La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), que da cobertura sanitaria a 1,5 millones de funcionarios y a sus familias, peligra más que nunca en el segundo intento de llegar a un acuerdo. Dos de las tres aseguradoras ya han abandonado el concurso pese al incremento ofrecido por el Gobierno del 33,5% de la prima.
Ayer, DKV comunicó su decisión de no participar en el próximo concierto. Explicó que, de continuar, tendría unas pérdidas económicas de más de 70 millones de euros.
No obstante, comunicó que estaba abierta a seguir en MUFACE Internacional un año más. El consejero delegado de DKV, Fernando Campos, señaló que no podían continuar con estas condiciones ya que «repercutirían en un empeoramiento de la atención a los mutualistas» y, también persistiría la «retribución insuficiente de los profesionales sanitarios».
Con esta decisión, la aseguradora siguió la línea de SegurCaixa Adeslas, la mayor compañía de seguros médicos de España. Compañía que comunicó hace dos semanas que tampoco iba a presentarse porque las condiciones del nuevo concierto le generarían unas pérdidas de 250 millones de euros para el periodo 2025-2027, casi las mismas que ha registrado ente 2022 y 2024. Adeslas consideró que el modelo de MUFACE era económicamente insostenible tras años siendo deficitario.
Sólo queda Asisa
La renuncia de ambas aseguradoras ha dejado a Asisa como la única aseguradora posible de salvar MUFACE, la cual tiene hasta el 15 de enero para decidir si se presenta o no. Si no lo hace, el Ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López Águeda, tiene la posibilidad o de presentar una tercera licitación o asumir que será el Sistema Nacional de Salud la que se haga cargo de los funcionarios.
Tras la marcha de DKV, Miguel Borrás, presidente de CISF, exigió ayer al Gobierno aportar una solución. «No vemos ni voluntad política ni certezas a menos de una semana de que concluya el plazo de la licitación». Asimismo, destacó la importancia de sentarse en una mesa para hablar con seriedad, analizar la situación y dar soluciones.
«El Gobierno y el ministro están realizando una dejación de funciones y están demostrando una absoluta falta de respeto a los trabajadores públicos con su silencio y falta de transparencia», comentó.
Por lo que desde CSIF van a asesorar a sus mutualistas para emprender las acciones judiciales que sean necesarias teniendo en cuenta que clínicas y hospitales están negando consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas «pese a la orden de continuidad asistencial decretada por el Gobierno». Además, no descartan más paros y huelgas.
Los funcionarios, muy preocupados con MUFACE
Los funcionarios están muy preocupados ante esta situación. Ana Ercoreca, presidenta de la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA), que reúne a 45 organizaciones de trabajadores públicos en el escalafón más alto de la Administración ha comentado que, además, las palabras del ministro en Espejo Público les ha causado intranquilidad.
El ministro llamó a la calma porque el Gobierno estaba haciendo un esfuerzo «sin precedentes» con la subida del 33%, que suponía mil millones de euros adicionales. «Estamos hablando de un convenio que va a pasar a cuatro mil quinientos millones de euros en tres años», por lo que esperaba que hubiese un concierto.
Por último, el ministro López dijo ante Susana Griso que, una vez que se firmase ese convenio, era el momento adecuado para hacer una reflexión con MUFACE al estar hablando de un modelo «muy antiguo con ciertas imperfecciones que se pueden mejorar».
Unas palabras que, más que tranquilos, les ha dejado preocupados al no haber dado certezas sobre el futuro de MUFACE. Además, Ercoreca explica que, con la salida de DKV, se deja en el aire la sanidad de los funcionarios que se encuentran prestando servicio en el extranjero. Pues, aunque esta aseguradora no descarta estar en MUFACE Internacional un año más, FEDECA lo ve insuficiente.
Reunión con el ministro
Ellos «no tienen opción de sanidad pública», relata la presidenta. Están a la espera de que les concedan la reunión que llevan pidiendo desde octubre con el ministro y la dirección general de MUFACE.
Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, que se encuentra inmersa en FEDECA está, al igual que su compañera Ercoreca, a la espera de que el ministro les reciba. «No es admisible que se deje sin cobertura sanitaria a más de un millón y medio de personas; estamos muy preocupados».
Por último, el subinspector de Policía Nacional y Portavoz de Alternativa Sindical, Alfredo Perdiguero, ha comentado que ahora le toca «mover ficha al Gobierno porque» la cosa está fastidiada. Y ha recordado que el coste sanitario por mutualista es de 1.013 euros anuales frente a los 1.736 que supone un paciente para la sanidad pública, según un informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad.
