargo que, como fiscal general del Estado, también está llevando a cabo en su paso por los tribunales.
Presunta revelación de secretos. Este es el delito por el que el magistrado instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, dictaba recientemente auto de apertura de juicio oral contra García Ortiz. Una decisión que, al final, ha estado acompañada de la imposición de una fianza de 150.000 euros que después redujo a 75.000 euros.
Un caso en el que, desde su cargo como fiscal general del Estado (FGE), García Ortiz presuntamente habría obtenido información relevante sobre la investigación fiscal a González Amador. Una información que, supuestamente, «personalmente» coordinó para que fuese filtrada.
«Él abusó del puesto que estaba desempeñando para obtener la información, con la intención de beneficiarse políticamente», explica a Confilegal Emilia Zaballos, socia directora de la firma Zaballos Abogados.
Un «abuso» de su cargo actual, como FGE, que para la abogada no se habría limitado únicamente a la obtención de esta información. Y es que ahora, ante el Tribunal Supremo, y encarando su juicio oral, esta situación sigue produciéndose.
Ello, debido a que García Ortiz se encuentra representado por la Abogacía del Estado. Y, ostentando aún el cargo de FGE, sigue siendo el superior de la fiscal que debe actuar como acusación.
«Se podría hablar de malversación», según Zaballos
«Está abusando del cargo a todos los niveles», lamenta Emilia Zaballos. Ello, en primer lugar, debido al uso de la Abogacía del Estado como su representación a título personal.
«Él no puede utilizar un abogado que pagamos todos los españoles para defenderse de algo que ha cometido como persona física, individual y personal», critica la abogada.
Y es que, para Zaballos, este uso produce una auténtica incompatibilidad entre García Ortiz, y el FGE como jefe del Ministerio Fiscal. «Él no debe servirse de la institución. Y la institución no tendría que haber aceptado llevar esa defensa».
«Se está ahorrando los honorarios de un abogado particular. Y además, la abogacía del Estado está actuando como la Abogacía del Gobierno. No está siendo profesional. Sánchez ya lo hizo anteriormente», critica, por su parte, el abogado penalista Luis Romero.
Una situación ante la que, además, destaca el letrado que este aprovechamiento de recursos del Estado, «podría incluso llevar a hablar de malversación de caudales públicos. Al igual que el propio Sánchez, para querellarse contra el juez Peinado por el caso de su mujer».
Aprovechamiento del cargo que, para ambos abogados, también se produce, por tercera vez, en el hecho de que García Ortiz es el superior jerárquico de la fiscal que debe actuar como acusación en su caso.
«Psicológicamente, hay una relación de dependencia. Abusa de su status para encontrarse con un comportamiento de la Fiscalía más laxo«, valora Zaballos. «Es un peligro», coincide Romero.
Un aprovechamiento indebido de García Ortiz de su cargo como jefe del Ministerio Fiscal que, para ambos abogados, sólo puede tener una salida. «Tendría que haber dimitido. Desde el momento uno».
