El sindicato CSIF ha denunciado este lunes ante la Fiscalía General del Estado cientos de casos de falta de asistencia médica a beneficiarios de Muface por parte de las aseguradoras que actualmente prestan el servicio, Adeslas, Asisa y DKV.
El objetivo es determinar posibles responsabilidades penales tanto de las compañías como de las personas físicas que pudieran ser autores o partícipes en los hechos denunciados.
El convenio sanitario que la mutualidad de funcionarios mantiene con estas tres aseguradoras expiró el pasado 31 de enero, pero ha sido prorrogado tres meses ante el retraso en la licitación del nuevo convenio para el periodo 2025-2027, para el que se pueden presentar ofertas hasta el próximo 4 de marzo.
El escrito presentado por CSIF recuerda que hemos recibido diariamente desde octubre centenares de quejas de mutualistas a quienes les han sido denegadas la realización de pruebas médicas, así como anulación de citas e intervenciones quirúrgicas, lo que está provocando problemas de salud mental y físico tanto en los mutualistas como en sus familias.
Denunciamos que “la injustificada negativa de las aseguradoras constituye un problema de salud pública por sí mismo” y por el número de personas afectadas (aproximadamente 1,5 millones entre mutualistas y beneficiarios).
El presidente de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha destacado la presión en «doble vía» que realiza la organización: contra el Gobierno estatal, a través de manifestaciones y huelgas, como la que hay convocada para este jueves; y contra las aseguradoras, con la denuncia ante la Fiscalía presentada este lunes por supuesta desatención a «cientos» de trabajadores públicos por toda España.
En este mismo sentido, el secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, ha explicado tras presentar la denuncia que el sindicato quiere que la justicia investigue las interrupciones que se han producido estos últimos meses en tratamientos médicos y citas médicas, y que se determinen las posibles responsabilidades penales, dado que «se ha estado jugando con la salud de más de un millón y medio de personas».
Lama ha explicado que estas quejas se llevan notificando desde octubre de 2024 y que la «injustificada negativa de las aseguradoras constituye un problema de salud pública».
Aunque las denuncias se dirigen contra las aseguradoras, Lama ha considerado que Muface es la «última responsable» de la situación, dado que tendría que garantizar que «los mutualistas reciben la prestación médica adecuada».
CSIF mantiene la huelga el 13 de febrero
CSIF confía en que el concurso se resuelva satisfactoriamente el 4 de marzo, pero cree que la situación «se ha prolongado en el tiempo de manera innecesaria», razón por la que de momento descarta desconvocar la huelga de este jueves 13 de febrero.
Al paro están convocados más de medio millón de funcionarios entre personal público docente (tanto universitario como no universitario), personal de los centros de la Administración General del Estado (ministerios, organismos y dependencias adscritas, organismos oficiales y delegaciones de Gobierno, entre otros) y personal funcionario de Correos.
La prórroga de la segunda licitación del convenio hasta 2027 incluye una mejora económica de 330 millones de euros, hasta un total de 4.808,5 millones de euros, lo que supone un aumento de la prima media por asegurado del 41,2 %.
Desde CSIF ha intensificado las últimas semanas la interlocución con Muface, las aseguradoras y los partidos políticos para promover un acuerdo, reclamando a unos y a otros responsabilidad ante una situación que pone en riesgo la atención sanitaria de 1,5 millones de personas.
Y recuerdan que gracias a las presiones de CSIF y a la interlocución con Gobierno y aseguradoras privadas, el ministerio ha presentado una nueva oferta económica, que están estudiando las compañías.
Y confían en que «se alcance pronto un acuerdo».
