De izquierda a derecha: Ana Ercoreca, presidenta de FEDECA; Edmundo Bal, Abogado del Estado; Ana de la Herrán, Inspectora de Hacienda del Estado; Mario Garcés, interventor y Auditor del Estado y Rafael Santiago Larriba, presidente de COSITAL. Foto: Confilegal
FEDECA denuncia que no hay motivos económicos, sanitarios ni jurídicos para acabar con MUFACE
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09/12/2024 14:30
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Actualizado: 09/12/2024 16:04
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La situación de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) con DKV, Adelas y Asisa sigue dando de qué hablar. Sobre todo, teniendo en cuenta que el tiempo corre y tan sólo quedan tres semanas para que acabe el año.
Hay que recordar que estas aseguradoras rechazaron el nuevo concierto sanitario propuesto por el Gobierno al considerar que el aumento del 17,2% en la prima anual ofrecida era insuficiente para compensar los crecientes costes del sistema.
Ante esta situación, el Ejecutivo habilitó unas consultas preliminares de mercado para que las aseguradoras les trasladasen el precio por el que prestarían asistencia sanitaria para 2025, 2026 y 2027. Tras haberse cerrado esa consulta, parece ser que Ejecutivo está preparando una nueva licitación.
Y es que, el fin de Muface pondría en jaque la continuidad de un modelo que beneficia a 1,5 millones de funcionarios y a sus familias. Hay que recordar que se creó el 20 de julio de 1975.
Este asunto lo han tratado esta mañana miembros de la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA), la cual reúne a 45 organizaciones de trabajadores públicos en el escalafón más alto de la Administración.
Un evento que ha tenido lugar en la sede del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), situada a escasos 200 metros de la Puerta del Sol.
El gasto per cápita de Muface, inferior al que cuesta el sistema nacional sanitario
La presidenta de FEDECA, Ana Ercoreca ha sido muy clara. «Estamos a 10 de diciembre y el concurso de la cobertura sanitaria todavía no tiene solución. Y eso va a suponer que 1,5 millones de funcionarios se queden fuera de protección». Lo que va a provocar, tal y como ha señalado, un sobretensionado en comunidades como Castilla y León, Andalucía, Extremadura, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Para Ercoreca, no existen argumentos sociosanitarios, ni económicos ni jurídicos para acabar con Muface.
Desde el punto de vista sociosanitario, ha relatado que las listas de espera en la sanidad pública se han incrementado. Además, «el tiempo de espera supone 121 días» y ahora se van a incrementar a un 225%.
Por otro lado, ha recordado que ese millón y medio de funcionarios y sus familias van a dejar de estar protegidos y que, en algunas circunstancias, bien por edad, por alguna enfermedad o por circunstancias personales, aseguradoras privadas no les van a hacer contrato.
Y ahí, «no puede el Gobierno de España dejarles atrás» ni a ellos ni a los «8.000 funcionarios que prestan servicios en el extranjero».
En cuanto a que no supone ningún problema económico, Ercoreca ha señalado que el gasto per cápita de Muface es inferior al que cuesta el sistema nacional sanitario. Esta diferencia de 594 euros por mutualista se traduce en un ahorro total estimado de 600 millones de euros al año para el Estado.
Y por último, también ha destacado que no existen argumentos jurídicos, pues se ha improvisado y no se ha llevado a cabo con preparación. «Queremos que se negocie y que no sean oportunistas» porque «no se puede jugar con la salud de la gente en base a criterios políticos».
Funcionarios que cobran 1.000 euros
Edmundo Bal, Abogado del Estado, también ha participado en la mesa redonda. Ha comenzado su intervención recordando que, a raíz de la entrevista que le hizo Confilegal hace unas semanas, comenzaron a salir en X -antiguo Twitter- varios «odiadores» que les llamaban «malditos funcionarios, privilegiados, chusma, ricos y señoritos». Pero quiere desmontar ese mito.
Ha reconocido que a él le llaman rico porque es un A1, pero no quiso dejar pasar por alto que los funcionarios de grupos más bajos cobran mil euros netos al mes y ellos no van a poder pagarse un seguro médico privado.
Por lo que tendrán que enfrentarse a listas de espera en la sanidad pública donde se dan cita para especialistas de cara a un año. Y, aunque puedan pagárselo, muchas aseguradoras no les harán un contrato porque tienen enfermedades previas, ha señalado. Pide negociar una póliza colectiva para todos.
Sin embargo, ha resaltado que, si la gente quiere que sean iguales que los trabajadores por cuenta ajena, que lo sean en todos los sentidos, «no sólo para lo malo»
Como ejemplo, puso que en 2008, Rajoy y Zapatero les eliminaran una paga extra y les bajaron el sueldo un 7% y nadie salió a la calle por ellos. Al igual que ha recordado que ellos pagan las medicinas y las pensiones no se les calcula sobre la totalidad de lo percibido.
«Tendremos que salir a la calle a montar una manifestación porque esto no nos lo vamos a comer sin pelear».
Por su parte, Ana de la Harrán, que es presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, ha hablado de demagogia y de que parece que se trata de defender una serie de ideas como un mantra que no se corresponden con la realidad. Para ella, «lo obvio es, que si hace falta un cambio» se piense sobre todo que son ciudadanos con enfermedades y tratamientos médicos.
Críticas a Mónica García
En el debate también intervino Mario Garcés, interventor y auditor del Estado, ha cargado contra el Ministerio de Sanidad y su titular, Mónica García, por su «infumable» informe contra la asistencia sanitaria de Muface y su recomendación para que sus mutualistas pasen al sistema público, una idea, que según denuncian desde Fedeca, es fruto del «sectarismo» y de «la ideología pura» de una parte del Gobierno.
«¿Éste es un conflicto de raíz ideológica o de necesidad económica y presupuestaria? ¿O realmente han hecho un conflicto ideológico de un problema económico-presupuestario? ¿O realmente se han enfrentado nuevamente las dos almas del Gobierno? Por una parte, Función Pública busca una solución razonable y continuista y, de pronto, surge el fundamentalismo del Ministerio de Sanidad», ha criticado Garcés.
Garcés ha recordado que Muface se creó pocos meses antes de la muerte de Franco porque la seguridad social, ya por aquel entonces, estaba abarrotada. «Conciertos que se han mantenido hasta que Mónica García ha tomado la decisión de tomar un posicionamiento ideológico».
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