Los funcionarios y funcionarias de Justicia no están para cargar carros ni trasladar documentación, y mucho menos para asumir funciones que no les corresponden ni están recogidas en la normativa vigente.
Así lo denuncia con rotundidad CSIF Justicia Madrid ante la situación que se está viviendo tras la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia vinculados a la Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia .
Desde el 1 de julio, catorce partidos judiciales de la Comunidad de Madrid —Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Leganés, Coslada, Colmenar Viejo, Collado Villalba, Majadahonda, Navalcarnero, Parla, San Lorenzo de El Escorial, Pozuelo de Alarcón y Torrelaguna— «están sufriendo graves trastornos debido al traslado de expedientes en papel a las nuevas sedes judiciales. Esta reorganización está derivando en una situación inaceptable: se está pretendiendo que sean los propios funcionarios quienes realicen el porteo del material», dice el sindicato. .
CSIF lo deja claro: esta tarea no forma parte de las funciones del personal de Justicia, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial ni en el Real Decreto 1451/2005 que regula su régimen funcionarial.
Su trabajo es tramitar procedimientos, no hacer de personal de mudanza.
«Los Letrados de la Administración de Justicia, que saben perfectamente que una orden de este tipo es, como mínimo, irregular, al no estar contemplada, no están dictando resoluciones motivadas para que no puedan ser recurridas. Las órdenes se están dando de manera verbal o por correo electrónico. Y no de forma directa, sino invitando a que sean los propios funcionarios los que, recurriendo a la solidaridad, se encarguen de esa función. Además, los Letrados saben muy bien que, si algún funcionario acaba lesionado, se podrán excusar argumentando que en ningún momento han dictado una resolución y que los funcionarios han hecho el porteo de manera voluntaria», añade CSIF Justicia Madrid.
Esta práctica, además de ser irregular, puede generar lesiones laborales. Y en caso de producirse, CSIF alerta de que no hay garantías de cobertura, ya que no existe una orden escrita que justifique la realización de esas tareas.
El sindicato se ha dirigido a la Dirección General de Infraestructuras y Medios Materiales de Justicia de la Comunidad de Madrid, que ha reconocido por escrito que el traslado de documentación corresponde a una empresa externa contratada específicamente para ello.
Sin embargo, esa empresa no está actuando en los centros afectados.
«Estamos, por tanto, ante un supuesto de contratación de una empresa que va a cobrar un servicio que encima no va a tener que hacer y, por otra parte, ante la obligación encubierta a los funcionarios para que realicen esta tarea», subraya CSIF.
El resultado es escandaloso: una empresa que cobra por un servicio que no presta, y unos funcionarios que están siendo forzados a asumirlo de forma encubierta.
«CSIF ha reiterado su denuncia ante las direcciones competentes y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, exigiendo el cumplimiento de la ley y la protección del personal. Si la situación no se revierte de inmediato, se pondrán los hechos en conocimiento del Comité de Seguridad y Salud y de la Inspección de Trabajo, además de valorar acciones legales por vulneración de derechos laborales», concluyen.
