Mientras que la Fiscalía y la defensa del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, han insistido en que no se ha producido ninguna vulneración de secretos, y que el FGE es «impune» porque ya se conocía la información, las acusaciones del caso han insistido en sus posiciones. Una sexta y última sesión del juicio en el Tribunal Supremo en el que el caso ha quedado visto para sentencia.
Este jueves se ha celebrado la última de las sesiones del juicio contra Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. Una sesión que comenzaba a las 10 de la mañana, y que ha dejado el caso ya visto para sentencia en el alto tribunal.
Últimas horas del proceso judicial contra el Fiscal General del Estado en las que, sin embargo, no ha habido sorpresas. Y es que todas las partes, tal y como ha podido saber Confilegal, se han mantenido en sus defensas y acusaciones, tal y como hicieran durante los anteriores días del juicio.
Las acusaciones mantienen su papel
Así pues, la acusación particular que ejerce Alberto González Amador, representado por el abogado Gabriel Rodríguez Ramos, ha mantenido su afirmación de que la filtración de los datos en su contra le impuso «una sentencia popular«. Y le convirtió «en una moneda política», al ser pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Unas palabras en las que el abogado ha asegurado que la conducta de García Ortiz estaba alineada «de forma plena» con el PSOE y el Gobierno. Unas actuaciones del FGE que no deben quedar en nada, pese a las publicaciones de la prensa.
«Los medios que usan los políticos para la revelación no valen para el Ministerio Fiscal, (…) que tiene el deber de reserva y sigilo (…) Seguramente ese fue el error del acusado», ha aseverado.
Por su parte, Ignacio de Luis, que ha representado al ICAM, ha asegurado que la declaración realizada ayer por el FGE, en la que destacaba que «la verdad no se filtra, se defiende», es una frase «que le incrimina más». Igualmente, desde el ICAM se ha querido hacer hincapié en que su papel en este caso está centrado en la defensa del «sacro» secreto profesional.
Juan Antonio Frago, abogado de la APIF, ha solicitado al alto tribunal la condena de García Ortiz. Ello, destacando que el borrado realizado de los mensajes del FGE deben tenerse en cuenta como prueba de cargo. Ello, llegando a comparar el caso con el de José Bretón. A su vez, saliendo en defensa del papel de Almudena Lastra. Fiscal que, para la APIF, se ha jugado «su futuro profesional por decir la verdad».
Tanto Manos Limpias como Fundación Foro Libertad y Alternativa, por último, también han resaltado la falta de credibilidad de los periodistas que han testificado. También la del FGE. Ello, afirmando ambos que la única «explicación razonable» era la filtración por parte de García Ortiz.
La defensa de García Ortiz y la Fiscalía
Unas acusaciones ante las que han reaccionado tanto la defensa de García Ortiz, como la Fiscalía.
«El fiscal general del Estado es inocente», ha fijado el abogado del Estado José Ignacio Ocio, en su informe final. Momento en el que ha justificado el comportamiento de García Ortiz la noche de autos ante la «gravedad» de las acusaciones lanzadas en dicha información contra la Fiscalía.
Alegaciones finales en las que la defensa del FGE ha asegurado, igualmente, que «cuando el titular de un secreto hace partícipes a terceros de ese secreto, éste pierde su carácter reservado»», ha alegado, para remachar que los «actos propios» son «un elemento delimitador» de «cuándo un secreto pierde ese carácter».
Declaraciones en las que, igualmente, la defensa del fiscal general ha negado rotundamente que el FGE haya recibido «ni una sola instrucción por parte de Presidencia del Gobierno».
Por su parte, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha defendido, al igual que la Abogacía del Estado, que la publicación de García Ortiz no puede ser considerada una revelación de secretos. Ello, por las publicaciones realizadas por la prensa.
«Aún en la hipótesis de que el fiscal general del Estado hubiera filtrado el correo cuando lo tuvo en su poder, en ese momento era impune porque la noticia ya era conocida por muchos medios y está acreditado en la causa», ha sostenido.
Las peticiones de las acusaciones: hasta seis años de prisión
La acusación particular, ejercida por González Amador solicita 4 años de prisión, 3 años de suspensión de empleo y sueldo, inhabilitación, una multa de 108.000 euros. También una indemnización de 300.000 euros por daños morales.
A esta acusación se suman seis acusaciones populares.
La APIF, por su parte, reclama la condena más dura: 6 años de prisión y 12 de inhabilitación, ampliando la acusación a prevaricación. La máxima solicitud que se realiza.
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) pide 4 años de prisión, 3 de suspensión, inhabilitación y una multa de 81.000 euros. Manos Limpias solicita la misma pena de cárcel y suspensión, además de una multa de 216.000 euros.
Por su parte, la acusación popular unificada integrada por la Fundación Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír reclama 4 años de prisión, 3 años de suspensión e inhabilitación por revelación de secretos y prevaricación.
